Santos Cerdán, número 3 del PSOE, se reunirá de nuevo con Carles Puigdemont en el extranjero, tras meses sin hacerlo, para pedir su apoyo y el de Junts a los Presupuestos del Gobierno. Lo hará apenas unas semanas después de que el prófugo se fugara de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por segunda vez desde 2017. 

La noticia, que publica hoy en exclusiva EL ESPAÑOL, coincide con la promesa realizada ayer jueves por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "A veces las cosas fallan y es difícil justificarlo. Estoy convencido de que eso no se repetirá". 

"Eso" es la fuga de Puigdemont, de la que Marlaska exculpó a los Mossos d'Esquadra. "A todos nos hubiera encantado que hubiera sido detenido como procedía, pero quiero dejar a salvo a esta dirección nueva de los Mossos y la anterior". 

La contradicción es evidente. Mientras Marlaska atribuye a un error disculpable la fuga de Puigdemont y expresa su convencimiento de que a la tercera irá la vencida, su partido planea ya su próxima reunión en Francia, Bélgica o Suiza con el fugitivo.

¿A quién hemos de creer entonces? ¿Al ministro del Interior, que habla de Puigdemont como de un prófugo de la justicia, o a ese PSOE que se reúne con él, como lo haría con cualquier otro socio parlamentario, para pedirle su apoyo a los Presupuestos?

Este Gobierno ha acostumbrado a los españoles a discursos no ya difícilmente compatibles, sino antagónicos. Pero la pirueta intelectual que se les exige de nuevo a los ciudadanos no será digerida tan fácilmente esta segunda vez.

Sin duda alguna, la nueva ronda de reuniones del PSOE con Puigdemont reavivará la sospecha de la connivencia del Gobierno con el fugitivo. Es decir, la de que la Moncloa permitió con su inacción, sus lentos reflejos y su decisión de dejar toda la operación en manos de los Mossos, que Puigdemont se fugara de nuevo. 

Que es lo mismo que decir la sospecha de que la fuga de Puigdemont era, si no condición suficiente, si condición necesaria para abrir la negociación sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Al menos mientras el juez Pablo Llarena y el Supremo consideren inaplicable la amnistía al delito de malversación del que se acusa al expresidente autonómico catalán. 

Sánchez, en fin, está persiguiendo, como había prometido, a Carles Puigdemont. Pero no para detenerle, como han ordenado la justicia, sino para cortejarle.