El sofisma del federalismo

Los acontecimientos sucedidos en esta década ominosa catalana están precipitando soluciones políticas que amenazan a España como unidad política, es decir, como nación moderna. Pues, ideada en Westfalia y consagrada en la Revolución francesa, la nación no es otra cosa que el hecho colectivo existencial que determina la unidad política sobre la que se estructura el Estado.

Que todavía existan excepcionalmente naciones sin Estado no debe hacernos olvidar que algunas, como Escocia, siguen manteniendo desde el principio el derecho positivo de crear su propio Estado soberano y, otras, cuya existencia política colectiva de acuerdo a criterios objetivos queda demostrada por la historia, han sufrido la injusta dominación de una potencia extranjera. Confundir esto con el concepto de región con particularidades culturales integradas en una unidad política, a la que tanto han contribuido a dar forma con sus manifestaciones artísticas, económicas y sociales, sólo puede ser causa de la ignorancia más absoluta o del oportunismo más voraz. Pero, desgraciadamente, aquí es donde nos encontramos: en el intento, cada vez más pertinaz, de aprovechar la debilidad de la clase política española y la apatía de los ciudadanos para lograr, sobre la base de la tergiversación pública de la historia y del concepto de democracia, lo que hasta hace poco parecía imposible a ojos de la mayoría.

La solución que uno de los dos partidos hegemónicos de la izquierda aporta a través del federalismo conlleva el mismo gen destructor de la nación que el derecho de autodeterminación que propone el otro, porque atenta de igual modo contra la unidad política de España. Es más, al igual que ocurre cuando se aboga por las listas abiertas como solución al problema de la ausencia de representación de la sociedad civil en el Estado, es preferible mantener el cinismo cristalino de lo actual que soportar el ardid de un sofisma. Pues resulta más fácil de combatir.

Nadie que se haya acercado al estudio del federalismo duda de que éste consiste en un pacto entre Estados soberanos, aunque muchos equivocan el lugar en donde reside la soberanía, que en realidad no es en la nación sino el Estado y, en concreto, en palabras de Max Weber, allá donde se ostenta el monopolio de la violencia legítima. Es decir, en el poder ejecutivo.

Sin embargo, no todo el mundo comprende que ese pacto entre Estados inocularía en la España actual el germen de la destrucción. Porque, aunque quedase constitucionalmente fijado que los Estados miembros no fueran soberanos, se les habría reconocido un estatus que la historia les ha negado y que los nacionalismos aprovecharían para reivindicar. Pasar del estatus de región al de Estado no soberano conlleva conceptualmente mayor esfuerzo que pasar posteriormente de la condición de Estado no soberano al de soberano.

Esto es así porque la cuestión federal no viene determinada por el modo en que se reparten las competencias sino por la naturaleza política de su Constitución, es decir, por el lugar en donde resida la soberanía. Y a este respecto hay muchas interpretaciones del federalismo, incluso entre la doctrina más autorizada. La diferencia conceptual entre los grandes maestros del constitucionalismo, de la teoría del Estado y de la filosofía política está directamente relacionada con la consideración que dichos autores tienen del ejercicio de la dominación.

Una parte importante de ese pensamiento político (Jellinek, Carré de Malberg) reconoce a los Estados su entidad, pero no les otorga la condición de soberanos. Otra, confiere al derecho positivo la soberanía, de modo que, si el derecho de autodeterminación no está reconocido en una Constitución, éste no puede aplicarse (Kelsen). A ambas se adscriben los españoles que apuestan por el federalismo. Pero también existe la doctrina que opina que la soberanía se encuentra en ambas partes, federación y Estados (Tocqueville, Weiz). Y por supuesto, la que otorga a los Estados la condición de soberanos (Calhoun, Seydel, Schmitt). Sería la que emplearían los nacionalismos al día siguiente de la promulgación de una Constitución federal, alegando que, como Estados reconocidos, suscribieron un tratado internacional, al que dieron naturaleza constituyente, a través del cual renunciaron a su soberanía pero que, ateniéndose al reconocido principio del derecho internacional rebus sic stantibus, las condiciones habrían cambiado y por lo tanto el tratado devendría nulo, recuperando así su soberanía.

