Los poderes públicos suelen emplear los medios de comunicación social para difundir sus planteamientos políticos, sus ideologías y estrategias en relación con las diversas cuestiones que ocupan la vida pública. De dicha utilización no queda exenta la crítica a la función jurisdiccional, si bien el uso de los medios de comunicación en este tema es desigual. Si el Legislativo y el Ejecutivo a menudo critican abiertamente al Poder Judicial, éste último en raras ocasiones lo hace frente a los anteriores. Y pocos medios de protección tiene el Poder Judicial, más allá del insólito amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o de la más frecuente defensa realizada por las Asociaciones Judiciales.

El Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Independencia e Imparcialidad Judicial del Consejo de Europa aprobado en la reunión de Ministros y Diputados el 13 de abril de 2016, entre otras cuestiones, recoge como premisa para garantizar la independencia e imparcialidad judicial, la necesidad de adoptar medidas que aseguren que los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo sean respetuosos con las decisiones judiciales en sus actos públicos, así como con la dignidad de los jueces en particular, evitando la crítica pública de las decisiones judiciales concretas y las reprobaciones excesivamente duras o con motivaciones políticas a las resoluciones judiciales o a los jueces.

Nuestro país, en esta materia, dista mucho de cumplir la mencionada recomendación. Hace unos días, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidía, por mayoría, llamar a declarar como testigo del mediático caso Gürtel al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La reacción del Partido Popular no se hizo esperar. El mismo día, en un comunicado público, manifestaron que la decisión "contradice claramente su propia doctrina, de febrero y octubre de 2016, en la que el mismo Tribunal rechazó el testimonio de Rajoy con el argumento de que no era ni pertinente, ni útil para la causa" y consideraban, sin reparo alguno, que la decisión suponía "una situación de abuso de derecho", ya que creían que en la petición de la acusación popular para que declarase el presidente había una "clara intencionalidad política" que "se enmascara bajo un interés jurídico inexistente".

Los partidos políticos hostigan sin ambages al Poder Judicial, pero también lo hacen los otros poderes del Estado

Eso sí, se encabezaba el comunicado con la frase “el Partido Popular respeta, pero no puede compartir la decisión adoptada por la mayoría del Tribunal”, y finalizaba el escrito diciendo que “el Partido Popular reitera su respeto a las decisiones de los tribunales y manifiesta su voluntad de colaboración con la justicia”, como si colaborar con la Justicia fuera algo discrecional, no una obligación constitucional recogida en el artículo 118. De hecho, es frecuente que, bajo la fórmula “respeto a las resoluciones judiciales”, los miembros de los poderes públicos y otros personajes mediáticos pretendan vestir de corrección unas manifestaciones que son en sí mismas una falta de respeto a las resoluciones judiciales.

No es la primera vez que un partido político hostiga al Poder Judicial. El portavoz del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, Mario Jiménez, atacó a la juez que instruía el caso ERE al considerar intolerable la coincidencia de la agenda del PSOE-A con los pasos que seguía la instructora, considerando las imputaciones "sin sentido". Eso sí, manifestando ser siempre “respetuoso” con la instrucción judicial. Pues menos mal. También para Podemos la sentencia del caso Nóos era inadecuada, por considerar que "con esos hechos, en el 99,99% de otros procedimientos judiciales, en el que la acusada hubiera sido una persona ajena a la Casa Real, hubiera sido condenada", en referencia a la infanta Cristina.

Los ataques también vienen desde los otros poderes del Estado. Para muestra, las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando la juez instructora dictó auto de apertura de juicio oral contra el PP por el borrado de los “discos duros de Bárcenas”, diciendo que no creía que el borrado que hizo el partido de los ordenadores usados por el extesorero tuviera “ninguna trascendencia penal”. Esta independiente actuación de la magistrada le valió también la crítica desabrida de Celia Villalobos, diputada del partido procesado. Aún más llamativo e inaceptable fue el llamamiento del Ejecutivo catalán a manifestarse ante el TSJ de Cataluña para colapsar la llegada del procesado, Artur Mas, a la Sala en la que estaba siendo enjuiciado. Un clarísimo intento de influir en el tribunal sentenciador.

Es necesario un refuerzo de la independencia de los jueces a través de mecanismos de defensa del Poder Judicial

En estos y otros casos semejantes, el CGPJ dio la callada por respuesta. Lo cierto es que la Ley Orgánica del Poder Judicial no prevé mecanismos hábiles de defensa frente a injerencias externas. En su artículo 14 se establece la posibilidad de que los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pongan en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, que -salvo que los hechos sean constitutivos de delito, en cuyo caso seguirían un curso procedimental distinto-, podrá realizar una declaración pública oficial en defensa del juez perturbado, medio absolutamente insuficiente e inhábil, sobre todo cuando depende de una decisión de la Comisión Permanente, no muy proclive a concederlo.

En definitiva, es necesario un refuerzo de la independencia de jueces y magistrados a través de mecanismos de defensa del Poder Judicial frente a injerencias de los otros dos poderes del Estado. En la actualidad, asociaciones como la mía, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, son los únicos agentes que están ejerciendo de facto la defensa de los jueces intimidados en su función, ante la pertinaz pasividad del CGPJ, que ni actúa de oficio ni a instancia de parte, puesto que son escasas las ocasiones en las que el Consejo concede el amparo solicitado por los jueces. Un elemento más para demostrar la utilidad del movimiento asociativo en la defensa del Poder Judicial, como garantía de independencia frente a los otros poderes y en beneficio de todos los ciudadanos.

*** Natalia Velilla Antolín es magistrada y miembro del Comité Territorial de Madrid de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria.