La comparecencia de Teresa Ribera este miércoles en el Congreso para explicar la actuación de su Ministerio durante la Dana sólo puede calificarse de decepcionante.

La vicepresidenta se ha limitado a repetir la versión que el Gobierno central ha dado en anteriores ocasiones: los organismos dependientes del Ministerio de Ribera emitieron correctamente los avisos, pero quienes debían responder a ellos enviando alertas a la población (las Emergencias competencia de la Generalitat valenciana) no lo hicieron adecuadamente.

"De poco sirve tener toda la información necesaria si quien debe responder no sabe cómo hacerlo", ha sentenciado Ribera para descargar toda la responsabilidad por la catástrofe en el Gobierno autonómico de Carlos Mazón.

Pero lo que está en entredicho, y lo que justificaba la comparecencia de la ministra, es precisamente que el Comité de Emergencias de la Generalitat dispusiera de toda la información necesaria para haber enviado la alerta telefónica a los ciudadanos con más antelación.

Está fuera de duda que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) fue diligente al avisar al Ejecutivo de Mazón a las 12:07 del 29 de octubre de que el caudal del barranco del Poyo estaba creciendo (y también lo fue la Generalitat al lanzar la alerta hidrológica, que no desactivó en todo el día).

Pero parece igualmente innegable que la CHJ no mostró la misma diligencia por la tarde. Porque los protocolos de la Confederación obligan a informar a los servicios de Emergencias de cualquier crecida del caudal por encima de los 150 metros cúbicos por segundo.

Y sin embargo, como ha demostrado el ESPAÑOL a partir de los medidores del propio organismo, la Confederación incumplió hasta en quince ocasiones esta obligación durante las horas clave de la crecida del barranco del Poyo.

Teresa Ribera no ha explicado cómo encaja esta evidencia de una negligencia con su afirmación de que "los organismos del Ministerio actuaron con arreglo a protocolo".

Y más cuando ha confirmado tácitamente que la CHJ no avisó de los aumentos de caudal en el Poyo entre las 16:13 y 18:43 horas del 29-O. Porque ha reconocido que los correos electrónicos emitidos por el organismo a su cargo durante esta franja horaria hacían referencia a las "precipitaciones", y no al caudal.

La ministra de Transición Ecológica se escuda en que "no hubo apagón informativo".

Pero poco importa que no lo hubiera si las comunicaciones remitidas por la CHJ a partir de las 16:13 horas dejaron de informar sobre la evolución del caudal del Poyo, tras tres emails en los que se comunicaba que era descendente y estaba fuera de los límites considerados como peligrosos.

No hubo "apagón informativo", pero la información pasó a centrarse en el caudal del Magro y el riesgo de rotura de la presa de Forata. Una información a la postre inservible para haber prevenido a la ciudadanía sobre el que resultó ser el auténtico foco del riesgo.

Ribera sigue sin explicar por qué, si la CHJ tenía conocimiento de que a las 17:25 horas el caudal del barranco del Poyo ya había superado los 150 m3/s, los técnicos del Sistema Automático de Información Hidrológica tardaron hora y media en avisar a Emergencias. No fue hasta las 18:43 que el organismo dependiente del Ministerio de Ribera avisó al Comité de Emergencias de la vertiginosa crecida del Poyo, cuando el desbordamiento ya estaba causando estragos.

Las explicaciones de Ribera no han sido convincentes no sólo en lo tocante al papel de la CHJ en la gestión de la emergencia. Tampoco ha rendido cuentas por la responsabilidad de su cartera en la prevención de desastres como el de Valencia.

¿O acaso no fue su Ministerio el que paralizó en 2021 las obras previstas para la "adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo" por "falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales"?

El presidente de la CHJ recordó en 2022 la "necesidad de dotar al barranco del Poyo de una solución integral" para "poner en marcha medidas estructurales que reducirán el riesgo de inundabilidad de la zona".

Y aun así el Ministerio no acometió las obras de encauzamiento pendientes, a pesar de que el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación hidrográfica del Júcar 2022-2027 de la CHJ volvió a considerar "prioritarias" estas actuaciones en 2023.

La ministra se ha resistido al más mínimo atisbo de autocrítica. Y por eso su comparecencia desmerece aún más al compararla con la de la semana pasada de Carlos Mazón, en la que al menos el presidente autonómico reconoció que su administración cometió errores.