El naufragio de la goleta Justicia

Le quiero hablar, a usted que me lee, de un país donde existía la enfermedad.

Ese país, no tan lejano al suyo, contaba con magníficos doctores, expertos en sanar el cuerpo y la mente. Pero yo quiero hablarle, si usted me lo permite, de otros médicos distintos, que en ese país (como en tantos otros) trabajaban: esos galenos eran los que luchaban con otro tipo de dolencias, y esos padeceres eran los de la mismísima alma de los ciudadanos de ese país. Esos médicos, tan particulares, batallaban contra las enfermedades que afectaban a su vida, a su seguridad, a su patrimonio, a su capacidad para ser libre e igual con sus compatriotas.

Pero en ese país habían pocos, muy pocos, de esos médicos. Frente a los países de su entorno, estaba en la cola en el porcentaje de médicos por cada cien mil ciudadanos. Es más, esos médicos tenían que ocuparse de un número de enfermos efectivos muy superior a los de sus iguales de los países de su alrededor.

Ningún país es perfecto, le aseguro, a usted que me lee. Pero ese país era un lugar donde sus gobernantes, del signo y color que fueran, llevaban décadas prometiendo escuchar, pero escondiéndose de oír, lo que esos doctores pedían. No era tanto lo que solicitaban: querían ser los suficientes, necesitaban poder atenderle a usted debidamente, precisaban de tiempo para poder escucharle, para diagnosticar su mal, para pautarle un tratamiento y para curarle.

Esos otros Poderes confeccionaron leyes para que esos miembros de ese Consejo General eligieran a los Altos Doctores

Esos gobernantes se llamaron a sí mismo Poderes. Se nominaron como poder legislativo y poder ejecutivo. Esos dos Poderes eran el territorio de los llamados partidos políticos. Esos médicos podían serles incómodos: y es que, llegado el día, los doctores podrían tener que curar la más terrible enfermedad del país, la pandemia que asolaba a toda su población, la de la corrupción. Usted sabe a lo que me refiero: si las personas que encarnaban esos Poderes desconocían la voluntad ciudadana, reflejada en la ley, esos doctores tendrían que ser los que decidieran amputar ese mal concreto del alma del país, y los partidos que integraban esos Poderes podrían verse muy comprometidos.

En ese país, pues, no parecía convenir que los médicos de los que le hablo fueran un auténtico Poder. De este modo, no se crearon leyes para que esos médicos fueran los suficientes, ni para que dispusieran, para su trabajo, de sus propias posibilidades económicas: sólo tenían lo que les quisiera dar el politizado Ministerio de Justicia Médica. Es más, se promulgaron leyes en las que esos partidos elegían a los miembros del Consejo General del Poder Doctoral, los que supuestamente representaban y defendían la independencia de esos médicos.

Por extensión, esos otros Poderes confeccionaron leyes para que esos miembros de ese Consejo General eligieran (con la dolorosa sensación de la existencia de un reparto de cargos, acorde a la proporción de los partidos) a los Altos Doctores de ese país, los que tenían que diagnosticar, tratar y curar esos posibles cánceres generales del alma de ese país, de sus otros dos Poderes (o, mejor dicho, de sus desviaciones de sus importantes designios). Por ello, las gentes de ese país empezaron a desconfiar de la medicina de esos doctores.

El Consejo General del Poder Doctoral decidió que cada médico debía de recibir a un número determinado de pacientes

Mas el problema se ahondó. Ese Consejo General del Poder Doctoral, cuando era evidente que los doctores eran muy pocos para tanta dolencia, decidió que esos médicos debían de ser valorados por número de enfermos a los que recibían en consulta, y no por número de pacientes curados de su mal. Dispuso que usted, usted que acaso aún me lee, era un número, pues valía unos puntos en una estadística anual.

El Consejo General del Poder Doctoral decidió que cada médico debía de recibir a un número determinado de pacientes al día y al año; daba igual que las instituciones internacionales denunciaran que en ese país había menos doctores que en casi todos los demás. Dé usted cita, y diagnóstico, a tantos pacientes como nosotros le digamos, y si sus puntos no son los suficientes, podrá usted ser severamente supervisado por el Alto Servicio de Inspección Médica de ese Consejo General, y podrá ser sancionado por “retraso injustificado” en la Administración de la Medicina.

Todo ello tuvo sus consecuencias. Sí, hubo doctores que se plegaron a un sistema productivista, que, desencanto tras desencanto, decidieron emplear sus puntos (con los que, para colmo de males, se les pagaba algo más si cumplían) en sanar sin un diagnóstico sereno y sosegado esas enfermedades del alma.

Soplan vientos de huelga en la judicatura: le van a decir, posiblemente, que somos unos peseteros, unos vagos...

Y hubo otros muchos  doctores que trataron de recibir al número de pacientes que les marcaba el referido Consejo General, de atenderles y de, efectivamente, curarles. Pero el día tiene sus horas, y se empezaron a dar citas a los enfermos los fines de semana, los festivos, los días en los que la familia de esos galenos les pedía su merecido espacio, y el estrés y la sobrecarga amenazaron con hundir el barco.

Sí, hubo muchos de esos médicos que, tratando de curarles, comenzaron a enfermar ellos mismos. Y hoy siguen enfermando; y los gobernantes nada hacen.

No mire el mapa, si aún me lee. Mire a su alrededor, y no se equivocará. Ese país del que le hablo es España. Esos médicos que refiero son los jueces. Yo soy uno de ellos. Nuestras asociaciones llevan décadas tratando que algo cambie; hace unos días el Consejo de Europa nos colocó el último de la lista, indicando que España era el país con mayores riesgos para la independencia del Poder Judicial. La Asociación Judicial de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, a la que pertenezco, me ha pedido que esta noche deje de dictar sentencias para redactar esta 'sentencia' (que no busca culpables o inocentes, sino que usted decida) que mando en una botella desde el naufragio del barco en el que me enrolé, y del que no pienso desertar.

Soplan vientos de huelga en la judicatura: le van a decir, posiblemente, que somos unos peseteros, unos privilegiados, unos vagos; temo que le van a mentir. Sé que es, probablemente, tarde para que le pida fe, pero crea, se lo ruego, desde mi pecio (y el de tantos), en mí: soy sólo un pequeño juez de pueblo, que nunca querrá ningún cargo, ni se postulará para aquello donde deba elegirle, siquiera indirectamente, aquel otro al que pueda tener, algún día, que juzgar. Ayúdenos: ayúdenos a ayudarle, antes del hundimiento.

*** Andrés Carrillo de las Heras es magistrado de lo Penal de Murcia.