Meses de caos ferroviario culminaron este viernes en el cese de Ángel Contreras, presidente de Adif, por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Transportes ha negado que su cese tenga relación con el caso Koldo, aunque Contreras se vio obligado a comparecer el pasado mes de junio en el Senado para dar explicaciones sobre sus vínculos con el responsable de la trama. Y pese a que en el sumario existen indicios que podrían vincularlo con empresarios.  

El detonante del cese del presidente de Adif, que fue ascendido al cargo por el propio Puente en diciembre de 2023 como sustituto de María Luisa Domínguez, ha sido el descarrilamiento de un tren en Sants, que ha dejado a miles de pasajeros atrapados en la estación barcelonesa y que ahonda en la crisis de la red ferroviaria española.

Pero el caos ferroviario no tiene un culpable único. La falta de inversión, la llegada de las compañías low cost y los problemáticos Talgo contratados por Mariano Rajoy han contribuido sin duda alguna a la actual crisis. 

Tan importante como esos factores ha sido la batalla entre clanes vivida en el Ministerio de Transportes. El principal de esos clanes fue el que rodeaba a José Blanco, ministro de Fomento entre 2009 y 2011, y cuya influencia en el ministerio debería haber quedado reducida al mínimo con el nombramiento de José Luis Ábalos como ministro, primero de Fomento (2018-2020) y luego de Transportes (2020-2021).

Pero Ábalos, que llegó al ministerio sin un equipo propio suficiente y que debería haber prescindido de los responsables de la mala gestión de los años anteriores, recuperó y ascendió a varios de los miembros del clan de José Blanco, heredando así los vicios de gestión que estos habían adquirido a lo largo de sus años en Fomento. 

Óscar Puente apenas lleva diez meses como número uno de Transportes y no puede ser culpado por el mal estado de las infraestructuras ferroviarias. Puente, por ejemplo, encargó la auditoría con la que se ha intentado delimitar el alcance del caso Koldo.

También ha respondido con celeridad cesando tanto a Contreras como al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y al jefe de personal de ADIF, Michaux Miranda por "pérdida de confianza" tras la publicación de la mencionada auditoría.

Pero tampoco puede negarse que el nombramiento de Contreras fue decisión suya y que evidencia un claro error de juicio. 

Meses de retrasos, averías, aglomeraciones y robos de cobre se han sucedido durante los últimos meses hasta saltar a las portadas de todos los medios nacionales.

Incidentes que se suman a los errores de gestión de los últimos años, como por ejemplo el caso de los trenes cántabros y asturianos que no cabían por los túneles y que provocaron la marcha del presidente de Renfe, Isaías Taboas, y de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. 

Es innegable que Adif lleva tiempo intentando solucionar los problemas derivados de la falta de inversión durante los años posteriores a la crisis de 2008. Ahí están, por ejemplo, las obras de Chamartín, en Madrid, que tantos problemas están causando al tráfico de alta velocidad y de Cercanías en la región.

Pero también lo es que los responsables de la red ferroviaria han calculado mal el impacto de la llegada de los operadores low cost y las consecuencias del incremento de pasajeros y de tráfico que esta ha conllevado. Unas consecuencias que se agravarán cuando la liberalización llegue, como está previsto, a los trenes de cercanías. 

La ineficiencia de unos responsables políticos y técnicos que no han estado a la altura de sus responsabilidades, la corrupción en el seno de Transportes y las luchas de clanes han derivado, junto a los déficits de inversión y de mantenimiento antes mencionados, en la actual situación de nuestra red ferroviaria. 

Si la apuesta de este Gobierno por el transporte público es real, el incremento de las inversiones y la profesionalización de la gestión Adif son imperativos.