La viabilidad sería discutible, porque los Estados en cuestión habrían sido soberanos sólo por un instante, el tracto entre la derogación del ordenamiento jurídico instaurado por la Constitución del 78 y la aprobación del que estableciese la nueva Constitución. Pero el triunfo para el secesionismo sería rotundo, porque se habría pasado de no disponer del más mínimo derecho a la secesión, como efectivamente evidencian actualmente violando la legalidad, a incardinarse en la casuística que parte de la doctrina del federalismo soberanista admite. Y habría que ver lo que el derecho y las instituciones internacionales opinaban al respecto. En el peor de los casos habrían logrado el reconocimiento constitucional de su condición de Estado y de su unidad política. La diferencia respecto a la situación actual es sencillamente abismal.

Dadas las circunstancias en las que se encuentra España, con la nación en tela de juicio y el Estado amenazado, cualquier intento federal pondría en serio peligro el poder constituyente y se destrozaría la unidad política, antesala de la destrucción de nuestro sistema de derechos y libertades.

No sirven los ejemplos de países de nuestro entorno con estructura federal. El federalismo en Alemania y Suiza proviene de confederaciones anteriores, y se implantó como solución para unir Estados independientes que habían vivido separados durante siglos, con la leve ligazón estructural de una débil confederación. En Austria, resultado del colapso del Imperio austrohúngaro, Estados que fueron independientes coexisten con otros que pertenecieron a distintos Imperios o Estados-nación, de los que uno incluso había celebrado un referéndum de autodeterminación. La realidad española es radicalmente opuesta. España ya era una nación histórica desde hacía siglos cuando en el siglo XIX se convierte en un Estado moderno.

Es cierto que ha habido casos en los que se ha transitado de un Estado unitario a uno federal, como por ejemplo Brasil y Bélgica. Pero si los analizamos, tampoco nos sirven de ayuda a los españoles. En Bélgica, las leyes lingüísticas de 1963 llevaron erróneamente al federalismo en 1993. Veinte años después, lejos de solucionar lo que pretendía, el federalismo está a punto de provocar la división del país, pues es obvio el peligro que supone cuestionar la unidad política y el sujeto constituyente. En 1891, Brasil pasó de ser un Estado unitario, llamado Imperio, a uno federal que transformó las antiguas provincias en Estados federados de la República, pero en esos vastos territorios no existían tensiones nacionalistas. Y, además, se tuvo la precaución de instaurar al mismo tiempo un sistema presidencialista con plena separación de poderes.

Conviene recordar la teoría de Carl Schmitt sobre la homogeneización sustancial entre los Estados miembros de una federación como conditio sine qua non de su Constitución, cualidad sin la cual el conflicto en la federación se convierte en algo perfectamente concebible. En los años treinta del siglo pasado ya advertía de que dicha homogeneidad debía fraguarse no tanto sobre la clase social, la religión, o la cultura, como sobre la cuestión nacional.

Después de cuarenta años de permanente propaganda antiespañola propiciada por los gobiernos autonómicos de la mayoría de las regiones y aceptada indistintamente por todo gobierno central, está claro que hoy en España no existe la necesaria homogeneidad sustancial nacional a la que aludió Schmitt. Se necesitarían años de acción pedagógica por parte del gobierno central para revertir la situación. La solución federal es una bomba de relojería para la nación española. El federalismo cuestionará todavía más nuestra unidad política, cuyo poder constituyente será recusado por el derecho de autodeterminación de los Estados miembros que emana, como hemos visto, de muchas doctrinas federalistas.

Por si faltaba algún ingrediente a esta olla de presión, el PSOE acaba de llamar a España “nación de naciones”, de modo que, si a los futuros Estados federados catalán y vasco les faltaba la legitimidad de ser una nación para reivindicar su soberanía o su derecho a la secesión, el señor Sánchez se lo acaba de brindar en bandeja de plata.

Que los nacionalistas catalanes no acepten el federalismo de una nación de naciones sólo evidencia su desmesurada ambición personal de poder. Sería la vía más segura para la autodeterminación futura, pero no la disfrutarían los actuales jefecillos sino una generación posterior. Lo que les interesa es ser ellos y no sus hijos quienes disfruten del poder, y dado que creen que lo tienen al alcance de la mano en el momento actual, están eligiendo por el oportunismo, la vía más rápida, aunque sea la más arriesgada. De nuevo es preferible su cinismo que el sofisma federalista. Sería más fácil combatirlo, siempre que tuviéramos un gobierno nacional digno de tal nombre.

*** Lorenzo Abadía es analista político, doctor en Derecho y autor del ensayo 'Desconfianza. Principios políticos para un cambio de régimen' (Unión Editorial).