Hace unas semanas tuve el honor de participar en las jornadas del primer aniversario de El Español. A mí me tocó intervenir, en nombre de mi partido, Ciudadanos, sobre la “reforma fiscal y presupuestaria”. Creo que fue una buena idea como señalaba el director de este medio, Pedro J. Ramírez, celebrar el aniversario debatiendo en una universidad y no celebrando una fiesta en un hotel.

Aunque Javier G. Jorrín y John Müller han explicado alguno de los asuntos tratados en el debate, creo que merece la pena dedicar algunas líneas a explicar algunas ideas que pude debatir con Matilde Asián del PP, ahora secretaria de Estado de Turismo, Pedro Saura del PSOE y Nacho Álvarez, de Podemos.

Empezando por el principio, hablemos de presupuestos. La crítica más habitual a cualquier propuesta de reforma fiscal es que: “los partidos no quieren recortar el gasto, y sólo se ponen de acuerdo en subir impuestos”. Naturalmente, cuando se producen recortes, las críticas son también feroces.

Cuando las previsiones de ingresos son pura fantasía, se autorizan gastos para los que no hay ingresos suficientes

El origen del problema está en los presupuestos. Un presupuesto es la materialización de la política, y contiene dos elementos: la previsión de ingresos que se van a obtener, y con los mismos los gastos que se autorizan. Hacer previsiones de ingresos fuera de la realidad es creernos nuestras propias mentiras. Y las peores mentiras son siempre las que nos contamos a nosotros mismos.

Cuando las previsiones de ingresos son pura fantasía, se autorizan gastos para los que no hay ingresos suficientes. En mi primera colaboración en El Español, ya lo advertía respecto de los presupuestos para 2016. La forma más eficaz de controlar el gasto público es hacer presupuestos realistas, y eso pasa porque las previsiones de ingresos se cumplan.

En 2016, las previsiones de ingresos de IRPF, cotizaciones de Seguridad Social e Impuesto de sociedades estaban completamente fuera de la realidad. Y eso se podía ver en agosto del año pasado. Finalmente, se incumplen los objetivos de déficit y se tiene que recortar de forma apresurada, sin pensar. Por ejemplo, se cierra la contabilidad en agosto, no admitiendo facturas indiscriminadamente, que habitualmente se vuelven a pasar al año siguiente. Esto se denomina cierre contable y ni es suficiente, ni mucho menos una forma inteligente de decidir en qué se gasta el dinero de los impuestos: en las facturas que lleguen antes.

Aunque los beneficios de las empresas están en máximos históricos, la recaudación por sociedades se ha derrumbado

Hace un par de semanas, el Gobierno, entonces en funciones, envió a Bruselas un borrador o draft presupuestario, que contenía una previsión de ingresos, en el supuesto de que no hubiese cambios en las normas fiscales o presupuestarias. De este documento se ha comentado que reconoce un ajuste pendiente de 5.500 millones de euros. Es decir, que si sólo se realizasen las modificaciones legislativas que en el propio borrador se proponen -como prorrogar la vigencia del Impuesto de patrimonio-, acabaríamos con un déficit del 3,6% y no con el 3,1% al que nos hemos comprometido.

Sin embargo, la previsión de ingresos vuelve a ser optimista, aunque no tanto como la de los Presupuestos de 2016 que, como ya advertí reiteradamente, sobrevaloraba los ingresos en nada menos que 25.000 millones de euros. Para el año que viene, el principal problema vuelve a estar en el Impuesto de sociedades.

Aunque los beneficios de las empresas se han recuperado, y de hecho están en máximos históricos, la recaudación del Impuesto de sociedades se ha derrumbado. Esto ha significado que ha habido que apuntalar la recaudación con un decreto ley que ha incrementado los pagos fraccionados para obtener 9.000 millones de euros adicionales.

No es que una reforma del Impuesto de sociedades sea hoy imprescindible, es que también es urgente

Lo peor de todo, es que no sólo algunos niegan la realidad de un impuesto en crisis, sino que otros -incluido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro- se creen que los problemas estructurales del impuesto se resuelven adelantando pagos. Con el adelanto de 9.000 millones recaudaremos unos 21.000 millones este año. El año que viene, este dinero se devolverá, aunque volveremos a exigir 8.200 millones por anticipado: el efecto es cero.

Explicando la película completa, como con la legislación de 2015 estábamos exigiendo por anticipado unos 5.000 millones, el efecto neto será una caída de unos 3.000 millones de euros en la recaudación de sociedades. El año próximo no recaudaremos más de 18.000 o 19.000 millones sin reformar en profundidad el impuesto.

Actualmente, en la mayoría de los países desarrollados, los ingresos por Impuesto de sociedades están alrededor del 2,8% del PIB, es decir, unos 30.000 millones de euros. Lo peor es que con unos beneficios de las empresas similares, en 2007 recaudábamos casi 45.000 millones de euros. En resumen, no es que una reforma del Impuesto de sociedades sea imprescindible, es que también es urgente. Si no la hacemos, no podremos cumplir los objetivos de déficit sin subidas de impuestos a la clase media y recortes en el Estado del Bienestar, derivados únicamente de la incapacidad de cobrar a las grandes empresas una cuantía parecida a la de los países desarrollados a las grandes empresas. Otra cuestión es que haya intereses de algunas empresas en contra, o que simplemente no se sepa cómo hacerlo y por tanto se quiera esquivar el debate. El gobierno debería abordar esta reforma y no subir el IVA y el IRPF como hizo en 2012, al menos si quiere nuestro apoyo en el trámite presupuestario.

