A dos meses de los comicios autonómicos, ERC ha lanzado la primera de sus propuestas electorales. En realidad, una exigencia de financiación singular que le permitiría a la Generalitat desvincularse del régimen común, recaudar el 100% de los impuestos, ser dispensada de su contribución a la solidaridad interterritorial y conseguir la financiación necesaria para acometer la secesión con el suficiente colchón económico.

La propuesta de la Generalitat de Pere Aragonès es muy similar al concierto vasco. De acuerdo con su plan, la Generalitat recaudaría todos los impuestos en la región frente al 9% actual, lo que le permitiría al gobierno autonómico doblar los ingresos desde los 25.000 millones de euros actuales hasta los 52.000 millones previstos. 

A cambio, la Generalitat aceptaría pagar un cupo que, como en el caso vasco, serviría para financiar los servicios no transferidos, como la defensa o la política exterior.

A diferencia del caso vasco, la Generalitat propone además estipular un "fondo de reequilibrio" que serviría para socorrer a las comunidades autónomas más pobres. El gobierno autonómico catalán no ha especificado cómo se calcularía dicho "fondo de reequilibrio", aunque resulta fácil suponer que sería muy inferior a la aportación que le corresponde hoy en función del peso económico catalán. 

La propuesta llega una semana después de que el Gobierno accediera, en cumplimiento de su pacto con Junts, a publicar los datos en bruto que permiten calcular las polémicas balanzas fiscales. Balanzas a las que los expertos restan cualquier tipo de relevancia, pero que el independentismo considera que demostrarán la infrafinanciación que presuntamente sufre la comunidad autónoma catalana.

ERC y Junts calculan en aproximadamente 20.000 millones de euros el supuesto déficit fiscal catalán, aunque las cifras actualizadas no se conocerán hasta dentro de unos días, cuando los expertos del independentismo terminen de calcularlas. 

La propuesta de la Generalitat es inasumible. En primer lugar, por una cuestión de concepto. Los territorios no pagan impuestos, los pagan los ciudadanos. Y los catalanes lo hacen en la misma medida que los de cualquier otra autonomía española, salvo por lo que respecta, obviamente, a los impuestos autonómicos y municipales. 

En segundo lugar, porque la salida del régimen común de Cataluña, que supone aproximadamente el 20% del PIB español, dejaría a Madrid y Baleares como únicas contribuyentes netas del sistema y conduciría a la quiebra inmediata del resto de comunidades, que dependen de la solidaridad de las más ricas para financiar sus servicios. Y entre ellos, los esenciales: educación, sanidad y seguridad. 

En tercer lugar, por la previsible inconstitucionalidad de la medida. Aunque ese obstáculo, como se ha visto en el caso de la ley de amnistía, no parezca ser un obstáculo insalvable en la España de hoy. 

Cataluña, es cierto, ha visto como su economía se debilitaba durante la última década en beneficio de la Comunidad Madrileña, que llegó a la Transición como la quinta comunidad más rica de España y es hoy la primera.

Pero la evidencia de su caída económica, como ocurre también en el caso del País Vasco, no se puede desvincular de la apuesta mayoritaria de los ciudadanos catalanes por opciones nacionalistas cuya prioridad no ha sido el progreso y la estabilidad económica, sino el proceso de construcción nacional. A nadie por tanto cabe culpar de esa decadencia más que a la voluntad de los propios ciudadanos catalanes. 

Que Cataluña pretenda esquivar las consecuencias de sus propias decisiones desvinculándose de la solidaridad interterritorial sobre la base de argumentos que, de ser aplicados a los ciudadanos en vez de a los territorios, permitirían que los más ricos dejaran de pagar impuestos o los pagaran sólo para financiar aquellos servicios que les convengan, es económicamente inasumible, políticamente corrosivo y moralmente inaceptable.

Ningún partido no ya de izquierdas, sino democrático, debería aceptaría jamás una propuesta que destroza la solidaridad entre ciudadanos y permite que una comunidad privilegiada que se beneficia de un mercado común español, y cuyas prestaciones sociales, incluidas las pensiones de jubilación, están siendo pagadas con fondos comunes, privatice sus beneficios y redistribuya sus pérdidas a conveniencia.