“Yo estoy en contra de la pena de muerte, con tal de que empiecen los señores asesinos”. Alfonso Karr. Les Guêpes (1848).
El pasado jueves, 8 de diciembre, en la prisión Holman de Atmore, del Estado norteamericano de Alabama y por el método de inyección letal, fue ejecutado Ronald Smith, condenado a la pena capital por matar, en 1994, al dependiente de una tienda de la ciudad de Huntsville.
María Torrens, cronista de este periódico, cuenta que Smith se despidió de este mundo renunciando a decir la última palabra. “No, señora”, contestó a la pregunta de si quería decir algo. A continuación el verdugo comenzó la ceremonia con la administración de varios productos, entre los que se encontraba el fármaco Midazolam que es una benzodiazepina de “vida corta” que actúa sobre el sistema nervioso central con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticompulsivos, amnésicos y que bloquea la respiración.
La información añade que aun cuando fue declarado muerto a las 23:05 horas, entre las 22:34 y las 22:47, el ajusticiado Smith, de 45 años, luchaba por respirar, suspiraba, tosía y apretaba los puños. “Por momentos, su ojo izquierdo también parecía ligeramente abierto”, afirma el periodista Kent Faulk del diario digital Al.com, presente en la ejecución.
En 2015 al menos 1.634 personas fueron ejecutadas en 25 países, un aumento del 50% respecto al año anterior
No voy a ofrecer en esta tribuna unas referencias prolijas sobre el actual mapa mundial de la pena de muerte. Quizá el dato más importante es que la pena capital, hoy por hoy, está abolida en casi todos los países y que sólo se aplica en 58, entre los cuales figuran algunos Estados de Norteamérica.
Según anotaciones tomadas del informe elaborado por Amnistía Internacional en octubre de este año, en 2015 al menos 1.634 personas fueron ejecutadas en 25 países, lo que supone un aumento del 50% respecto al año anterior. De aquel número y periodo de tiempo, 20 lo fueron en EE.UU. y 2 en Alabama. A la fecha, alrededor de 1.200 condenados a muerte están en lista de espera para ser llevados al otro mundo, con la única y diminuta expectativa del gobernador de turno.
Estas cifras, aunque escalofriantes por sí mismas, como lo es la nueva ejecución, estremecen todavía más si se tiene en cuenta que, a tenor de una encuesta “a pie de cadalso”, el 64% de los ciudadanos norteamericanos está de acuerdo con que se mate a un delincuente en pago de un grave delito cometido. Y ello a pesar de que estudios autorizados concluyan que un 7% de los ejecutados son inocentes, que los latinos y los negros lo tienen peor que los blancos y que los pobres no pueden pagarse una buena defensa y, menos aún, la prueba del ADN capaz de identificar a un asesino entre 3.000 millones de personas.
Una sinrazón que los antiabolicionistas defienden es que eliminar al delincuente asegura la ejemplaridad
Para defender la pena capital, sus partidarios esgrimen el eslogan de “Si tú matas, nosotros te matamos” que inspira la película Pena de muerte y argumentan que el orden es necesario en versión de Rousseau y su Contrato social cuando asegura que si para conservar el Estado es preciso que el malhechor perezca, entonces hay que darle muerte, y que viene a ser igual a lo que sostenían los opositores al proyecto de suprimir en Francia la pena capital, después de que gran parte del país se había convencido de que la guillotina, aplicada, entre otros, a Luis XVI y a Robespierre –la cruelle exception decían–, era un completo disparate.
O sea, más o menos que lo que defiende el Tribunal Supremo de los EE.UU. cuando afirma que los cánones morales de la sociedad americana no permiten concluir que la pena de muerte viole la VIII Enmienda que garantiza que “no se apliquen castigos crueles y desusados” y que es lo mismo que el propio tribunal dijo en 1989 –Asunto Penry versus Lynaugh–, al sentenciar que “los estándares de decencia de la sociedad actual no prohíben la ejecución de un retrasado mental”.
Otra sinrazón que los antiabolicionistas de la pena de muerte ofrecen es que la eliminación del delincuente asegura la ejemplaridad. Hay gente –hasta santos como Tomás de Aquino– que defiende la pena de muerte alegando que lo mismo que se amputa un brazo gangrenado para impedir que la infección se extienda a todo el organismo, también un delincuente corrompido debe ser eliminado para evitar la contaminación de todo el cuerpo social.