Si por cada seis euros que Alemania dedica contra el fraude, España dedica uno, no cabe esperar los mismos resultados

Otra cuestión clave es la lucha contra el fraude fiscal. Al igual que ocurre con el control del gasto y el recorte del gasto político, no sólo es una cuestión de cuadrar las cuentas, que también, sino fundamentalmente de legitimación del sistema.

Hay un consenso en que España debería dedicar más medios a la lucha contra el fraude. Si por cada seis euros que Alemania dedica a la lucha contra el fraude, España sólo dedica uno, no podemos esperar los mismos resultados. Como se puede consultar en mi libro ¿Hacienda somos todos? Impuestos y fraude en España (Debate 2014), España dedica muchos menos recursos humanos, presupuestarios y materiales a la lucha contra el fraude, que todos los países de nuestro entorno. Pero no podemos poner un inspector de Hacienda detrás de cada español. Convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos es la medida antifraude más importante de todas.

Por eso, la primera iniciativa que Ciudadanos presentó en esta legislatura fue instar el cumplimiento del punto del acuerdo de investidura con el PP (que también se recogía en el acuerdo de gobierno con el PSOE) de que se revisen los expedientes de los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal a fin de que tributen un 10% efectivo, y no el 3% que pagaron. Antes de exigir el primer euro a los contribuyentes honestos hay que hacer cumplir la ley a los defraudadores, aunque sea una ley tan favorable y vergonzosa como el Real Decreto Ley de amnistía fiscal. Hoy volvemos a insistir con la cuestión presentando una interpelación parlamentaria al Gobierno instándole a que cumpla el compromiso que tiene pendiente con nosotros, con el Congreso pero sobre todo con los contribuyentes honestos de España.

España no se puede permitir 20 impuestos de sucesiones por el hecho haber distintas autonomías

En fin, lo primero que debería perseguir una reforma fiscal en España sería volver a articular un sistema fiscal. Lo que ahora tenemos es un conjunto desarticulado de impuestos. Esto tiene bastantes causas, pero una de las más importantes está en el sistema de financiación autonómica. España necesita reformar la financiación autonómica para que no sólo haya autonomía financiera, sino también responsabilidad fiscal de los gobernantes. No se pueden establecer servicios públicos, e incluso apropiarse de competencias de otros niveles de gobierno, por ejemplo creando estructuras de Estado, para luego pretender que pague el Estado, es decir el resto de los contribuyentes.

Una de las derivadas de todo esto afecta a la fiscalidad. Se puede comprender con un ejemplo bastante gráfico, aunque hay más: España no se puede permitir tener 20 impuestos de sucesiones distintos, con diferencias de más de 100 a 1 en la cuantía a pagar por el impuesto, por el mero hecho de tener establecida la residencia en una comunidad autónoma u otra.

Para concluir, un sistema fiscal no vale más de lo que vale la Administración Tributaria encargada de aplicarlo. Ahora bien, si los impuestos que se exigen tardan años en revisarse, si tardamos muchos más años en intentar cobrar a los delincuentes fiscales que a los contribuyentes honestos, claramente tenemos un problema.

Hay más de 6.000 millones pendientes de cobro en Tribunales Penales que nos han defraudado a todos

Sólo dejo dos datos: hay más de 6.000 millones de euros pendientes de cobro en Tribunales Penales, que nos han defraudado a todos los delincuentes fiscales. Respecto de la vía administrativa, tenemos sólo en los Tribunales Económico Administrativos más de 200.000 asuntos pendientes de resolver, mientras cada año se resuelven mucho menos asuntos de los que entran.

Como señalaba Séneca, nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Es otra cuestión que tenemos pendiente, dotar de medios a una Administración de Justicia que los necesita imperiosamente.

En resumen, estos cuatro ejes: presupuestos realistas, lucha contra el fraude, reforma del Impuesto de sociedades y mejora de la justicia penal y administrativa, son los que expuse en el debate, y desde Ciudadanos queremos llevarlos al Congreso en esta legislatura que empieza. Recordemos que aunque algunos quieran negar la legitimidad del Congreso, los Parlamentos nacieron precisamente para eso, para aprobar los impuestos: “No taxation without representation” (No debe haber impuestos sin representación).

Post scriptum: La realidad es tozuda y en el Congreso, la sede de la representación popular, a veces no se abordan precisamente los problemas de los españoles. Tres días después del debate en EL ESPAÑOL, al finalizar la sesión de investidura en el Congreso no podía acordarme de que hubiese habido un debate sino de los insultos, de la ovación cerrada de los diputados de Podemos al discurso de Bildu, y también a algún otro que parece comportarse como un mercader del odio, de las agresiones a nuestras diputadas… En fin, me acordé de la representación y la democracia, y de las palabras de Abraham Lincoln: “El Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo no desaparecerá de la faz de la Tierra”.

*** Francisco de la Torre Díaz es diputado de Ciudadanos, presidente de la comisión de Presupuestos del Congreso e inspector de Hacienda.