Togas en el armario

Cada vez que un juez celebra juicios, al finalizar cuelga la toga en un armario que tiene en su despacho. Una toga que, por cierto, se paga de su bolsillo. Como si un médico de la sanidad pública se tuviera que pagar la bata blanca. 

Un juez suele celebrar tres, cuatro, cinco o más juicios en una mañana. Los juicios terminan, a veces tarde, pero el trabajo no. Las sentencias hay que dictarlas. En cada resolución judicial hay que dar respuesta razonada a todas las peticiones. Un policía para detener a alguien le dirá: "queda usted detenido". Pero para hacer lo mismo un juez tendrá que dictar un extenso auto explicando por qué se detiene a esa persona. Una sentencia tarda muchos más en dictarse de lo que dura el juicio. 

Sentencias que muchas veces dejarán insatisfechas a las partes porque no se le dará la razón en tal o cual cuestión, sin tener en cuenta el ciudadano que, tal vez, no pudo acreditar lo que se le pedía, que su abogado debió actuar mejor o que sencillamente no tenía razón. 

Litigar suele ser una actividad lenta y tediosa. Las garantías que ofrece el Estado de derecho a las partes en un proceso a veces se transforman en argucias del que burla la ley y obstáculos para el que busca su cumplimiento. La justicia aparece así como un poder antipático a los ojos de los ciudadanos.

Unos ciudadanos a los que nadie les dirá que las cláusulas bancarias abusivas han sido revisadas a iniciativa de los jueces españoles que han acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evitar la aplicación de normas contrarias a los derechos de los consumidores. Ni se les informará que las elecciones están perfectamente organizadas por las juntas electorales formadas casi en su totalidad por jueces. Muchos ciudadanos ignoran que en todos sitios hay siempre un juez de guardia, o que cada vez que hay una gran operación contra el narcotráfico o la corrupción, un juez la ordena y coordina. Tampoco suele informarse que cada semana se celebran centenares de juicios rápidos justo después de cometerse el delito. 

La imagen negativa que se difunde de la justicia muchas veces no se corresponde con la realidad. Se suele decir que los detenidos "entran por una puerta y salen por otra", pero España es uno de los países europeos con mayor número de presos. Se suele achacar lentitud a la justicia española, pero el tiempo en resolver y ejecutar un procedimiento civil es similar al de Alemania, que tiene más del doble de jueces por habitante que nosotros. 

En cuanto a los poderes públicos, los españoles miran al poder judicial con recelo, ya que tiene la misión de vigilarles y que se ajusten a la ley. Los políticos parecen defender la independencia judicial, pero en la práctica no lo hacen. Es fácil defender desde aquí la independencia de los jueces turcos o polacos. Lo que no es fácil es apoyar a los jueces españoles en su actuación diaria. 

A la hora de la verdad, a la diosa de la justicia se le cambia la espada por una de madera, para que parezca que hace, sin hacer, para que parezca que puede, sin poder. A la justicia no se le deja designar a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial. 

Los jueces se encargan de impartir justicia, pero se hila tan fino que se dice que una cosa es la "administración de justicia" y otra la "administración de la administración de justicia" y que esto ha de dejarse en manos del poder ejecutivo. El poder judicial se ve desprovisto de su propio poder: funcionarios, edificios, sistemas informáticos, todo depende del poder ejecutivo. Un juez ni siquiera es el jefe del personal de su propio juzgado. Las administraciones se gastan el dinero en sistemas informáticos poco eficaces, sin consultar a los jueces que han de usarlos. Es difícil realizar una vídeo-conferencia entre juzgados porque han de coordinarse distintos programas, ya que las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia son incapaces de compartir un único sistema. Como si uno llamase por Whatsapp y el otro tuviera que responder con Skype. 

Los políticos dicen que apoyan a la justicia. Pero nunca se preocupan de cuestiones elementales, como que haya unos mínimos medios materiales y un mayor número de jueces. Así disminuiría el número de asuntos por juez y se resolverían más rápido. En la actualidad cada juez dicta al año en torno a trescientas sentencias. Sentencias que tiene que redactar tras los juicios y después de colgar la toga en el armario. 

Debajo de la toga hay una persona con la preocupación de hacer un trabajo útil para la sociedad a la que sirve. 

Los jueces hemos pasado demasiado tiempo trabajando sin dirigirnos a unos ciudadanos que no nos comprenden. Debemos explicar mejor lo que hacemos y lo que podríamos hacer por un país y una sociedad mejores si no se nos pusieran tantas barreras. Sin embargo, tras los juicios colgamos la toga en el armario y ahí encerramos toda nuestra actuación pública. Probablemente haya llegado el momento en el que los jueces debamos salir del armario. 

*** Luis Cáceres Ruiz es magistrado y miembro de la Asociación Francisco de Vitoria.