Uno de los efectos directos del larguísimo periodo electoral que hemos tenido ha sido el descontrol del déficit. Como ya he comentado en reiteradas ocasiones en este diario, en 2015 año preelectoral, el Gobierno del PP redujo los impuestos, sin calcular los números, especialmente en el impuesto de sociedades, y tampoco hizo un esfuerzo para controlar el gasto. Algo similar pasó en 2016, año en el que entraba en vigor la parte más importante de la rebaja del impuesto de sociedades. Como además, se repitieron elecciones, el partido en el Gobierno prometió volver a bajar los impuestos.

Ahora parece que vamos a cumplir con el objetivo de déficit del 4,6% para 2016. Esto es una buena noticia, pero oculta varios fracasos previos. Por una parte, que el objetivo original para este año era el 2,8%, es decir que en 2016 el Gobierno se ha desviado en la ejecución presupuestaria en más de 18.000 millones de euros. Esto no ha sido gratuito. Es cierto que hemos evitado, por los pelos, una multa de la Comisión Europea que podía haber llegado a los 6.000 millones de euros. En segundo lugar, la nueva senda de déficit nos obliga a realizar un enorme ajuste el año próximo para pasar a un 3,1%. De haber hecho las cosas bien el Gobierno, o incluso medio regular, el ajuste del próximo año sería mucho más sencillo.

La reforma fiscal del impuesto de sociedades que realizó Montoro simplemente era insostenible

Estamos hablando de medio regular, porque este año 2016 cumpliremos el nuevo objetivo por el sistema de incrementar de forma drástica los pagos fraccionados del impuesto de sociedades. Esto ha supuesto adelantar ingresos de este impuesto, del próximo año, en más de 9.000 millones de euros. Por esa razón para el próximo año o reformamos la ley del impuesto de sociedades, o la recaudación descenderá: aunque el incremento del pago fraccionado continúa, sin embargo hay que devolver lo recaudado de más este año. La reforma fiscal del impuesto de sociedades que realizó Montoro simplemente era insostenible y no nos la podíamos permitir: con ella algunas grandes empresas y grupos consolidados estaban pagando los tipos efectivos más reducidos de la historia.

A intentar solventar alguno de estos agujeros viene el Real Decreto Ley 3/2016. Desde luego no es la reforma fiscal que necesita el impuesto de sociedades. Sin embargo, y aunque evidentemente se echan de menos algunas medidas, como por ejemplo eliminar deducciones para compensar la rebaja de los tipos impositivos de la Disposición Transitoria 37ª, alguna otra de las medidas que contiene es simplemente inevitable, como la limitación de la compensación de bases imponibles negativas- pérdidas fiscales. Si no se limita la compensación de pérdidas fiscales, en línea como han hecho otros países europeos, no se alcanzará un mínimo de recaudación en el impuesto. Aun así, en mi opinión, otras medidas en el impuesto son discutibles, y desde luego hace falta una reforma en profundidad para cerrar agujeros.

El Gobierno aprobará más pronto que tarde un incremento en la fiscalidad de los carburantes

Otra medidas buscan la recaudación fácil. En este sentido, se han incrementado los impuestos de las bebidas de alta graduación, y los denominados productos intermedios (como el vermú) un 5%. Además también se ha incrementado la fiscalidad del tabaco. Sin embargo, ha quedado fuera de momento el incremento de impuestos medioambientales, que es la parte más relevante de los 850 millones de incremento de impuestos especiales y medioambientales. Ahora bien, estos 850 millones de incremento de estos impuestos se han comprometido en el Plan presupuestario enviado a Bruselas la semana pasada. Esto significa que el Gobierno aprobará más pronto que tarde un incremento en la fiscalidad de los carburantes, que como en el caso de los impuestos especiales afectará de lleno a la clase media.

