En la primera sesión de control al Gobierno tras su derrota en las elecciones del pasado domingo, Pedro Sánchez ha vuelto a hacer uso de su táctica habitual en este tipo de situaciones desfavorables: la huida hacia adelante.

Sería naif leer de otro modo el anuncio este miércoles de la aprobación de un "paquete de calidad democrática", poco más en realidad que una amenaza de recortar la publicidad institucional que reciben los medios críticos con el Gobierno, así como su ultimátum al PP para que renueve el CGPJ bajo la amenaza de revisar la facultad del órgano de gobierno de los jueces de nombrar magistrados.

Cada vez que Sánchez fracasa en las urnas, brota un presunto caso de corrupción en su entorno o encasquilla la legislatura, la reacción por defecto del presidente es siempre la misma. Sacarse de la chistera un nuevo conejo "ultraderechista".

En este caso, el del agitador Alvise, que Sánchez ha mencionado hasta ocho veces en un solo día con el objetivo evidente de auparle para dividir el voto de la derecha. 

El cortoplacismo que rige el estilo sanchista le obliga de forma periódica a tapar sus reveses con la apertura de nuevos frentes políticos. Es lo que hizo tras el descalabro del 28-M, al que respondió convocando elecciones generales anticipadas. Esa fue también la motivación de su primera Carta a la ciudadanía tras la apertura de la investigación a su esposa, y de la segunda, cuando Begoña Gómez fue llamada a declarar.

Sánchez amenazó ayer a la prensa y al Poder Judicial. El presidente respondió así a la derrota del domingo fingiendo iniciativa. Pero sus golpes de efecto, a fuerza de reciclaje, acaban perdiendo su capacidad de impacto y volviéndose previsibles.

Porque ¿qué regeneración pretende capitanear Pedro Sánchez, el presidente que ha colocado a sendos militantes socialistas en la presidencia del CIS y de RTVE?

El mismo que ha puesto al frente de la Fiscalía General del Estado a un jurista cuyo criterio jurídico coincide siempre con los intereses del Gobierno.

El mismo presidente que se niega a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan a los jueces, como piden Bruselas, el PP y el Poder Judicial.

¿Y por qué ese interés en "transponer" el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, que no necesita además esa transposición puesto que es aplicable directamente en España sin necesidad de ella, justo en el momento en que su Gobierno se encuentra manchado por varios casos de presunta corrupción?

Dice el presidente que su objetivo es "mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los medios". Pero no parece que haya otro objetivo en el horizonte que el debilitamiento del contrapoder mediático a través de una revisión de la publicidad institucional a fin de arrebatársela a las cabeceras críticas y otorgársela a las afines. 

Si el Gobierno pretende hacer más transparente el proceso de reparto de la publicidad institucional, que empiece publicitando los criterios con los que se otorga en la actualidad. Cualquier reforma debe, además, ir en la dirección del establecimiento de criterios objetivos para el reparto de esa publicidad, y no en la de la discrecionalidad a conveniencia del Gobierno, como parece pretender Sánchez.

Una pretensión análoga anima su intención de "revisar" la facultad del CGPJ de nombrar jueces. Y esa pretensión no es otra que la de zafarse del contrapeso de los tribunales con el pretexto de evitar "el secuestro de la Justicia".

Sánchez se ampara para ello en una tesis sostenida en la entrevista que concedió a La 1 este miércoles. La de que "todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados".

Su afirmación es obviamente falsa. En primer lugar, porque la soberanía nacional reside en el pueblo español, como dice de forma explícita la Constitución.

Y en segundo lugar, porque el Congreso de los Diputados es sólo una de las dos cámaras que forman el Poder Legislativo (la otra es el Senado). Siendo el Poder Legislativo, a su vez, sólo uno de los tres poderes que emanan de la soberanía nacional.

Esta aseveración es por tanto peor que falsa. Porque transparenta una deriva hacia un democratismo plebiscitario que concibe a una sola de las Cámaras como omnipotente, sin que ni siquiera el Poder Judicial pueda acotar su libérrima voluntad. Lo que está diciendo Sánchez es que una victoria en las elecciones le confiere al presidente del Gobierno un poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.

EL ESPAÑOL no puede más que advertir sobre la deriva que reflejan estas palabras.