A la espera de conocer los detalles finales de la puesta en escena que Carles Puigdemont ha preparado para este jueves, sorprende la mansedumbre con la que el Gobierno y la Generalitat han asumido la conversión de la sesión de investidura de Salvador Illa en el escenario de una representación teatral cuyo protagonista será un prófugo de la justicia. Probablemente, porque tanto PSOE como PSC y ERC son los primeros interesados en que Puigdemont pueda escenificar su órdago impunemente. 

A la hora de escribir este editorial, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni los Mossos d'Esquadra parecían tener la menor idea de dónde está o qué tiene preparado Carles Puigdemont para este jueves, más allá de la convocatoria de sus seguidores a las 9:00 de la mañana en el paseo Lluis Companys, a sólo unos metros del parque de la Ciudadela, donde se encuentra el Parlamento autonómico catalán.

Mención aparte merece el CNI, que se ha desentendido del asunto obligado por la eliminación del independentismo de la Directiva Nacional de Seguridad, que incluye todos aquellos grupos o movimientos considerados como potencialmente peligrosos para el Estado y que deben ser controlados por los Servicios de Inteligencia.

Todo indica que el Gobierno y la Generalitat van a permitir la escenificación de Carles Puigdemont por motivos que nada tienen que ver con los intereses de los catalanes, si los cuerpos policiales no lo impiden antes.

En el caso de la Generalitat, es decir de ERC, para no aparecer frente a sus votantes y simpatizantes como "colaboracionista del Estado español".  

En el caso del Gobierno, para no estimular el victimismo de Puigdemont y darle la excusa para reventar la legislatura. Algo que en realidad parece depender en mayor medida del desarrollo de su caso en los tribunales. En este sentido, es casi seguro que el auto del juez Llarena que considera no amnistiable el delito de malversación desembocará en una petición de amparo frente al Tribunal Constitucional por parte del expresidente autonómico. 

El hecho de que se especule incluso con la posibilidad de que Carles Puigdemont esté ya desde hace unas horas en el interior del Parlamento autonómico catalán, escondido en algún despacho de Junts a la espera de la sesión de investidura, a las 10:00 de la mañana de este jueves, demuestra lo disparatado de la situación. 

Haga lo que haga el expresidente, su llegada a Cataluña, tras casi seis años huido de la justicia, contribuirá a agravar el desapego que muchos ciudadanos sienten ya por unos partidos que parecen vivir en una burbuja de escenificaciones y contraescenificaciones sin relación alguna con sus problemas reales. 

Tampoco es probable que la opereta que se representará este jueves vaya a tener mucho más recorrido que el de su impacto mediático inmediato.

Porque ERC ya ha dicho que si Puigdemont es detenido pedirá la suspensión de la sesión de investidura, pero también que su voto favorable a Illa está decidido y que nada le hará cambiar de opinión. Los republicanos, de hecho, han escenificado este miércoles junto al PSC una firma "solemne" del pacto para confirmar que nada de lo que pueda hacer Puigdemont alterará la hoja de ruta de ambos partidos. 

El PSC, por su parte, preferiría que la detención de Puigdemont se produjera tras la sesión de investidura, pero ve la maniobra del líder de Junts más como una señal de debilidad que como una amenaza real a una gobernabilidad que Pedro Sánchez tiene asegurada gracias a una probable prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. 

Pero más allá de sus consecuencias jurídicas y políticas, el desafío de Puigdemont es en sí mismo un fracaso del Gobierno y de la Generalitat. Un fracaso voluntario, ya que ninguno de los dos ha hecho nada por evitar la pantomima de este jueves.

Una vieja regla de las redes sociales pide "no alimentar a los troles" para no darles a estos lo que más desean: atención. Pero esa estrategia no funciona cuando el trol no sólo quiere atención, sino dinamitar las instituciones, generar el caos y biocotear la formación de un nuevo gobierno. Si Gobierno y Generalitat no se toman en serio el Estado de derecho, ¿cómo esperan que lo hagan los ciudadanos?