Con todo, la parte más criticable a mi entender de este Decreto Ley de medidas fiscales es el “endurecimiento de los aplazamientos”. Mediante esta medida se pretende incrementar la recaudación nada menos que 1.500 millones de euros, según los números del Gobierno enviados a Bruselas. Esto puede parecer sorprendente, porque esencialmente lo es. Los aplazamientos no son gratis, sino que se paga un 3,75%, o si están garantizados un 3,25%, y obviamente se pagan. Evidentemente, hay cuotas de aplazamiento o fraccionamiento que no se pagan porque se busca defraudar. Sin embargo, en esos casos, a partir de ahora, o bien no se declarará, o alternativamente, se presentará una declaración en la que se alegará imposibilidad de pago. Esto quiere decir, como sabe cualquiera con un mínimo de experiencia en la recaudación tributaria, o en la actividad económica real, que reducir el fraude no se consigue simplemente no dando facilidades de pago de ningún tipo.

No es cierto que todas las empresas y los autónomos puedan acceder sin ningún problema a financiación bancaria

Lo peor de todo, es que esta nueva regulación de los aplazamientos no sólo es durísima, y en consecuencia muy negativa para la actividad económica, es que además es una chapuza. Por ejemplo, el Real Decreto Ley obliga a inadmitir aplazamientos "correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades". Lo que seguramente ha pretendido el Gobierno es que los pagos fraccionados del impuesto de sociedades no sean aplazables. Lo que realmente pone es que como cualquier sociedad está obligada a realizar pagos fraccionados, ninguna deuda tributaria de ninguna sociedad es aplazable en ningún caso.

Esta medida le va a hacer mucho daño a las pymes. Los autónomos tampoco se van a librar ya que el IVA -y de paso los impuestos especiales-, va a pasar a ser inaplazable, salvo que se pruebe que no se han cobrado las cuotas repercutidas. En muchos casos, esta prueba va a ser imposible, o bien porque se ha vendido a un consumidor final, o bien porque la empresa morosa que tiene que pagar no va reconocerlo y certificar. En un país, donde a muchas pymes se les paga a 300 o 400 por las grandes empresas, o incluso por algunas administraciones, la medida no puede ser menos afortunada, y evidentemente debería ser modificada; porque simplemente no es cierto que todas las empresas y los autónomos puedan acceder sin ningún problema a financiación bancaria, y mucho menos a bajos tipos de interés.

Ciudadanos ha evitado que la legislatura empiece con la subida del IVA y el IRPF como hizo el PP en 2012

Por último, este Decreto Ley de medidas fiscales incrementa las cotizaciones de las empresas y los trabajadores, además de actualizar -en muchos casos al alza- los valores catastrales que utilizan los ayuntamientos, que no tienen problemas de déficit, para cobrar el IBI. Aquí también sorprende que el Gobierno se anticipe por vía de Decreto Ley a las eventuales conclusiones del Pacto de Toledo, que debería abordar la reforma de las pensiones y la forma de financiarlas.

En conclusión, hay algunas medidas en el Decreto Ley de medidas fiscales inevitables, por lo menos ahora, después de la gestión del PP y de la fracasada reforma del impuesto de sociedades. Desde luego, se echan en falta medidas en la lucha contra el fraude, y sobre todo en el control del gasto superfluo y las duplicidades. Alguna de ellas, como una auditoría externa del gasto público, dirigida por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, una medida impulsada por Ciudadanos, están incluidas en el Borrador Presupuestario enviado a Bruselas. Sin embargo, había mucha más prisa por incluir subidas de impuestos y cotizaciones sociales que no estaban en el Acuerdo de investidura, ni tampoco en el programa electoral del PP. Por último, la regulación de los aplazamientos no sólo es una chapuza sino un error grave de política económica.

Por todas esas razones, Ciudadanos se abstendrá en la votación de estas medidas fiscales y pediremos su tramitación como proyecto de ley, para intentar corregir algunos graves errores de este Decreto Ley. El anterior gobierno del PP también empezó con subidas de impuestos, en esta ocasión como el PP ya no tiene mayoría absoluta, hemos evitado que esto empiece subiendo el IVA y el IRPF como hizo el PP en 2012, pero creemos que siendo más ambiciosos en el recorte del gasto superfluo y en la lucha contra el fraude, este comienzo hubiese sido distinto y mejor para casi todos.

*** Francisco de la Torre Díaz es diputado y portavoz de Hacienda de Ciudadanos.