Cándido Conde-Pumpido ha sondeado a otros miembros del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de bloquear las cuestiones prejudiciales que los tribunales ordinarios interpongan frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando estas pongan en duda sus sentencias o pidan su inaplicación.
Pumpido interpreta que la resolución dictada la semana pasada por la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la sentencia que desactivó las condenas de los ERE supone un ataque a la jurisdicción del tribunal que él preside.
En dicha resolución, la Audiencia Provincial de Sevilla planteó elevar una cuestión prejudicial al TJUE para que este se pronuncie sobre la adecuación de la sentencia del Constitucional sobre los ERE al Derecho comunitario y la lucha contra la corrupción.
La Audiencia Provincial de Sevilla apreció "extralimitación" en la revisión de la sentencia de los ERE (sentencia que fue además avalada por el Tribunal Supremo) por parte del órgano presidido por Conde-Pumpido.
Lo cierto es que el Constitucional no se ciñó en su decisión a su función de supervisión de las garantías constitucionales, sino que entró a valorar las pruebas y a interpretar los tipos penales de malversación y prevaricación, con lo que excedió su ámbito competencial e invadió el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria.
La Audiencia de Sevilla ha pedido al TJUE que dirima si la anulación de la condena de los socialistas andaluces por el delito de malversación es compatible con el Derecho de la UE. Sospecha también el tribunal sevillano que la interpretación alternativa que el Constitucional ha hecho de la malversación no se ajusta al Derecho de la UE, que trata este tipo de delitos, además, con una especial severidad.
La sola interposición de la cuestión prejudicial paralizaría el procedimiento al que se refiere la consulta. Y eso implicaría que la Audiencia de Sevilla podría resistirse a aplicar la sentencia del Constitucional hasta que el TJUE resuelva sus dudas.
Conde-Pumpido ha interpretado esta posibilidad como una insubordinación que cuestiona la primacía del Constitucional respecto a los tribunales ordinarios. Y de ahí que haya sondeado a algunos de los magistrados del Tribunal de Garantías para dar con una 'solución' que bloquee este tipo de cuestiones prejudiciales.
Pero tal 'solución' implica oponerse frontalmente al derecho de la UE y quebrar la lógica del sistema, por no decir convertir en inane la lucha contra la corrupción en el caso concreto de los ERE, y en papel mojado las sentencias de la jurisdicción ordinaria y del Tribunal Supremo contra los dirigentes socialistas.
El artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE permite además consultar ante el TJUE en cualquier momento del procedimiento sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario de un acto adoptado por cualquier organismo europeo.
Este precepto se aplica a todos los órganos jurisdiccionales, tanto de la jurisdicción ordinaria como de la constitucional. Y eso incluye al Constitucional.
Lo que no puede pretender el Constitucional es situarse por encima del TJUE y decidir sobre qué puede y no puede decidir este.
Pero se diría que eso es exactamente lo que pretende Cándido-Pumpido después de haber neutralizado también al Tribunal Supremo al concederle a Chaves y Griñán una amnistía de facto.
Cabe recordar que, en la sentencia con la que se desmanteló la condena por el caso de los ERE, el Constitucional resolvió que la Audiencia de Sevilla y el Alto Tribunal se habían "extralimitado" en sus condenas de 2022 al juzgar unos actos legislativos del Gobierno que "no pueden ser objeto de control por ningún órgano judicial".
Con esta revisión, el Constitucional se erigió en tribunal de casación del Tribunal Supremo, suplantando su función de órgano jurisdiccional superior. Algo que parece querer repetir socavando también la competencia del TJUE.
En virtud del principio de primacía del Derecho europeo sobre el nacional, el Constitucional está también sometido al Derecho de la UE. Si Pumpido pretende recorrer el camino que le llevaría a impedir que los tribunales ordinarios pongan en duda frente al TJUE las sentencias del Constitucional que afecten a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez debe saber que encontrará algo más que polvo en su deriva.