La denuncia del PP ante la Audiencia Nacional en la que los populares solicitan que se investigue la presunta financiación ilegal del PSOE ha generado una previsible, pero no totalmente injustificada, reacción de indignación en la sede socialista de Ferraz. 

En primer lugar, porque la denuncia se basa únicamente en una información de The Objective en la que se cita a un empresario anónimo que afirma haber llevado a Ferraz 90.000 euros a cambio de la concesión de licencias para comerciar con hidrocarburos. 

En segundo lugar, porque, desde el punto de vista del PSOE, el PP no tiene la credibilidad necesaria para denunciar la presunta corrupción de los socialistas al tratarse de un partido manchado por la sombra de esos mismos delitos.

El segundo argumento no tiene defensa. El PSOE acierta al exigir que el PP demuestre sus acusaciones en vez de ser ellos los que demuestren su inocencia, porque ese es un principio elemental del Derecho.

Pero se equivoca cuando, para reforzar esa lógica petición, esgrime los casos de corrupción del PSOE.

En primer lugar, porque el "y tú más" no aporta nada relevante al debate político.

En segundo lugar, porque la corrupción socialista no dejaría de serlo por el hecho de que el denunciante se haya visto involucrado también en este tipo de delitos en el pasado.

Y en tercer lugar, porque muchos de los casos citados por el PSOE en su defensa necesitarían también ser probados en los tribunales. Es el caso, por ejemplo, de la recurrente acusación por la foto de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. ¿Qué pruebas tiene el PSOE de que esa relación condujera a algún tipo de acto corrupto?

Sí es cierto, en cambio, que el PP es un partido con obvios intereses electorales en el asunto, y que una elemental prudencia democrática aconsejaría que este tipo de demandas fueran interpuestas por asociaciones o entidades civiles para evitar tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia. Incluso aceptando como razonable la desconfianza del PP en la Fiscalía, hoy en manos del Gobierno. 

Respecto al primer argumento, acierta el PSOE cuando exige pruebas de esa presunta financiación ilegal que vayan más allá del testimonio anónimo de un empresario que dice haberse beneficiado de una trama corrupta socialista al más alto nivel.

¿Tiene pruebas el PP de esa trama, más allá de lo publicado por The Objective?

¿Conoce la identidad de ese empresario?

¿Y qué motivos tiene el PP para darle credibilidad a esa información?

El PP busca, por razones evidentes, que esta denuncia no se subsuma en las otras dos que ya están en marcha en los tribunales. La primera, la del caso Koldo, que se investiga en el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional. La segunda, la del fraude de los hidrocarburos, en manos del juez Pedraz. 

Pero es evidente que el ansia por acelerar el fin del sanchismo le ha jugado una mala pasada al PP. Un PP que ha hecho un buen diagnóstico de la situación, pero que ha recetado el remedio equivocado.

Porque esa denuncia por financiación ilegal, sin más pruebas que la de un único artículo periodístico, puede ser fácilmente desestimada. Y eso dejaría al PP sin argumentos frente a un PSOE que sin duda alguna utilizaría el archivo de la denuncia para desacreditar el resto de acusaciones de corrupción que le acechan en tantos otros flancos. 

El PP, a falta de pruebas contundentes sobre esa presunta financiación ilegal, debe luchar contra el PSOE en el terreno político. Es decir, en el Congreso de los Diputados. Y dejar que las investigaciones judiciales, que tienen un ritmo ajeno a las necesidades de los partidos políticos, se desarrollen con normalidad.

La búsqueda de atajos penales, sobre todo si estos no gozan de mayor apoyo fáctico, no sólo es un error estratégico, sino que puede reforzar aquello que se pretende debilitar. El objetivo del PP debe ser hoy, a falta de mayores pruebas, el de delimitar la responsabilidad política de Pedro Sánchez. Y ninguno más.