"La Abogacía del Estado ha defendido a la presidencia del Gobierno de España. El tiempo pondrá las cosas en su sitio" dijo Pedro Sánchez el 31 de julio de este año.
Lo hizo después de que los defensores del Estado presentaran una querella contra el juez Juan Carlos Peinado al considerar que este había prevaricado al impedir al presidente declarar por escrito en el marco de la investigación a su mujer, Begoña Gómez, por un presunto conflicto de intereses.
Hace apenas dos semanas, el 1 de octubre, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, acusó al juez que lleva la causa de "llevar seis meses pedaleando en la nada". Luego habló de una presunta conspiración para derribar a Pedro Sánchez.
Este viernes, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido rechazar a tramite la querella de la Abogacía del Estado.
La contundencia de los argumentos del TSJ no deja otra opción que concluir que el que lleva meses pedaleando en la nada al hablar de lawfare en su contra es el presidente del Gobierno, empeñado personalmente en una batalla contra el Poder Judicial que ha acabado con el fiscal general investigado y con la Abogacía del Estado viendo como la Justicia rechazaba la primera querella presentada en democracia contra un juez en nombre del presidente del Gobierno.
De la excepcionalidad de la situación da fe la literalidad de los argumentos del TSJ. "Nadie tiene derecho a la incoación y seguimiento de un proceso penal sobre presupuestos infundados", por ejemplo.
"Es una temeridad con efectos perversos generar y alimentar la sospecha de que se está prevaricando cada vez que se produce una resolución discrepante con las tesis de una parte" dice luego el TSJ, citando al Tribunal Supremo.
"No puede la Sala dejar de pensar, dado el carácter especulativo en que se basa la querella y el prejuicio que destila la misma, que esta no obedece sino al intento de tergiversar el fin lícito que implica el tipo delictivo que se le imputa al querellado".
"La utilización de la Abogacía del Estado para la formulación de una querella como la presente resulta extravagante".
Uno de los magistrados, Jesús María Santos, propone incluso en su voto particular multar a Sánchez por mala fe procesal. "La querella del presidente adolece de todo fundamento, es especulativa, responde a prejuicios y a una finalidad espuria".
La Moncloa ha calificado de "innecesarios" los argumentos del TSJ. Pero el hecho de que la decisión haya sido adoptada por unanimidad hace imposible sostener con un mínimo de verosimilitud la tesis de que el juez Peinado se ha empeñado en una persecución contra la mujer del presidente espoleado por la animadversión personal.
El rechazo tiene además el efecto secundario, aunque no exista conexión jurídica alguna, de reforzar la verosimilitud de las acusaciones contra Begoña Gómez y debilitar la posición frente a la opinión pública del presidente y de su esposa.
Si excepcional era que el presidente del Gobierno se aprovechara de un privilegio procesal como el de la Abogacía del Estado para la defensa de un asunto personal como el de la investigación de su esposa, más excepcional incluso es el hecho de que esta haya aceptado interponer una querella sin fundamento jurídico alguno.
Sólo podemos especular sobre cuál ha sido el motivo que ha llevado al presidente a utilizar otra institución del Estado, como ha ocurrido antes con la Fiscalía, en defensa de sus intereses personales, y sobre si lo hecho cegado por la furia, por la soberbia o por la sensación de impunidad.
Pero el resultado no ha podido ser más contraproducente para él y su esposa.
La cruzada personal que el presidente ha emprendido contra los medios de comunicación y el Poder Judicial da la razón a The Economist, Bloomberg y The Times cuando hablan de una involución en los estándares democráticos de la España de Sánchez.
Y el archivo de la querella de la Abogacía del Estado es un paso más, uno especialmente gravoso, en el camino de Sánchez hacia un punto de no retorno.
Ni a España ni a los españoles les conviene que el presidente alcance ese punto.