La auditoría interna del Ministerio de Transportes que demuestra que José Luis Ábalos duplicó un pedido a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, desde los cuatro a los ocho millones de mascarillas, aumentando su coste en diez millones de euros, obliga al juez del caso Koldo a elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que se investigue al exministro de Transportes.

Ábalos modificó en poco más de media hora su primera orden de compra, que se ceñía a los cuatro millones de mascarillas que el Ministerio había calculado que iba a necesitar. Transcurridos esos treinta y ocho minutos, el pedido se incrementó hasta los ocho millones de mascarillas, adaptándose así a la oferta que había hecho la empresa vinculada a la trama Koldo, y que era de veinte millones de euros. 

Que las conclusiones del informe se conocieran ayer, un viernes de agosto, durante una comparecencia en el Senado de Óscar Puente, actual ministro de Transportes, y tras el cese de dos altos cargos de ADIF, el subsecretario de Estado Jesús Manuel Gómez y el jefe de personal, Michaux Miranda, investigados por la Audiencia Nacional por su implicación en la trama, obliga a preguntarse el porqué de la coincidencia. 

Óscar Puente ha justificado ambas destituciones por la "pérdida de confianza" en ambos altos cargos a raíz de las conclusiones del informe, que se encargó el pasado mes de febrero. 

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los investigados en el caso Koldo presuntos delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

Fuentes del PP han acusado a Puente de "asumir la corrupción de su Ministerio". "Puente cesa a los cargos que defendió públicamente hace unos meses, cuando anunció una auditoría de la que no hemos tenido noticias hasta hoy. En realidad, cesa a estos dos altos cargos un mes después de ser imputados por el juez y apenas unas semanas antes de su citación judicial".

El PP se pregunta también por qué ha tardado tanto tiempo el ministro en tomar esta decisión. ¿"Por qué les cesa ahora y no hace un mes? ¿Para que puedan tener este tiempo para destruir pruebas?".

La pregunta que se hace EL ESPAÑOL es por qué el Gobierno arroja ahora a José Luis Ábalos a las fauces de la Justicia.

Es más. ¿Es siquiera razonable pensar que el Gobierno desconocía los hechos revelados por el informe? ¿Nadie en el Ministerio de Transportes tuvo conocimiento de ellos? ¿Tuvo algo que ver el cese de Ábalos como ministro con las como mínimo sospechosas, y ya se verá si delictivas, operaciones de las que se habla en esos informes? 

Pero, sobre todo, ¿fueron esos hechos los que motivaron el cese de Ábalos? Y si es así, ¿desde cuándo los conocía Pedro Sánchez? Y si los conocía, ¿por qué el presidente no ha actuado antes, remitiendo esos hechos a la Justicia, en vez de hacerlos públicos con un informe interno del Ministerio de Transportes? 

La investigación de Ábalos es, a la luz de estos hechos, inescapable. Quizá sirvan para qué Pedro Sánchez sepa finalmente, tres años después, por qué cesó a Ábalos.