La tercera dimisión de Aguirre era inevitable porque se quedó aislada de la élite de su partido. Se ha producido de manera que condensa el funcionamiento perverso de los partidos en España. En su dimisión, Aguirre dijo: “Contra la corrupción no basta la acción de la justicia”, tiene razón. “Los ciudadanos tienen derecho a exigir que los políticos asumamos toda la responsabilidad”, en eso se equivoca.

Los ciudadanos tenemos derecho a que los partidos funcionen de manera que exijan la responsabilidad de los políticos, que ellos han llevado a las instituciones, a través de sus órganos internos. Esta dimisión se ha producido como resultado de un forcejeo entre las élites del PP, no porque se hubiera convocado a la Junta Directiva Regional de Madrid del PP (el parlamento interno de este partido en Madrid) para debatir la situación creada, que hubiera sido lo lógico en cualquier país, y Aguirre previera una votación negativa que prefiriera evitarse.

Una dimisión por responsabilidad política nunca es una decisión personal, sino resultado de un mecanismo que se pone en marcha

En los días anteriores, dirigentes nacionales y regionales del PP, designados para sus cargos por Rajoy y cuya continuidad depende de Rajoy, declararon que la decisión de Aguirre era personal. Es evidente que la perversión en el funcionamiento de los partidos españoles se ha filtrado hasta los tuétanos de los políticos. Nadie en el PP pensó que “el partido”, o sea, su parlamento interno, debiera reunirse para analizar la grave situación creada por la detención, nada menos, que del expresidente autonómico, que se encontrará en la cárcel con el exsecretario general del partido y exconsejero.

Una dimisión por responsabilidad política nunca es una decisión “personal” del afectado, es el resultado de un mecanismo político que se pone en marcha y exige responsabilidades a quienes enturbian su funcionamiento o garantizan derrotas electorales. La supervivencia política de Aguirre después de estallar los casos Granados y López Viejo era una anomalía política, sólo explicable porque los partidos españoles están destrozados como organizaciones y son impermeables a la lógica política democrática.

España tiene un grave déficit institucional que está en el origen de la catarata de casos de corrupción y la ineficacia de la política que perciben los ciudadanos: el funcionamiento de los partidos. Muy sintéticamente: ningún partido español cumple la ley de partidos alemana o los usos y costumbres de los partidos británicos, por poner dos ejemplos a los que deberíamos aspirar.

En España no dimite nadie por la ausencia de mecanismos para exigir responsabilidades dentro de los partidos

El motivo por el que en España no dimite nadie, o si lo hace es después de dar espectáculos lamentables, es sencillo: la ausencia de los mecanismos necesarios para exigir responsabilidades dentro de los partidos y de controles internos en las Administraciones. Es muy simple: nadie vigila mejor a un alcalde que sus concejales que aspiran a serlo, ni a los concejales nadie mejor que los compañeros de partido que quieren serlo. Esto se puede aplicar a todos los puestos.

Si ir en las listas depende, como en Alemania, de una votación secreta nombre por nombre entre los afiliados del partido residentes en el distrito, nadie se atreverá a cometer “actos impuros” porque será denunciado ante los afiliados y será excluido “democráticamente” de los órganos del partido y de las listas electorales. Este es el mecanismo purificador alemán o británico –junto con otros- que garantiza la exigencia de responsabilidades. Pero en España las listas las hacen las direcciones de los partidos y los candidatos, lo que garantiza que nadie diga nada, porque el que dice algo, lo paga, y se queda o va fuera. En el PP, por ceñirnos a este partido ahora, las listas de Madrid se reparten entre la dirección nacional, la regional y el candidato, cada uno nombra un concejal o diputado regional. Y así todo, en otros sitios las hace el alcalde o presidente autonómico.

No es extraño que las listas se acaben poblando de parientes -hemos descubierto a una hermana de González diputada autonómica-, amigos, aliados, funcionarios que pasaban por allí y subordinados -y cómplices, por la lamentable experiencia que vamos viendo-. En España han sido aplastados todos los controles, tanto dentro de los partidos como en las Administraciones, eso explica saqueos durante años en el Canal de Isabel II, en el Palau, en los fondos para los ERES en Andalucía, Madrid, Valencia; en las instituciones culturales valencianas, … es demasiado general para pensar que son problemas puntuales. ¿De verdad alguien puede pensar que en estas instituciones nadie sabía nada?, lo que requiere explicación son los silencios.

Las carreras políticas se basan en la cooptación y en un sentido de la lealtad mal entendido

El PP organizó su congreso en febrero de 2017 cinco años después del anterior y no piensa organizar otro hasta después de las elecciones generales, ya está todo el pescado vendido. Es un récord europeo, sólo superado por Forza Italia de Berlusconi, hasta el PC Chino organiza congresos cada menos tiempo. La Junta Directiva Nacional del PP, su parlamento interno, se reunió dos veces en esos cinco años, sin debate, y eso que tuvo temas que debatir, perdió un 30% de sus votos. Los mecanismos para exigir responsabilidades han sido desmantelados, lo que hace más fácil gestionar el partido, y lleva a carreras políticas basadas en la cooptación y lealtad -mal entendida para el partido y el país-. Hablamos del PP, pero casi lo mismo podría decirse de los demás partidos españoles, incluidos los nuevos.

Del estado del PP como organización da idea que en esta ronda de congresos regionales apenas han participado 90.000 afiliados, sobre un censo oficial de 850.000, si tenemos en cuenta que el PP tiene 22.750 concejales y debe tener unos 3.000 cargos en las administraciones autonómicas y del Estado y sus satélites -empresas públicas, consejos, etc- esto hace que haya un cargo público cada 4 afiliados, es decir, una organización de cargos públicos, familiares, amigos y aspirantes a cargos públicos, poco más, con todos los respetos personales.

Estas organizaciones con estos miembros y sin resortes para exigir responsabilidades explican que sea posible el atrincheramiento de los dirigentes ante la opinión pública. Los partidos británicos y la CDU alemana celebran congresos anuales, donde se elige toda la dirección, y se vota la gestión del líder, por todos los delegados en voto secreto, a todos los niveles. Son sistemas de gran presión sobre los dirigentes, que explican que las pequeñas corruptelas sean severamente sancionadas y las grandes sean casi impensables.

Cuando alguien depende del voto de los afiliados para seguir como candidato se cuida mucho de cometer errores

Cuando alguien depende de la votación -cada año o cada seis meses- de los dirigentes locales del partido elegidos por los afiliados, o cuando depende del voto de los afiliados de su distrito para seguir como candidato en su distrito electoral, se cuida mucho de cometer errores. Estos sistemas, aparentemente elementales, pero muy complejos y que deben ser regulados en detalle, son los que garantizan la limpieza y la eficacia de la política. Son los sistemas de drenaje de la suciedad, sin ellos, el resultado es el que vemos en España.

En algo tiene razón Aguirre, no basta la Justicia para acabar con la corrupción, pero el aparato judicial es el último recurso. Son los mecanismos de los partidos los que deben prevenirla mediante votaciones a las personas, reuniones regulares de los órganos internos, elecciones por los afiliados, pesos y contrapesos internos. Todo eso es lo que está fallando en España y produce los extraños desvaríos que se han dicho últimamente: la responsabilidad política como opción personal. Es increíble.

***José Antonio Gómez Yáñez es profesor de Sociología Política. Universidad Carlos III.