Pedro Sánchez aseguró ayer martes durante su entrevista en la SER que es "responsabilidad del Gobierno" renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin llegar a ser un bulo, como la afirmación del presidente del Gobierno de que Feijóo pidió que Begoña Gómez "se quedara en casa sin trabajar", la afirmación de Sánchez sí es una tergiversación de lo estipulado en la Constitución para la renovación del CGPJ. 

Porque lo cierto es que no es responsabilidad del Gobierno renovar el CGPJ. 

La Carta Magna, en su artículo 122.3, atribuye al Congreso y al Senado, es decir, a los grupos parlamentarios, el nombramiento de ocho de los veinte miembros del CGPJ.

Los doce restantes deben ser nombrados "entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica".

Una frase que originalmente se interpretó como una atribución de la elección de esos doce miembros a los propios jueces. Pero que luego, tras la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, pasó a atribuirse también al Parlamento, de forma que los veinte vocales son escogidos hoy por el Congreso y el Senado. 

Esa interpretación ha erosionado la separación de poderes y ha evolucionado hacia el reparto entre PP y PSOE de los vocales del CGPJ.

Algo que ha provocado una y otra vez la petición, tanto desde la UE como desde el propio CGPJ, de que el Gobierno ponga fin al control político de los jueces y deje la elección de esos doce vocales en manos de los propios magistrados.

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Sánchez, por tanto, no sólo está perpetuando la idea de que les corresponde a los políticos elegir a los vocales del CGPJ (algo que sólo sería cierto en ocho de los veinte casos), sino induciendo la falsedad de que la iniciativa de esa elección le corresponde al Poder Ejecutivo y no al Poder Legislativo.

La negativa del PP a propiciar la renovación del CGPJ puede ser desde luego criticable. Pero tanto como lo es la negativa del PSOE a devolver a los jueces lo que la Constitución, de acuerdo con una interpretación recta de la misma, les atribuyó: la facultad de elegir a doce de sus veinte vocales. 

El PP ha ligado una y otra vez la renovación del CGPJ a la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para acabar con el control político del órgano de gobierno de los jueces.

Pero el PSOE se ha negado a aceptar esa propuesta, basándose en la tesis de que el Poder Judicial es un sector del Estado especialmente derechizado y que la única manera de equilibrar ese conservadurismo es sometiéndolo al control de los políticos.

La propuesta de EL ESPAÑOL siempre ha sido la misma. La de pactar la renovación del CGPJ y luego, de forma inmediata, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para devolver, como piden la UE, los jueces, la Constitución y el PP, la capacidad de elección de esos doce vocales a los propios magistrados.

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El hecho de que sean los partidos a la izquierda del PSOE los que estén presionando ahora a los socialistas para emprender una reforma de la ley en sentido contrario al constitucional, es decir, rebajando las minorías para que la elección de los vocales pueda prescindir del acuerdo del PP, introduce un nuevo elemento de inestabilidad institucional.

Porque si ya es malo que los políticos se hayan atribuido la potestad de elegir a los vocales del CGPJ, peor incluso sería que esos vocales fueran escogidos por una mayoría simple que haga innecesario lo que la Constitución promueve en todo su articulado: el necesario pacto entre las dos fuerzas mayoritarias del escenario político.

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Además, ERC, EH Bildu, Podemos y Sumar pretenden ligar a la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial la derogación de la Ley Mordaza para debilitar las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para luchar contra la criminalidad. 

Algo que bajo ningún concepto debería aceptar un partido "de gobierno" como el PSOE. Menos aún en los términos pretendidos por sus socios, que han visto en el "punto y aparte" prometido por Sánchez en su comparecencia del lunes por la mañana en la Moncloa la excusa para un cambio de régimen por la vía de los hechos consumados.

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Mención aparte merece el insistente señalamiento de los "digitales" por parte del presidente, que ayer martes reiteró en su entrevista de la SER. Sánchez acusó a las administraciones del PP de financiar esos medios de prensa con publicidad institucional, presuntamente con el objetivo de dañarle a él y a su Gobierno. 

La realidad es que es el Gobierno el que, a diferencia de algunas de las administraciones autonómicas señaladas por Sánchez, y entre ellas la de la Comunidad de Madrid, no permite que los ciudadanos sepan qué medios están siendo financiados con publicidad institucional por la Administración central, y con qué cantidades.

La transparencia bien entendida empieza, desde luego, por uno mismo. Así que este diario anima al Gobierno a hacer pública la información sobre esa financiación para que todos los ciudadanos sepan qué medios, y con qué cantidades, y en concepto de qué, están siendo ayudados por el Gobierno.

Porque eso sí serían buenas prácticas democráticas.