A pesar de las noticias sobre el 'caso Koldo' publicadas ayer por EL ESPAÑOL, y de la contundencia de las revelaciones incluidas en el informe de la UCO, Pedro Sánchez todavía puede negar su implicación penal en la trama corrupta del ex número dos de Ábalos. Pero lo que no puede negar es su responsabilidad política en ella. Sus mentiras frente al Congreso y el Senado respecto a los detalles y los motivos de lo ocurrido con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas son prueba de ello.
El presidente no puede alegar por tanto, como dijeron ayer algunos de los medios más cercanos al Gobierno, que fue engañado por José Luis Ábalos para que autorizara el viaje de Delcy Rodríguez a España sin conocer sus verdaderas intenciones.
Según fuentes de la Moncloa citadas por esos medios, ese viaje se "canceló" en cuanto el Gobierno recordó que el Consejo de la UE había prohibido a la vicepresidenta de la dictadura de Maduro recalar en territorio europeo. Lo que nadie ha explicado todavía es cómo y cuándo se conoció ese dato, y cómo se concretó la cancelación, dado que Delcy llegó a aterrizar en Barajas y se reunió allí con Ábalos.
La teoría de que Pedro Sánchez ha sido víctima de las maquinaciones de Ábalos contradice el más elemental sentido común.
En primer lugar, porque los miembros de la trama se refieren a Sánchez con el apelativo de "el uno". También, porque las revelaciones que involucran en el caso a Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, y a Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, hablan de una trama que va más allá de Koldo y de Ábalos, y que llega hasta algunas de las autonomías gobernadas por el PSOE.
En segundo lugar, porque parece imposible defender con un mínimo de rigor la tesis de que el presidente del Gobierno desconocía las intrigas de su número dos, secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento. El que cuenta con el mayor presupuesto de todo el Ejecutivo y, por tanto, también de la mayor capacidad de influencia.
En tercer lugar, porque el viaje de Delcy Rodríguez se llevó finalmente a cabo y derivó, presuntamente, en la compraventa por parte de Aldama de 104 lingotes de oro por valor de 68,5 millones de dólares.
En cuarto lugar, porque las conversaciones entre Ábalos y Sánchez recogidas en el informe de la UCO rebosan sobreentendidos. Y ejemplo de ello es la referencia de Ábalos a "la gestión que acordamos en favor de las empresas españolas" y que Sánchez demuestra conocer cuando responde con un "bien" al mensaje de su ministro sin preguntar qué gestiones son esas de las que le habla.
En quinto lugar, porque parece imposible sostener al mismo tiempo la responsabilidad de Ábalos sobre los manejos de Koldo sin sostener al mismo tiempo la de Sánchez sobre los de su número dos Ábalos.
Dicho de otra manera, Ábalos es el Koldo de Sánchez, y Sánchez el Ábalos de Ábalos.
Esa respuesta de Sánchez ("bien") se produce además después de que Ábalos le haya dicho que sus gestiones con la dictadura han permitido que la empresa Duro Felguera haya cobrado "una importante deuda" con Venezuela, una deuda que, según la UCO, nunca llegó a cobrarse.
Pero ¿hasta qué punto es creíble que Sánchez desconociera que Ábalos le estaba mintiendo en un asunto clave para los intereses españoles y que afectaba además a varias empresas españolas?
Si bien la vinculación de Pedro Sánchez con el caso Koldo sólo cuenta de momento con pruebas circunstanciales, lo que sí parece obvio es que Ábalos, Koldo y Aldama no podrían haber hecho todo lo que hicieron sin la aprobación tácita o explícita de Pedro Sánchez. El propio Ábalos lo explica en una de las conversaciones con Koldo incluidas en el informa de la UCO: "Ya ves que no me dicho nada, pero al menos no pone pegas".
La responsabilidad política de Pedro Sánchez en el Delcygate es innegable, ya sea por culpa in vigilando o por culpa in eligendo. Ambas deben dirimirse por canales políticos y con decisiones políticas, sin esperar al resultado de las investigaciones policiales y judiciales, o a una sentencia de los tribunales que podría tardar años en llegar.
El presidente debe explicarse frente a los españoles. Y no mediante esas ignotas "fuentes del Gobierno" citadas una y otra vez por sus medios afines, sino en persona y respondiendo a las preguntas de los periodistas de la prensa no afín.