El gato por liebre de la infanta Cristina ¿y otros despropósitos?

El 17 de febrero de 1937, una atractiva joven norteamericana, en Madrid para estudiar arte interpretativo, se disponía a comer acompañada de su madre. Tras tomar la segunda cucharada del guisado con liebre, ambas llegaron a la misma conclusión. En un reportaje publicado años después en el National Geographic Magazine, lo contaba así: “El gato guisado nos costó a mí y a mi madre un dólar el plato. Somos estadounidenses y aún teníamos dinero. Dos españoles ancianos, menos afortunados, nos observaban a través del ventanal del restaurante”.

“La carne oscura y surcada de tendones, como la de la liebre por la que la hacen pasar, fue la primera que comíamos en seis semanas, salvo la de caballo”. La estudiante Gretchen Amelia Schwinn, nacida en Los Ángeles (California), pagó, dejó una propina y salió escopetada porque a unos kilómetros sonaban disparos de la artillería del ejército franquista. No tenía tiempo para quejarse al camarero de que le habían dado gato por liebre.

Exactamente 80 años después, este 17 de febrero de 2017, poco antes de la hora de la comida, los españoles en general tuvieron la misma sensación que Gretchen: la ensaimada judicial a modo de sentencia emitida desde Palma de Mallorca tras meses de deliberación daba gato por liebre. Sobre todo, al escuchar la absolución de la infanta Cristina, la colaboradora necesaria sin la que Iñaki Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de prisión, habría sido incapaz de vender unos clínex en un semáforo. (Léase, seis millones de euros en propinas procedentes de diferentes instituciones del Estado, además de otras grandes empresas).

No es que el pueblo soberano, siempre con ganas de joder a los poderosos inalcanzables, esperase una condena ejemplar del tipo El Verdugo. Como homenaje a la película de Berlanga, estrenada precisamente otro 17 de febrero (de 1964), no habría estado mal. En este caso, el garrote vil para la monarquía española y para Felipe VI habría sido que Cristina, séptima en la línea de sucesión, hubiera tenido que entrar en prisión.

Ahora bien, del garrote vil a la exoneración total de la infanta había pasos intermedios. Tanto es así que al juez Castro, instructor del caso Nóos, el (desa)guisado de la sentencia ni le supo siquiera a gato, sino directamente a rata.

Personalmente, la condena leve (por los méritos que había hecho) del duque emPalmado –como él mismo firmaba en emails- me ha dejado flácido. Más ofensivos, intelectualmente hablando, resultan los argumentos aceptados por el jurado (formado por tres mujeres) para dejar libre de toda culpa a Cristina. Porque resulta que la infanta de España, tan bien preparada, con fama de inteligente y aplicada, no se enteró de nada.

Cristina de Borbón y Grecia es la séptima persona en la línea de sucesión a la Corona y a la Jefatura del Estado

Sí: la directora del área internacional de la Fundación La Caixa, capacitada para desarrollar complejos proyectos de ayuda en países de todo el mundo, trabajo por el que recibe unos 200.000 euros al año, no se enteró lo más mínimo de las cuentas de sociedades en las que participaba con su marido, Iñaki Urdangarin. Y si no se enteraba de esto, tampoco podía imaginarse que dormía con un prevaricador administrativo, un malversador de caudales, un falsificador de documentos, un traficante de influencias y un delincuente contra Hacienda. Todas estas figuras penales le son atribuidas a Iñaki en la sentencia para condenarle a seis años y tres meses de prisión.

Cristina de Borbón y Grecia no es una cualquiera (dicho esto sin ánimo de ofender). Es la séptima persona en la línea de sucesión a la Corona y a la Jefatura del Estado, detrás de las princesas Leonor y Sofía, de la infanta Elena y de los hijos de ésta, Froilán y Victoria. Si mañana sucediera una catástrofe imposible e impensable de imaginar, sería por derecho (im)propio la reina y Jefa de Estado al haber quedado libre de culpa en el referido juicio. Se supone que Urdangarin no podría actuar de rey consorte durante siete años y un mes al haber sido inhabilitado para un cargo público durante este tiempo.

Son los beneficios de hacerse la tonta. Por las redes sociales circula un DNI apócrifo de la infanta Cristina. Primer apellido: No sé. Segundo apellido: No me consta. Nombre: No lo recuerdo. Fecha de nacimiento: lo lleva mi marido. Hija de: papá.

Papá es Juan Carlos, en otro tiempo el número 1. El rey emérito ha sido el otro gran exonerado de este juicio. En cierto modo, Iñaki Urdangarin es el hijo más parecido que ha tenido don Juan Carlos, aunque sea hijo político. Unidos por el desparpajo, la afición a las mujeres, la moral laxa, el gusto por el dinero, el poco amor a la lectura y el mucho por el divertimento, la reducida capacidad dialéctica compensada con un don natural para relacionarse socialmente.

Esto era lo que don Juan Carlos pensaba de sus dos yernos: Jaime de Marichalar, un zoquete; Iñaki Urdangarin, un talento. Un talento de los de San Marcos. Como escribe el evangelista en la parábola de los talentos: “Porque a todo el que tiene se le dará y tendrá de sobra (Iñaki); pero al que no tiene, aún aquello que tiene se le quitará (Jaime); y a ese criado inútil arrojadlo fuera a las tinieblas…”. Fue lo que el rey emérito hizo con Marichalar.

¿HAY DINERO PARA EL AUTISMO?

No, pero sí para robar. Puede que sea demagógico. Pero por encima de todo el caso siguiente es real. El jueves, cuando la sentencia del caso Nóos (Nos, así hablan los reyes, en mayestático), nos recordaba que Urdangarin y su compinche Diego Torres sablearon durante años a diferentes instituciones autonómicas, hasta sacarles un mínimo de seis millones de euros, una pareja amiga me contaba su problema familiar. Resulta que tienen un precioso niño con autismo que cumplirá en unos meses tres años. Quieren matricularlo en un colegio público especial, en Madrid, pero no podrán hacerlo porque no cumplen ¡¡¡el protocolo!!!

El protocolo de la Comunidad de Madrid consiste en lo siguiente: para que un niño autista pueda ingresar en un aula especial, tiene que haber estado todo un año escolar matriculado en un centro público. Como apenas hay guarderías públicas capacitadas para pequeños con este problema, los padres se encuentran con el siguiente dilema al alcanzar la edad de escolarización de su pequeño: o lo matriculan a los 3 años en una clase normal, sin recibir atención especial, y pierden así un año en el que la maduración de niños con trastorno del espectro autista es fundamental, o jamás podrán beneficiarse de la gratuidad pública en un tipo de asistencia necesariamente cara.

El protocolo, en la antigua Grecia, era la primera envoltura que contenía un rollo escrito. Cuando el acta era oficial, el protokollon llevaba el sello de autentificación. La verdad del envoltorio (del protocolo) de la Comunidad de Madrid es que se ha reducido el dinero dedicado a la enseñanza en general, y en casos tan especiales y sensibles como el autismo.

Hace un par de años, la Comunidad de Madrid presumía de ser pionera en la atención a niños y adultos con autismo porque la Consejería de Asuntos Sociales destinaría cuatro millones de euros. Dos menos de los que robó Urdangarin.

Como en España, por lo que se ve todos los días, hay muchos urdangarines, 40.000 coches oficiales (22 veces más que en EEUU) y más de 160.000 políticos con ingresos públicos, ¿cómo es posible que se aduzcan protocolos y gaitas para casos de extrema necesidad en la enseñanza? Pero este es otro juicio pendiente de una buena sentencia electoral.