El 28 de mayo de 2016, en Milán, dos equipos españoles (Atlético de Madrid y Real Madrid) jugaban la final de la Champions. Apenas llegaron a 20.000 las entradas puestas a disposición de cada equipo, que llegaron a alcanzar en taquilla un precio de 440 euros (en reventa llegaron a costar varios miles) cuando la capacidad del estadio de San Siro es de más de 80.0000 espectadores. Muchos aficionados se quedaron sin poder ver la final; otros hicieron grandes sacrificios (físicos y económicos) para poder presenciarla.

Sin embargo, echando un vistazo al palco se observaba que, bajo la presidencia de S.M. Felipe VI, un nutrido grupo de políticos se había desplazado a Milán a presenciar el partido: algunos, invitados por los clubes; otros, con cargo al erario público. A la cabeza, el presidente del Gobierno en funciones, que lo estaba en ese momento para rendir cuentas de su gestión ante las Cámaras parlamentarias, pero al parecer no para ir al fútbol gratis. Varios ministros, numerosos diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, concejales... de todos los partidos, de todas las ideas, pero con un denominador común: ninguno había pagado su viaje, y ninguno, que se sepa, había pagado su entrada.

Entre todos los presentes en Milán destacaba el caso del entonces ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá Polo, que según publicaron diversos medios viajaba invitado por el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Al conocer la noticia, fuentes del Ministerio de Justicia indicaron que no tenían conocimiento del viaje y que si se había producido era porque estaba en su agenda privada y el ministro no viajaba como tal, sino a título particular. Es decir, como si se pudiera ser ministro a ratos.

Las filtraciones han puesto de manifiesto la poderosa influencia de la política en el nombramiento de altos cargos

Pero este “a título particular”, con el paso del tiempo, ha adquirido una importante significación, pues a finales de abril de 2017 (apenas un año después de esa final disputada en Milán), diferentes medios de comunicación escrita y audiovisual se han hecho eco de varias grabaciones en el marco de la operación Lezo en las que el investigado Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, charlaba precisamente con Enrique Cerezo y, descontento al parecer con la marcha de la investigación judicial relativa a la adquisición de un ático en Marbella, llegaba a decir: “Mira, yo ya estoy hasta los cojones, o sea, decidme... aquí qué queda, ¿pegarle dos tiros al juez? ¿Qué alternativas tengo? ¿No se puede hablar con el fiscal?”.

Y es que el presidente del Atlético de Madrid se presenta en esas conversaciones como alguien que tiene hilo directo con “Rafa”, cariñoso apelativo con que se refiere al ministro de Justicia. Y Cerezo le llega a decir a González, según el contenido filtrado, que se encontró con Rafa y que lo suyo “lo estaban mirando”. Lo que, unido a ese famoso SMS que el ministro de Justicia a ratos le envió a González (“ojalá se cierren pronto los líos”) invita a pensar que, en efecto, algo se estaba moviendo en el Ministerio, y que poco tenía que ver con la Justicia.

Las filtraciones publicadas han puesto de manifiesto algo que casi todo el mundo sabía (aunque no pudiera demostrarse) y que ahora resulta innegable: la profunda y poderosa influencia de la política en el nombramiento de altos cargos, pero no sólo de la carrera fiscal, sino también de la carrera judicial. Porque el señor González no sólo cree que debe nombrarse al señor. Moix como fiscal anticorrupción por ser “un tío serio”; también, en otro pasaje, le confiesa al señor Zaplana que a cierto juez que era aparentemente “rogelio” le dan “magistrado de enlace en Londres... no sé, después gana una pasta; o Roma, vive como Dios y el tío no quiere saber nada”. En definitiva, considera que a los jueces o fiscales molestos hay que mandarlos “a tomar por culo a Onteniente” o “a escarbar cebollinos”, expresión esta última que debe ser la traducción al gilismo de “escardar cebollinos”, colocar a estos jueces y fiscales, en fin, desempeñando tareas poco productivas y, de paso, poco molestas.

El legislador debe establecer un sistema de acceso al CGPJ y la Fiscalía sin sombra de influencia de la política

Conviene destacar que los altos cargos de la carrera fiscal son (o más bien, deberían ser) nombrados por el Fiscal General del Estado, y los altos cargos de la carrera judicial lo son (o lo deberían ser) por el Consejo General del Poder Judicial. Seguramente por ello, ante la difusión de unas conversaciones en las que con tanta desfachatez políticos y empresarios hablan de colocar en cargos o puestos a unos u otros jueces o fiscales, y de apartar de uno u otro modo a los incómodos, el sonrojo del papel de meros títeres que han desempeñado algunos de los supuestos competentes en materia de nombramientos les ha llevado a colocar el foco no en lo filtrado, sino en el hecho anecdótico de la filtración. Desviar la atención, que se llama. Pero el rey está desnudo, y ahora ya lo sabemos todos.

Como no hay mal que por bien no venga, tal vez sea esta la oportunidad de volver a colocar el foco en lo esencial, que ya todos pueden ver y conseguir, así que el legislador aborde definitivamente la tarea de despolitizar los órganos de gobierno del Poder Judicial y de la Fiscalía, estableciendo además un sistema de acceso a dichos cargos sin sombra de influencia de la política y de los partidos.

Sólo de este modo podremos evitar en el futuro que, de nuevo, una conversación aleatoria grabada a un político de nivel medio parezca propia de la serie Los Soprano. Mientras ello sucede, la inmensa mayoría de jueces y fiscales seguiremos trabajando como hasta la fecha, con profesionalidad e independencia, a sabiendas de que por ello a más de uno le pudiera apetecer pegarnos dos tiros.

***Javier Pérez Minaya es magistrado y miembro de la Asociacisón de Jueces Francisco de Vitoria.