En plena tormenta por el caso Koldo, y sin saber aún si José Luis Ábalos renunciara a su escaño en el Congreso, tal y como le exigió ayer la Ejecutiva del PSOE, el ministro Óscar Puente ha adoptado una postura proactiva frente al escándalo encargando una auditoría interna en el Ministerio de Transportes para esclarecer las posibles ramificaciones de la trama dentro de Adif y Puertos del Estado.

La investigación pretende averiguar si hubo funcionarios implicados en el cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19. 

De la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción se deduce que existe una "relación directa" entre Koldo García y algunos funcionarios y altos cargos del ministerio que participaron en dos de los expedientes cuestionados. Uno con Puertos del Estado, por valor de 24 millones de euros, y otro con Adif, por valor de 12 millones. 

El ministro Puente ha tomado la decisión correcta. Porque las responsabilidades políticas son independientes de las judiciales, y porque un elemental sentido de la ejemplaridad exige de nuestros representantes públicos el mayor celo posible en el control y la fiscalización de posibles actos delictivos.

Especialmente si estos se producen en el seno de las Administraciones públicas bajo su control.

El ejemplo de Óscar Puente, un ministro fuertemente cuestionado por su beligerancia pública y sus declaraciones extemporáneas contra la prensa y la oposición, pero que en este caso ha actuado con rigor y ejemplaridad, debería replicarse en otras administraciones y organismos bajo el control del PSOE.

Sobre todo, y como es evidente, en aquellos que han sido relacionados, aunque sea indirectamente, con la trama del caso Koldo. Es decir, el Ministerio del Interior y los gobiernos autonómicos balear y canario, pero también el Ministerio de Sanidad.

Esas auditorías deberían contar además con la cooperación de Ferraz, dado que José Luis Ábalos era secretario de Organización del PSOE en el momento de los hechos, y a la vista de los vínculos de Koldo García con Pedro Sánchez y con el actual secretario de Organización del partido, Santos Cerdán. 

Esa investigación debería centrarse en las hipotéticas responsabilidades penales de funcionarios y altos cargos, pero también en las políticas, que afectarían a aquellos que, sin participar activamente en la trama de los sobornos, cedieron o miraron para otro lado mientras esta se desarrollaba frente a sus ojos.

Porque, ¿quién puede creer que bastara con la autoridad de Koldo, un simple "asistente distinguido" de Ábalos, para la gestión y la concesión de contratos millonarios, aunque fuera en plena pandemia y con los criterios de contratación flexibilizados al máximo para facilitar la importación de material sanitario en un momento de fiera competencia entre administraciones y gobiernos internacionales?

Este diario lo ha repetido una y otra vez. En política no existen los vacíos. Si el PSOE no levanta sus alfombras, confiando en que el escándalo se apague con la hipotética renuncia de José Luis Ábalos, serán otros los que las levanten.

La Justicia, por supuesto. Pero también la prensa y la oposición.