Un error procesal en el Juzgado del magistrado Juan Carlos Peinado ha obligado a la Audiencia Provincial de Madrid a aplazar la decisión sobre la causa contra Begoña Gómez.
La Audiencia tenía previsto reunirse para resolver este lunes dos recursos: uno que pide el archivo de la causa, interpuesto por el abogado de Gómez, y otro en el que se reclama por el fiscal la determinación de cuál es el objeto de la investigación.
Los magistrados de la Audiencia han recibido el segundo recurso, al que se adhirió la defensa, pero no el primero. Y ante este fallo de tramitación, la Sección 23ª ha optado por suspender su deliberación hasta que el Juzgado aclara la equivocación y remita la documentación que falta.
Este tipo de errores procedimentales son por desgracia bastante frecuentes en la Administración de la Justicia, que tiene que lidiar con un trasiego constante de documentos y con una acumulación de procedimientos que provoca que en ocasiones se traspapele alguno de ellos.
El problema es que, lo que para cualquier otra instrucción sería recibido como lo que parece ser, un mero fallo de tramitación documental, en la que investiga a la mujer del presidente del Gobierno puede alentar especulaciones de toda índole.
Es obvio que el caso Begoña tiene una trascendencia pública sin parangón, además de tratarse de un asunto sobre el que pesa permanentemente el foco mediático y en el que distintos actores han instrumentalizado algunos movimientos erráticos del instructor para imponer una lectura política.
De ahí que este nuevo retraso previsiblemente vaya a dar pie a teorías conspirativas: desde que el aplazamiento favorecería a una defensa que puede prever que no va a conseguir el archivo de las diligencias hasta que desde el Juzgado se intenta retrasar la revisión de la instrucción y ganar así un mes más para investigar a Gómez.
Tratándose de un caso con tanta repercusión, todos los responsables de la cadena logística debieron extremar el cuidado en el envío de documentación desde los Juzgados de Plaza Castilla a la Audiencia Provincial. Si además la vista se había señalado hace casi tres meses, no es de recibo que en el momento de celebrarse falte documentación.
Es tarea ahora del Juzgado responder con diligencia a la indagación de la Audiencia para aclarar cuál ha sido el error que ha impedido resolver el recurso, subsanarlo con la mayor celeridad posible y depurar responsabilidades en el caso de que proceda. El caso Begoña no puede permitirse ninguna chapuza más.