Tengo la firme convicción de que la mayor insolidaridad social es la del ciudadano que no cumple con sus obligaciones tributarias. Y ello porque la contribución de todos en función de las posibilidades de cada uno es un ejercicio de compromiso con las personas con las que convivimos, a fin de que nuestros hijos gocen de las mismas oportunidades y reciban la misma atención médica o educativa, de que nuestros mayores dispongan de los cuidados que merecen, o de que nuestras empresas gocen de un adecuado respaldo de la Administración.

La evasión fiscal es insumisión para con los problemas de las personas con las que compartimos proyecto en sociedad, del vecino e incluso de uno mismo, porque al final todos reclamamos unos servicios públicos potentes y de calidad. Los atajos gangrenan el compromiso ético que reivindico, socavan la sostenibilidad del sistema. Si todos pagamos lo que nos corresponde, todos pagaremos menos y los servicios de Sanidad, Educación o la atención social, que se financian con la aportación de todos, estarán al nivel de los países europeos avanzados.

Por eso me repugna tanto que alguien haya podido alcanzar la presidencia de la mayor potencia del mundo con la proclama de que si puede, no paga impuestos. Eso lo hemos sufrido mucho en la Comunitat Valenciana, con responsables políticos que públicamente pedían sacrificios y recortes a los ciudadanos, y por la puerta de atrás buscaban gateras para financiar en B el partido o montar complejos entramados para defraudar a Hacienda.

En veinte años no se habían cruzado bases de datos de contribuyentes susceptibles de haber defraudado

He hecho este preámbulo porque para el Gobierno valenciano de Ximo Puig los instrumentos de los que queremos dotar la nueva Generalitat no son un fin en sí mismo. Tienen sentido en la medida en que pueden ser útiles para el conjunto de los ciudadanos, hacer la vida más fácil y de mayor calidad.

Nos encontramos en la Generalitat con un sistema tributario infradotado, no por culpa de sus gestores directos, sino por los responsables políticos al más alto nivel, que decidieron precarizar la Administración tributaria, dejarla si apenas medios materiales y humanos, instalada en un raquitismo crónico, desmotivada, de manera que, a la vista del panorama, solo cabía dejarse llevar por la inercia de las cosas.

Para que se hagan una idea, en la Comunitat Valenciana, en veinte años no se había hecho algo tan elemental como cruzar dos bases de datos y remitir requerimientos masivos a contribuyentes susceptibles de haber incumplido sus obligaciones. El resultado es que hemos sido terreno abonado para que muchos -sobre todos las personas con mayores posibilidades económicas y recursos- pudieran eludir con relativa facilidad sus obligaciones. Si me permiten la licencia, por la fuerza de los (no) hechos, convirtieron la Comunitat Valenciana en una especie de paraíso fiscal para determinadas personas.

Aspiramos a gestionar íntegramente los impuestos propios y cedidos que tenemos, y a compartir la información

Por eso queremos una Agencia Tributaria Valenciana potente y muy profesionalizada, con medios materiales y humanos acordes al siglo XXI. Ese es el punto de partida y nuestra responsabilidad más inmediata. El actual Instituto Valenciano de Administración Tributaria es el embrión. Pero la clave para hacer realidad esa futura Agencia está, además de en todo esto que acabo de mencionar, en la capacidad que tenga para relacionarse en condiciones de igualdad -dentro de la dimensión y competencias de ambos organismos- con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y en que la futura organización permita la integración de los servicios de recaudación de las diputaciones y de los ayuntamientos.

La dispersión de la información, la descoordinación entre las administraciones, es el caldo de cultivo de la evasión fiscal. No podemos presentarnos ante los ciudadanos sin haber sido capaces de resolver entre todos estas disfunciones.

Aspiramos a eso. A compartir la información y a gestionar íntegramente en un futuro los impuestos propios y cedidos que tenemos, e incluso, en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica, ampliar esa gestión a otras figuras. Todo ello con la perspectiva de conseguir en el futuro una AEAT federal, donde pueda estar nuestra Agencia Tributaria para compartir responsabilidades.

Vamos a acabar con la interinidad y vamos a crear el Cuerpo de Agentes Tributarios para funciones de apoyo

Actualmente, es la AEAT la que nos presta el servicio de recaudación ejecutiva para el cobro de impagados, con una factura para la Generalitat de 3,5 millones anuales. Por otra parte, hay que remarcar que el 70% de la gestión tributaria en la Comunitat descansa en Oficinas Liquidadoras dirigidas por Registradores de la Propiedad, con un coste de 25 millones para la Generalitat.

Ya estamos dando pasos importantes pero queremos más. Para eso tendremos que dar el salto hacia una Agencia propia potente. Vamos a acabar con el escandaloso nivel de interinidad que existía en personal (superior al 50%) y vamos a crear el Cuerpo de Agentes Tributarios para el desempeño de funciones de apoyo, así como dotar con funcionarios de carrera el Cuerpo Superior de Técnicos Tributarios que hemos creado también.

Además, vamos a negociar convenios de colaboración e intercambio de información con el Estado, de forma que se comparta la misma información sobre las rentas, patrimonio y operaciones realizadas. En un escenario de competencia fiscal lesiva entre las autonomías, la Comunitat Valenciana necesita la cooperación del Estado.

Queremos que el Estado informe a la futura Agencia de los residentes que declaran bienes en el extranjero

Asimismo, se va a intensificar el control sobre los protocolos notariales para la detección de hechos imponibles no declarados. La Generalitat ya ha conseguido durante este año que 1.800 contribuyentes regularicen sus obligaciones, recuperando más de 5 millones de euros para la financiación de los servicios públicos. Y ello simplemente cruzando bases de datos, de un lado, entre los que declararon el Impuesto de Patrimonio en 2008 y no lo hicieron en 2012 -cuando se recuperó el tributo-, y de otro, entre la comunicación trasladada por los notarios de las operaciones escrituradas y las declaraciones realizadas.

Paralelamente, queremos que la futura Agencia firme convenios con el Estado con el fin de que éste le proporcione información sobre los residentes en la Comunitat Valenciana que han declarado bienes en el extranjero, otro foco de eventual evasión fiscal en el impuesto de Patrimonio, al no disponer de manera sistematizada estos datos.

Con independencia de los pasos que podamos dar ya, a la futura Agencia le corresponderá también la elaboración de un plan de control fiscal en relación con las sociedades de tenencia de acciones, sean o no SICAV. El plan de control fiscal incorporará, es nuestro objetivo, un convenio con los Registros Mercantiles para recabar información con relevancia tributaria en este ámbito.

Queremos desterrar la imagen de un sistema implacable con las rentas bajas y medias, y débil con los poderosos

Y, por encima de todo ello, la actual Generalitat y el conjunto de las instituciones hemos de ser capaces de trasladar ese compromiso ético que debe impregnar un país moderno y avanzado en el que causa bochorno que desde ciertas instancias se sostenga que aquello de que “Hacienda somos todos” no es más que un mero eslogan publicitario. En modo alguno.

Queremos desterrar la imagen desagradable de un sistema tributario implacable con las rentas bajas y medias, y débil y permisivo con los poderosos. Al contrario, es el mejor aliado y guardián de la solidaridad, sustentada en los recursos con los que se financian la Sanidad, la Educación y los servicios sociales de todos los ciudadanos.

*** Vicent Soler i Marco es conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana.