Ha tardado un año Carles Puigdemont en darse cuenta de que Pedro Sánchez "no es de fiar". Junts ha concluido este lunes que el presidente del Gobierno ha incumplido todo lo acordado en el pacto de investidura firmado con el PSOE el 9 de noviembre de 2023.

Y como "no se han ganado nuestra confianza", Junts registrará en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para instar a Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza, y así comprobar si cuenta con los apoyos suficientes para seguir gobernando.

La iniciativa podría prosperar si Vox y el PP sumasen sus votos a los de los siete diputados de Junts, aunque Alberto Núñez Feijóo no ha adelantado en sus declaraciones de este lunes cuál sería su postura si los nacionalistas consumasen su amenaza.

En cualquier caso, el trámite tiene poco recorrido, en la medida en que someterse a una cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno que sólo se activa por iniciativa propia. Un escenario que Moncloa ya ha aclarado que ni siquiera contempla.

Aunque al Ejecutivo le ha cogido por sorpresa la exigencia, ha minimizado la trascendencia del órdago del prófugo. Considera que Puigdemont está, sencillamente, subiendo el precio de sus votos y marcando posición de máximos antes de abordar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

Y lo más probable es que Moncloa tenga razón al no tomarse en serio la amenaza del prófugo.

No sólo porque Junts ya ha reculado en anteriores ocasiones en las que ha lanzado ultimátums que parecían firmes. Sino también, y principalmente, porque es Puigdemont quien está realmente en manos de Sánchez, y no a la inversa.

Porque el ex president sólo podrá librarse del proceso penal que sigue abierto contra él en el Tribunal Supremo (después de que este considerase no amnistiable el delito de malversación) si el Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía.

Un Tribunal Constitucional, a la postre, controlado por el Gobierno.

Y es verdad todo lo que denuncia Puigdemont al acusar a Sánchez de "marear la perdiz" y "dilatar sistemáticamente" todo lo acordado con los independentistas.

Lo cierto es que el presidente ha procurado que los "avances sean escasos", prometiendo mucho a sus socios pero entregando poco. Es el caso de la exoneración penal de los responsables del procés, del reconocimiento del catalán como lengua oficial en la UE, de la financiación singular para Cataluña o de la cesión a la Generalitat de las competencias de inmigración.

Qué duda cabe de que Sánchez sí claudicó de una forma no poco onerosa en el comienzo mismo de su último mandato, al comprar su investidura con la amnistía. Y que prestarse a que Puigdemont pase revista al Gobierno español cada mes en Suiza constituye un oprobio mayúsculo.

Pero la mayor parte de los compromisos adquiridos con sus socios independentistas a cambio de sus votos no se han materializado de momento. Lo cual ratifica la lectura de Feijóo al decir que, en verdad, los socios de Sánchez se han dejado engañar.

Esta es la primera vez que Junts reconoce el engaño y admite que, si bien no puede tumbar al presidente directamente, sí es capaz de dejarle caer.

Pero se trata del mismo juego de apariencias de siempre. Porque siendo el único interés de Junts que Puigdemont pueda beneficiarse de la amnistía, no hay para ellos alternativa a Sánchez.

Porque su caída no sólo implicaría la llegada de otro Gobierno mucho menos rentable para las aspiraciones nacionalistas, sino también perder el favor del Tribunal Constitucional, que ya no tendría ningún incentivo para ratificar la amnistía a Puigdemont.

Cuando admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Supremo el pasado septiembre, fuentes del TC aclararon a EL ESPAÑOL que no espera dictar sentencia "como pronto" antes del verano. Y que el recurso de amparo que interpusiera Puigdemont por la inaplicación de la amnistía se resolvería en el último lugar, siendo prioritarios antes todas las demás cuestiones y recursos de inconstitucionalidad del resto de actores judiciales y políticos, respectivamente.

La parsimonia anunciada del Constitucional legitima sospechar que la corte de garantías va a alargar el proceso todo lo que haga falta para que Junts siga sosteniendo a Sánchez. Y también que decidirá sobre la amnistía en función de quién esté en la Moncloa.

Si gobierna Sánchez, Puigdemont será amnistiado cuando le convenga al presidente; Si gobierna el PP, el prófugo sabe que puede despedirse de volver a España.