Pedro Sánchez y Salvador Illa, en una imagen de archivo durante la campaña electoral catalana.
En un cierto sentido, Pedro Sánchez podrá vender que, con el triunfo del sí este viernes en la consulta a la militancia de ERC sobre el preacuerdo de investidura de Salvador Illa, recibe un aval para seguir adelante con la temeraria apuesta de la "financiación singular", que está incendiando a la izquierda.
Pero conviene calibrar en su justa medida la trascendencia del estrecho margen con el que se ha impuesto entre las bases republicanas la ratificación del acuerdo (53,5% de los votos frente al 44,8% del no).
Es insólito que, tratándose de un instrumento de refrendo cuasiprotocolario al que recurren los partidos para obtener la aclamación de los suyos, la votación se haya decantado por la mínima. Lo cual habla de la gran división que habita en el seno de ERC.
A corto plazo, el elevado nivel de rechazo a investir a Illa aumentará los incentivos para que al menos algún diputado de ERC se desmarque de la posición del partido en el debate en el Parlament, aunque los independentistas han descartado en conversación con EL ESPAÑOL la posibilidad de un tamayazo.
La otra gran implicación será la que se deje sentir sobre el programa de gobierno con el que se presente Illa a la elección. Porque su único apoyo será el de un partido cuya dirigencia ha estado a punto de perder su referéndum.
Esto hace más acuciante para el PSC la obligación de cumplir con el acuerdo de investidura. Y cabe recordar que, ante la enorme impopularidad de la concesión del cupo catalán, el PSOE se agarraba a que Sánchez podría incumplirlo una vez amarrado el apoyo de ERC, aduciendo las dificultades técnicas y políticas de la reforma del sistema de financiación autonómica. Pero ahora se redoblará la presión para que Illa y Sánchez desarrollen un compromiso que no están en condiciones de ejecutar.
A esto se le suma que los barones socialistas van a empujar para tumbar el acuerdo, de profundas contraindicaciones económicas y electorales para sus intereses. Máxime tras el salto cualitativo que supone el pronunciamiento del sanchista Adrián Barbón, que se ha sumado al rechazo de las federaciones críticas con la salida de Cataluña del régimen común.
Aunque Sánchez haya dado orden de sofocar la rebelión en las estructuras territoriales, no va a serle fácil acallar el debate interno ante la mayor crisis en las filas socialistas bajo su mandato.
Y no sólo se ha incendiado su partido. Si el concierto económico para Cataluña puede considerarse la controversia política más divisiva en la izquierda en décadas, es porque también ha generado oposición en el bloque de investidura de Sánchez. De su "mayoría progresista", sólo Bildu apoya inequívocamente la creación de una hacienda catalana, mientras que Compromís, Izquierda Unida, Chunta y Podemos la rechazan.
Por otro lado, el aval de ERC al preacuerdo con Illa convierte a partir de ahora a Carles Puigdemont en el protagonista del futuro inmediato de Cataluña. El prófugo va a intentar erigirse en el líder de una oposición independentista traicionada por los dirigentes republicanos.
La pugna por la hegemonía en el movimiento independentista seguirá siendo así el vector de la competencia política catalana. Si ERC quiere impedir que Puigdemont capitalice la brega sin cuartel con el PSOE, se verá obligada a seguir desempeñando una oposición feroz al PSC, como de hecho ha adelantado Marta Rovira que hará tras conocerse el resultado de la consulta. Y como Esquerra no cuenta con la fuerza suficiente para tumbar a Illa, intentará tumbar a Sánchez, antes de que sea Junts quien logre anotarse el tanto.
Lejos de haber abierto una vereda expedita hacia un Govern socialista, a Sánchez y a Illa se les plantea un campo de minas en el que tendrán que sortear los fuegos cruzados de quienes, lejos de ejercer como socios, seguirán jugando a exprimir a su partido bajo chantaje.