No hubo sorpresas ayer jueves en la declaración voluntaria de José Luis Ábalos frente al juez del Tribunal Supremo, aunque sí se pudo confirmar cuál va a ser el eje de su defensa: negar cualquier tipo de implicación en la trama, descargar toda la responsabilidad en su número dos Koldo García y otros altos cargos de su ministerio, y atribuir las denuncias a una represalia "política" del PP de Isabel Díaz Ayuso.

Ábalos declaró durante tres horas y se comprometió a aportar la documentación que avalaría su versión de los hechos. Y entre ella una pericial de parte que presuntamente desmiente la auditoría encargada por su sucesor en el Ministerio de Transportes, Óscar Puente. "No ha quedado nada en el tintero" dijo a los medios a su salida del Supremo.

Lo cierto es que Ábalos declaró ayer sin necesidad de alejarse de su zona de confort. Dado que comparecía voluntariamente frente al juez, y no en calidad de testigo, podía mentir sin temor a las consecuencias jurídicas. El exministro ha disfrutado así de todos los privilegios de los que disfruta un investigado, pero sin ninguna de sus desventajas. 

La satisfacción del PSOE tras su declaración confirma, además, que Ábalos no sólo no ha roto amarras con su partido, sino que se dispone a seguir a rajatabla el guion diseñado por la Moncloa. Es decir, descargo de toda la responsabilidad penal en Koldo García y de toda la responsabilidad política en Isabel Díaz Ayuso. 

Pero lo cierto es que la declaración de Ábalos no ha logrado refutar, y ni siquiera poner en duda, ninguna de las acusaciones que pesan sobre él.

Su relato del funcionamiento del Ministerio de Fomento es inverosímil. De hacer caso a Ábalos, todas las decisiones relevantes recaían en los niveles inferiores al suyo.

De acuerdo también a lo declarado por el exministro, fue Koldo, cuya responsabilidad en el Ministerio iba teóricamente poco más allá de "comprar el tabaco", el que tuvo la capacidad organizativa y el poder ejecutivo necesario para construir una trama corrupta desde la sala contigua al despacho de Ábalos.

La inverosimilitud de las excusas aboca al juez a dirigir el suplicatorio al Congreso de los Diputados para que pueda iniciarse una investigación del patrimonio personal y de las actividades de Ábalos tanto en el Gobierno como en Ferraz.

Será entonces, y sólo entonces, cuando se conozca la verdad oficial que apenas ha empezado a asomar ahora por las denuncias de Aldama y las investigaciones de los medios de comunicación que no se han sometido ya al dictado de la Moncloa. 

Desde el punto de vista político, la acusación al PP de Madrid de haber puesto en marcha una campaña de "represalia" política contra él mismo y el Gobierno de Pedro Sánchez en venganza por las acusaciones de corrupción contra el entorno de Ayuso es irrelevante.

En primer lugar, porque la intencionalidad política de esas denuncias es independiente de la relevancia penal de las acusaciones que se han presentado contra él. 

En segundo lugar, porque el victimismo político puede ser esgrimido con más o menos éxito desde la tribuna del Congreso de los Diputados o frente a los medios de comunicación, pero es irrelevante frente a un juez.

En tercer lugar, porque nada reprochable hay en que un partido pretenda obtener rédito en las urnas de la corrupción de sus rivales. Una buena forma de evitar esa utilización de la corrupción por parte de los rivales políticos es, por otra parte, no corromperse. 

Ni la delegación de toda la responsabilidad en sus subordinados ni la utilización de esa excusa-para-todo llamada Isabel Díaz Ayuso ayudará en lo más mínimo a José Luis Ábalos a esquivar su cada vez más probable destino penal.

El suplicatorio está hoy un poco más cerca de hacerse realidad.