La fragilidad de los cimientos sobre los que se asienta el pacto de PSOE y ERC quedó ayer de nuevo en evidencia cuando los republicanos amenazaron con abandonar a los socialistas en el Congreso de los Diputados y no aprobar los Presupuestos Generales del Estado en respuesta a unas declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero.

Montero había negado por la mañana que el pacto para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat implique "un concierto o una reforma al uso del modelo de financiación". La ministra intentaba así apaciguar a los barones socialistas y a los críticos de su partido, que no aceptan la renuncia del Gobierno a uno de los principios nucleares del socialismo: el de la solidaridad entre regiones españolas. 

Montero también invitó al resto de comunidades a proponer nuevas formas de financiación "inspirándose" en el pacto entre socialistas y republicanos. Unas palabras que rozan el cinismo si se tiene en cuenta que el objetivo final del independentismo catalán es, precisamente, desvincularse del principio de solidaridad entre autonomías. ¿Cómo podrían Andalucía, Asturias o las dos Castillas, en fin, inspirarse en el "España nos roba" para la elaboración de su propia propuesta de financiación? 

El renuncio de la ministra de Hacienda sirvió, en cualquier caso, para que Junts arremetiera contra ERC, les acusara de haber entregado la presidencia de la Generalitat a cambio de nada y exigiera explicaciones de lo pactado con los socialistas.

Los de Carles Puigdemont han acusado además a PSOE y ERC de urdir "una mayoría política para investir a Salvador Illa a partir de un engaño". "Todas las evidencias apuntan a que la nueva mayoría política que se ha articulado en Cataluña se ha construido sobre un engaño consciente. Un engaño basado en el uso fraudulento del término 'concierto económico' que se impuso en el relato público". 

La respuesta de ERC, cuya actual fragilidad electoral no le permite el menor margen de maniobra frente a Junts, no se hizo esperar. "El PSOE necesita el apoyo de ERC en el Congreso para sacar adelante diferentes medidas, como pueden ser los Presupuestos Generales del Estado. Si los socialistas incumplen su palabra con la financiación singular u otras medidas incluidas en el acuerdo, ERC retirará su apoyo y los socialistas tendrán que buscar otras alternativas o convocar elecciones" dijo su portavoz Raquel Sans. 

El problema no es semántico. Porque independientemente del nombre con el que el Gobierno quiera bautizar su pacto fiscal con ERC, lo cierto es que este tiene más semejanzas que diferencias con el concierto vasco y el convenio navarro.

El pacto entre el Gobierno y ERC no es, en fin, una mera reforma del sistema de financiación sin repercusiones en la solidaridad territorial, sino una federalización del sistema que quiebra el artículo 138 de la Constitución ("el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español") y que pone en serio riesgo la prestación de servicios públicos esenciales en el resto de comunidades españolas. 

La posición del Gobierno es endemoniada, ya que su estabilidad depende de un partido que, a su vez, vive sometido a la amenaza de un Junts sin nada que perder y que no aceptará ninguna reforma de la financiación que no equipare Cataluña al País Vasco y Navarra. Sánchez no tiene por tanto otra opción que cumplir lo firmado con ERC si no quiere que la legislatura se convierta en un via crucis sin más objetivo, ni mayor aspiración, que su mera supervivencia en la Moncloa hasta las siguientes elecciones.