Las estadísticas demuestran la falta de relación entre la pena de muerte y la prevención de los delitos
Para mí que quienes así piensan, aparte de olvidar que también los cementerios están llenos de orden y silencio, desconocen algo tan elemental como que las penas lo que necesitan es ser justas, no ejemplares, y que la de muerte jamás lo es. Muy al contrario, constituye un grave fracaso, pues ni protege al inocente ni detiene la mano del criminal. Al único que disuade es al ejecutado y las estadísticas demuestran la falta de relación entre pena de muerte y prevención general.
Si a eso se añade que de cada cinco delitos contra la vida sólo en tres el autor llega a ser identificado, entonces hay que reconocer que al criminal no le faltan motivos para la confianza. Eso sin contar que la dilación en la ejecución, como la ocurrida en el caso de Ronald Smith que se llevó a cabo después de 22 años de que los hechos fueran cometidos, permite pensar que, al final, puede que se ejecute a un hombre muy distinto del que en su día fue juzgado y condenado a muerte. Esperar tantos años es una agravante terriblemente cualificada y más en supuestos, como el de Smith, en los que el juez aplica la pena capital a pesar de que el jurado recomienda la cadena perpetua.
La noticia que da pie a este comentario asegura que, según los responsables del departamento penitenciario de Alabama, en la ejecución de Ronald Smith se siguió el protocolo habitual y que todo fue limpio. Quien esto escribe, educado, como muchos españoles, en el esfuerzo de alejar de sí cualquier tentación de violencia, discrepa rotundamente de la humanidad y eficacia del método de inyección letal empleado.
Los múltiples fallos detectados fueron el motivo por el que la inyección letal sustituyó a la vieja silla eléctrica
Al parecer, los múltiples fallos detectados en las electrocuciones, con condenados abrasados y recintos penitenciarios oliendo a carne quemada, fueron el motivo por el que la inyección letal sustituyó a la vieja silla eléctrica. Sin embargo, casos como el que ocupa este comentario prueban que el método resulta tan inhumano como el anterior.
Instituciones tan prestigiosas como la Asociación Británica de Médicos y de Anestesistas se han pronunciado en contra, al considerar que la inyección intravenosa no debe aplicarse sin la cooperación del condenado y que el ponerla requiere una experiencia que la profesión médica no debe utilizar para dicha finalidad.
Por obvio que parezca, voy a decir algo que, a mi juicio, no está de más. El problema de la pena capital forma parte de una cultura de violencia y muerte. Sé bien que algunos científicos afirman que la crueldad es un rasgo de la naturaleza humana y hasta admito que el planeta Tierra esté habitado no por tantos hombres como pensamos y sí por más bestias que las contadas, pero, en cualquier caso, llegada su hora, la justicia no puede basarse en la venganza.
Mientras el hombre no firme consigo mismo un pacto contra la violencia, el dilema de la pena capital no se resolverá
Matar a un semejante, lo haga quien lo haga, incluido el Estado, es injusto, como injusto e inhumano es cortar la mano al ladrón, y si los que mandan matar se escudan en que el orden es necesario y la necesidad justicia, sin importarles nada, ni tan siquiera el error pese a saber que la muerte, por irreversible, ni tiene marcha atrás ni admite reparación, entonces no hay mejor refugio que las palabras de Dickens de que aun cuando todos los comentaristas del mundo apoyaran la pena de muerte, nadie conseguiría convencernos de que el crimen no sirve para combatir el crimen.
Es posible que la clave resida en que los hombres no tengamos capacidad para sentir todo el dolor que estos hechos deben producirnos y que falta mucho para que la humanidad entera sienta repugnancia ante ellos. Tal vez ocurra que quienes en el momento de una ejecución piensan que “se está haciendo justicia”, saben que en el ser humano las posibilidades de crueldad son infinitas y que es preferible dejarlas merced al ciclón de las pasiones. De ser así, habría que admitir que mientras el hombre no firme consigo mismo un pacto contra la violencia, el dilema de la pena de muerte no se resolverá y siempre tendríamos a mano un Ronald Smith de turno al que ejecutar y someter a 13 minutos de interminable agonía.
Ante este panorama, sólo nos queda pedir a los clemente dioses que ojalá no esté lejos el día en que se publique: “La pena de muerte ha muerto”. Yo, si sigo vivo, con mucho gusto, escribiré el obituario. Mientras la noticia llega habrá que conformarse con ese fatídico grito que Larra describe en Un reo de muerte y que desde el amanecer resonaba por las calles del pueblo entonado por los Hermanos de la Paz y Caridad a favor del condenado: “Para hacer bien por el alma/ del que van a ajusticiar”.
*** Javier Gómez de Liaño es abogado y consejero de EL ESPAÑOL.