Pedro Sánchez ha enfocado la Conferencia de presidentes celebrada este viernes como un ensayo general de la controvertida discusión sobre la "financiación singular" de Cataluña que está por llegar.

El cupo pactado con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa suscita el rechazo de todos los barones autonómicos, salvo del catalán. De ahí que Sánchez haya intentado empezar a aclimatar a los presidentes regionales al trato de favor arbitrario concedido a Cataluña con una oferta a la que a priori podrían mostrarse más favorables.

El banderín de enganche ha sido la quita de la deuda. El presidente del Gobierno ha anunciado que en enero convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar la condonación de una parte de la deuda de todas las "comunidades autónomas de régimen común".

La comunidad autónoma más beneficiada por esta condonación sería, por supuesto, Cataluña, que acumula una deuda con el FLA de 73.000 millones de euros. 

Pero la estratagema de Sánchez ha fracasado. Los presidentes autonómicos se han negado a aceptar la condonación como contrapartida del asentimiento a la "singularidad" de Cataluña. Isabel Díaz Ayuso, a quien no se le escapa la meta real del presidente, ha sido la que con más contundencia ha deplorado la propuesta, recordando que "somos un Estado de las autonomías, no federal".

Cabe señalar que el total de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado por el FLA es de 191.000 millones de euros. ¿Qué porcentaje de esa cuantía pretende perdonar el Gobierno?

La condonación supondría además que el Estado asumiese una parte de esa deuda millonaria. Pero Sánchez no puede pretender que todos los españoles paguemos a escote el oneroso coste de los compromisos adquiridos con sus socios.

No se puede perder de vista que la quita generalizada es una extensión a todas las regiones de la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de la Generalitat pactada entre ERC y PSOE en el acuerdo de investidura de Sánchez.

Ahora el presidente vuelve a azuzar la irresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Porque, al no hacer distingos entre ellas, no sólo se estaría ayudando razonablemente a regiones afectadas por la infrafinanciación, fruto de la falta de actualización de un modelo fiscal territorial que no contempla la nueva realidad económica y demográfica de algunas de ellas. Sino que se estaría también incentivando la indisciplina fiscal en aquellas autonomías que, como Cataluña, han incurrido en un gasto público ilegítimo para sostener servicios superfluos.

La pretensión de Sánchez de recabar la adhesión al desequilibrio financiero con Cataluña de quienes se verían perjudicados por él ha llevado al Gobierno a intentar la cuadratura del círculo de "conciliar multilateralidad y bilateralidad".

Pero no es posible garantizar la solidaridad interterritorial al mismo tiempo que se rompe el régimen común. De ahí que la única forma de hacerlo compatible con la recaudación por parte de la Generalitat de todos los impuestos sea mediante negociaciones bilaterales con las distintas autonomías.

Es decir, con un modelo de financiación a la carta y en función de intereses políticos.

Pero esto daría lugar a un régimen fiscal con un amplísimo margen de discrecionalidad y que generaría incentivos para que cada una de las comunidades actuara por su cuenta, sustrayéndose al imperativo de equidad territorial y a la observancia de la disciplina fiscal.

El modelo de financiación autonómica debe regirse por normas comunes y claras. España no puede convertirse en un zoco donde cada uno de sus territorios acuerde por separado sus reglas tributarias y sea recompensado o castigado en función de la conveniencia del presidente o el Gobierno de turno.