El anuncio de compromisos que luego quedan en papel mojado, o de promesas que no se cumplen jamás, o de leyes que nunca son aprobadas, o de ayudas que jamás llegan a sus destinatarios, se ha convertido en una estratagema habitual en el escenario político.

En el nuevo escenario mediático, la simple proclamación de un acuerdo, aunque este no llegue a concretarse jamás en la vida real, basta para que el político que impulsa la medida disfrute de sus quince minutos de fama warholianos. 

Esto es exactamente lo que ocurrió ayer viernes con el anuncio del acuerdo al que ha llegado Yolanda Díaz, es decir, el Ministerio de Trabajo, con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

La firma del acuerdo culmina once meses de negociaciones de las que se descolgó hace tiempo la patronal cuando comprobó que ni el Ministerio de Trabajo ni los sindicatos tenían intención alguna de llegar a un acuerdo, sino sólo la de imponer la tesis de "trabajar menos para vivir mejor".

"A costa del empresario, de la productividad, de la viabilidad de las empresas y del propio trabajador", olvidaron añadir. Porque el problema del mercado laboral español nunca han sido sus presuntamente extenuantes jornadas de trabajo, sino su rigidez y, sobre todo, su escasa productividad. España registró la peor productividad de los países avanzados entre 2018 y 2023. 

El resultado es este pacto entre Trabajo y los dos principales sindicatos que no comparte la patronal y que el Ministerio de Economía ha puesto ya en cuarentena por dos razones muy concretas: ni existe la mayoría parlamentaria necesaria para aprobarlo en el Congreso de los Diputados, ni las prisas de Yolanda Díaz, que quiere que la medida se aplique ya en 2025, encajan con los tiempos del Gobierno, ocupado en otros problemas.

En sentido estricto, y dado que los sindicatos CC. OO. y UGT son meros apéndices del Gobierno, Yolanda Díaz anunció ayer un pacto consigo misma cuya inviabilidad en la práctica revela que su objetivo no era en ningún caso la reducción de la jornada laboral, sino recuperar algo del foco perdido tras su marginación en Sumar. 

Esa marginación no es fruto de ningún complot de la oposición, de un escándalo de corrupción como los que rodean a Pedro Sánchez o de su rivalidad con Unidas Podemos, sino de una dura realidad: la evidencia de que Díaz, a la que Iván Redondo llegó a promocionar como "futura presidenta del Gobierno", ha fracasado en todas y cada una de las convocatorias electorales a las que se ha presentado. 

Es ese fracaso como política, unido a su discreto currículo como ministra y a la evidencia de que España sigue siendo hoy el país con más parados de toda la UE, el que obliga a Yolanda Díaz a golpes de efecto como el que intentó ayer de la mano de Unai Sordo y Pepe Álvarez. 

Y la prueba de ello es que Yolanda Díaz ha arremetido ya, preventivamente, contra el Gobierno del que ella es vicepresidenta segunda acusando a su socio, el PSOE, de "ir contra la gente trabajadora de este país". 

Si Yolanda Díaz quiere llegar a acuerdos útiles para España y para los trabajadores españoles debería dejar de negociar consigo misma y empezar a hacerlo con la patronal. Los votos en el Congreso, una vez hecho eso, llegarán por sí solos.