De poco ha servido la constatación inapelable, gracias a la publicación por la oposición de parte de las actas electorales, del obsceno amaño de los comicios del pasado 28-J perpetrado por Nicolás Maduro.

No ha bastado con el activismo indesmayable de una oposición venezolana más unida y robusta que nunca, a la que respalda el 70% de la población. Ni con el aislamiento internacional del régimen, al que han abandonado incluso algunas de sus naciones tradicionalmente afines.

No ha sido suficiente el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo por la Administración Biden y otros tantos jefes de Estado. Ni tampoco la valentía del auténtico ganador de las elecciones, que tuvo que exiliarse a España y que este martes vio como la atroz satrapía, que ha intensificado la represión para sofocar las protestas que siguieron al fraude, secuestraba a su yerno delante de sus hijos.

Ni siquiera han logrado presionar lo suficiente las masivas manifestaciones congregadas este jueves en Caracas y otras ciudades de Venezuela y de todo el mundo. Aunque el antichavismo ha hecho alarde de su músculo social, el régimen no ha aflojado la violencia en una capital militarizada. Ha abierto fuego contra la escolta de la líder opositora María Corina Machado, reaparecida tras más de cien días de clandestinidad y detenida al salir de la marcha, aunque luego puesta en libertad.

Está por ver si Edmundo González cumple su promesa de acudir a Caracas este 10 de enero para personarse en la jura de Maduro, y qué consecuencias puede tener. Pero salvo que ocurra un vuelco inesperado e improbable, hoy el tirano será investido nuevamente presidente de Venezuela.

González cuenta con la legitimidad democrática indiscutible que le confiere el triunfo en las elecciones, y hace lo correcto al insistir en reclamarlo. Pero queda demostrado que esta legitimidad es puramente nominativa si no cuenta con el respaldo de la potestad estatal.

En una arquitectura institucional cooptada plenamente por el chavismo, no queda ningún órgano autónomo con la prerrogativa de proclamar presidente a Edmundo González. Se repite el drama de los mandatarios electos o "encargados" venezolanos que, pese a ser reconocidos internacionalmente, carecen de soberanía para ejercer su autoridad. Venezuela seguirá atrapada en este día de la marmota mientras Maduro siga teniendo de su parte el poder coercitivo que le garantiza la lealtad del ejército.

La perpetuación en el poder de la dictadura chavista es una muestra más del desprecio por el orden basado en reglas que viene demostrando un abanico de regímenes autoritarios socios de la Venezuela de Maduro, que afianzan su dominio mediante el uso de la fuerza.

La Rusia de Putin invadió Ucrania con el propósito de anexionársela. La China de Xi está decidida a escalar sus pretensiones territoriales sobre Taiwán. Y, en un sentido análogo, puede decirse que Maduro va a apoderarse hoy ilegalmente de Venezuela.

Las autocracias están invalidando un principio fundamental de la política como es el de la inviolabilidad territorial. Y el drama de nuestro tiempo es que no existe un sistema de gobernanza internacional capaz de impedir que un dictador se adueñe de un país unilateralmente mediante la pura coacción.

No se trata de justificar un intervencionismo de signo contrario para implantar vía invasión el sistema democrático en las tiranías. Pero es forzoso asumir, como demuestra también la cronificación del despotismo en Cuba, que la vía diplomática es incapaz de precipitar una transición democrática cuando una dictadura se atrinchera. Sin ir más lejos, el caso español recuerda que, para que se produzca ese cambio, se requiere de la colaboración de países extranjeros con la facción del régimen dictatorial que conspira para derrocarlo.

Porque ¿qué han hecho realmente la ONU, la Unión Europea o la Organización de los Estados Americanos por evitar que Maduro se salga con la suya?

Hoy va a consumarse una gigantesca farsa que acredita la impotencia de la comunidad global, ayuna de mecanismos efectivos para hacer valer el derecho internacional; y que, por eso mismo, concierne a todos los países democráticos. Incluida España, que de manera tan ambigua se ha posicionado sobre el pucherazo de Maduro.