Pedro Sánchez se convierte hoy en el cuarto gobernante de la Democracia con más días al frente del Gobierno, por detrás de Zapatero, Aznar y González. Descontando el periodo de gobierno en funciones (los 368 días bajo el mandato de Sánchez, que excedieron también los 314 de su antecesor), Sánchez ya ha superado los 2.042 días de gobierno efectivo de Mariano Rajoy.

Aunque cueste creerlo, cuando acabe mayo se cumplirán siete años desde que el socialista apeó del poder a Rajoy. Y lo hizo enarbolando la credencial de la higiene democrática. La moción de censura contra el presidente en 2018, motivada por la condena judicial al PP por corrupción, fue justificada por José Luis Ábalos en la constatación de que Rajoy habría conocido y tolerado prácticas delictivas en su partido.

Una sospecha que resulta difícil no hacer extensible a Sánchez, quien después de todas las salpicaduras a cuenta del caso Koldo ya no puede presumir de ser un "gobernante limpio".

Tratándose de una trama corrupta que afecta a la raíz misma del sanchismo y que se ha extendido con múltiples ramificaciones en tantos ministerios, y a la vista de que Sánchez cesó a Ábalos en 2021, resulta imposible pensar que el presidente ignorase las urdimbres muñidas por Víctor de Aldama en su entorno político. Así como es inverosímil creer que hasta que recuperó al exministro para las listas del PSOE en 2023 tampoco se hubiera enterado de nada.

De hecho, dos tercios de los españoles lo ven de esta misma manera, según la macroencuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL. Y más elocuente si cabe es el dato del casi 30% de votantes del PSOE que intuye que Sánchez conocía la corrupción que se incubó en su partido.

No es de extrañar que los ciudadanos concedan más credibilidad a los testimonios de Aldama que al relato exculpatorio del presidente. Porque días tras días se acumulan los indicios de que se trata de alguien que prefiere encubrir la conducta impropia de sus subordinados a afrontar sus responsabilidades en ellas.

El caso del fiscal general del Estado, investigado por un presunto delito de revelación de secretos, es el más claro. Sánchez pidió para él un desagravio público cuando inmediatamente después la UCO reveló que Álvaro García Ortiz cambió de móvil a los pocos días de que el Supremo comenzara a investigarle. Un movimiento que acrecienta las sospechas de una destrucción de pruebas, y por tanto refuerza los indicios de que el fiscal colaboró con la filtración de los datos confidenciales del novio de Ayuso. Algo que tres de cada cuatro españoles, según SocioMétrica, dan por hecho y condenan.

Aunque Sánchez ya puede ser objeto de las mismas amonestaciones que se le dirigieron a Rajoy, sí existe una diferencia importante entre ambos. Si en el caso de Rajoy se sospechaba que se había beneficiado personalmente de actividades ilegales, en el caso de Sánchez es su mujer a quien la mayoría atribuye ese beneficio. El 72% de los españoles opina que Begoña Gómez obtuvo réditos profesionales por ser la esposa del presidente.

Lo que está más disputado es si Gómez ha cometido algún delito. Aunque el 53% de los ciudadanos lo crea, esta opinión no está lo suficientemente fundada. Y es además significativo que en este particular las opiniones sean las más divididas. Mientras que el 94% de los votantes del PP considera que la mujer del presidente se aprovechó de la Moncloa para sus intereses privados, sólo el 38% de votantes del PSOE lo ve de esta manera. Una cifra que cae hasta el 20% al ser preguntados si Gómez cometió delitos.

Esta divergencia atestigua el contexto de gran polarización afectiva en el que se inscribe esta macroencuesta, que explica que la izquierda no aprecie irregularidades en lo tocante a Begoña Gómez. Pero aun con las razonables diferencias de criterio en función de la adscripción partidista, sí es bastante transversal la creencia de que Sánchez ha tenido alguna clase de responsabilidad en el caso Koldo, con el 65% de los españoles considerando que el PSOE se ha financiado con mordidas de la trama.

Aun tratándose del presidente con menos apoyos parlamentarios de la historia constitucional, Sánchez ha conseguido superar, a lo largo de tres legislaturas, la duración en el cargo de Rajoy. Pero no está nada claro que este funambulismo temerario, que le ha permitido resistir pese a todo, vaya a bastar para sortear el escollo en el que se estrelló su predecesor: el de las sospechas de haber encubierto la corrupción.