Este domingo se conoció que Juan Lobato protocolizó ante notario los mensajes en los que la que la jefa de gabinete de Óscar López le habría remitido información confidencial sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.

No es posible por el momento concluir con certeza cuál fue la motivación del secretario general del PSOE madrileño a la hora de depositar los whatsapps intercambiados con Pilar Sánchez-Acera en una notaría de Madrid el pasado octubre.

La primera hipótesis es que Lobato lo habría hecho para zafarse de la competencia del ministro Óscar López, al que Moncloa pretende imponer como paracaidista al frente de la Secretaría General PSOE-M en el próximo congreso regional, en sustitución del propio Lobato.

La segunda hipótesis es que su intención fuera prevenirse para no ser salpicado por la causa abierta por el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos.

También, para garantizarse que, al mostrar en la Asamblea de Madrid el pantallazo de las comunicaciones confidenciales entre la defensa de González Amador y el fiscal de Delitos Económicos, no se le pueda acusar de haber sido copartícipe de la filtración de los correos por la que se investiga a Álvaro García Ortiz.

Esta es la versión que ha defendido Lobato al asegurar que, con el registro ante notario de su conversación con la número dos de Óscar López, quiso acreditar que ni el PSOE-M ni el Gobierno habían recibido ninguna filtración de la Fiscalía, sino que "toda la información vino de medios de comunicación".

Pero con independencia de cuál fuera su intención, el resultado de esta actuación ha sido el de poner a la Moncloa al borde del abismo.

Porque Lobato tendrá que declarar como testigo este viernes ante el juez instructor de la causa contra el fiscal general. Y en su comparecencia deberá aportar copia del acta de manifestaciones notariales que ha realizado en relación con la presunta revelación de los correos incriminatorios de la pareja de Ayuso.

La citación debería ayudar a esclarecer si el pantallazo del correo que Sánchez-Acera envió a Lobato en la mañana del 14 de marzo procedía realmente de los medios de comunicación que lo habían extractado la noche anterior, como alega el socialista. O si, por el contrario, el documento obraba en poder de la número dos de Óscar López con anterioridad, con la posibilidad de que incluso hubiera sido ella quien lo hubiese filtrado a los medios afectos a Moncloa que se hicieron eco de él.

En ese caso, podría demostrarse la participación del Gobierno en un delito de revelación de secretos. Con lo cual no se trataría ya de una filtración por parte de la Fiscalía, o a lo sumo del Ministerio de Hacienda, sino de la propia Presidencia del Gobierno. No hay que olvidar que López era en ese momento el jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

Que haya trascendido que Lobato recibió información secreta de la Moncloa compromete, ante todo, a Óscar López y a su jefa de gabinete, que podrían entrar en el terreno de las responsabilidades penales. 

Pero aun cuando el cóctel molotov arrojado por Lobato estuviera en principio dirigido a López, ha acabado impactando de lleno en el palacio de la Moncloa. En el PSOE, según informa hoy EL ESPAÑOL, consideran que el dirigente madrileño ha puesto en un serio aprieto al presidente, y por eso, y por considerar que ha quebrado la confianza orgánica, en el PSOE-M ya le dan definitivamente por amortizado.

El todavía secretario general de los socialistas madrileños ha ofrecido este martes una rueda de prensa para lamentar el "linchamiento" dirigido por parte de "algunos dirigentes de su partido". Y así como sus compañeros dicen no entender por qué levantó acta de sus whatsapps con Sánchez-Acera, Lobato ha defendido esta mañana que "no veo el problema en acreditar el origen lícito de ese documento".

Y al apostillar que "por la reacción parece que se dudara de la veracidad de lo que a mí se me dijo", Lobato ha puesto en el disparadero ya inequívocamente a Moncloa, sembrando la duda sobre si los correos electrónicos que le enviaron provenían realmente de medios de comunicación, o de la Fiscalía.

Aun insistiendo en que "no contempla" que el origen de esa información fuese otro, Lobato ya ha deslizado la posibilidad de que lo que le contaron no fuera cierto. Es decir, está reconociendo sibilinamente la posibilidad de que en la Moncloa hayan cometido un delito "bastante grave".

No sólo es grave el delito del que es plausible que el Gobierno llegue a ser acusado: es uno de los peores que puede cometer un cargo público. Y quedaría además probado que el Ejecutivo se ha servido de los poderes del Estado para asediar a un ciudadano privado con objeto de destruir a un adversario político.