Ahora es la hora de activar el 155, no de la Gürtel

¿Sería democrático que el voto de todos los españoles decidiera que alguna minoría fuera privada de su ciudadanía y se le concediera otra nueva? Pues menos aceptable aún es que unos pocos catalanes voten si se van, porque no pretenden irse a ningún sitio, sino que se quedarían físicamente donde están pero secuestrando la voluntad de sus convecinos que no quieren formar parte de esa aventura de cambiar sus derechos y sus garantías por otros inciertos. El procés no se puede resumir en si votar o no la independencia: es un proyecto de depuración ideológica perpetrado por los nacionalistas para evitar que se normalice un bilingüismo tolerante, apropiándose de la cultura catalana para sus objetivos políticos, dificultando incluso que algunos de los ciudadanos que viven en Cataluña eduquen a sus hijos en la otra lengua oficial.

¿Cómo debe hacerse frente a esa deriva totalitarista? Abandonando en primer lugar toda equidistancia. El independentismo sería una opción política legítima de quienes piensan que España es un estado fallido, en su esencia democrática, no en la circunstancia de los malos gobernantes que tenga. Pero quienes no lo pensamos así, debemos oponernos a que esa opción política intente hacerse camino por otros cauces que los constitucionales y democráticos, que son los que garantizan los derechos políticos de todos.

Por eso, es preciso oponerse a un referéndum ilegal no solo negando su validez sino impidiéndolo en cualquier forma porque se trataría de un auténtico acto de violencia contra el estado de derecho, que es la base de nuestras libertades y también de nuestras instituciones, incluidas por supuesto las catalanas. Cuando los gobernantes de Cataluña amenazan con no acatar la Constitución y violar la ley (elaboración secreta de un censo, desviar fondos para actividades prohibidas…) no están ejerciendo una opción legítima de contradecir al gobierno central sino que están abandonando a los ciudadanos a los que representan porque rechazan que sus decisiones se sometan al imperio de la ley, la misma ley que ha permitido su elección y que es origen de su poder.

Tras los execrables atentados de la semana pasada, hay variedad de opiniones sobre cómo afectan al procés. Creo que lo único que debe importarnos a los demócratas es constatar que los cabecillas de la insurgencia han dejado claro que no desisten. El consejero de Interior aseguró este lunes que, de cara al 1 de octubre, los Mossos d'Esquadra obedecerán "siempre las decisiones del Parlamento de Cataluña que es de donde emana la voluntad popular de nuestro país” (qué farsa supone por cierto un referéndum cuando de entrada asumen que son independientes de la ley española, así que preparémonos a que empiecen a poner excusas para lanzarse a proclamar directamente la independencia en un balcón). Además, en su falta de escrúpulos para servirse hasta de la respuesta al atentado para intentar demostrar la viabilidad de una Cataluña independiente, cometen la felonía de desdeñar el compromiso –que llegó al sacrificio de muchas vidas– de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo en Cataluña, al excluirlos del reconocimiento que el Parlament va a dedicar solo a los Mossos.

Antes, durante y después del 1 de octubre los tribunales actuarán, pero necesitarán la ayuda de los demás poderes. El judicial ordinario no se bastará porque solo puede juzgar a toro pasado, de manera que las posibles inhabilitaciones o incluso condenas más severas, no podrían impedir preventivamente la comisión de delitos. El Tribunal Constitucional tampoco porque, pese a sus cuestionadas prerrogativas extendidas, debe concentrarse en ser intérprete de la Carta Magna y árbitro entre las demás instituciones, guardando como última ratio su capacidad ejecutiva de intentar frenar un delito anunciado.

Es necesario por lo tanto la colaboración del ejecutivo y del legislativo, fijando el Parlamento la línea de actuación que debe implementar el gobierno. “Es la hora de la política”, reclaman muchos de quienes critican al gobierno por judicializar la respuesta a los independentistas. ¿Qué es más político que el Parlamento decida –tal como prevé el artículo 155 de la Constitución– cómo actuar ante las amenazas de ruptura del representante ordinario del estado en una comunidad autónoma (papel que la Constitución encomienda al presidente de la Generalitat)?

El 155 no supone en absoluto la suspensión de una autonomía, ni siquiera está previsto que se pueda destituir a ningún cargo electo; es una falsa versión con que intentan denigrarlo los nacionalistas. Que los partidos constitucionalistas eviten aplicarlo demuestra su tibieza frente al chantaje de los nacionalistas, que han logrado tomar como rehenes las partes que menos les interesan de la ley. Ese artículo sencillamente prevé un debate político y una votación expresa, precisamente en el Senado –la cámara territorial–, para frenar a los gobernantes autonómicos que intenten situarse al margen de la ley. De igual modo que, cuando es el gobierno central el que no cumple, la representación nacional puede exigirle responsabilidades –por ejemplo a través de una moción de censura–, el 155 permite que el Parlamento tenga también ese rol de contrapeso respecto a las instituciones autonómicas. No es un artículo recentralizador: valdría también ante un presidente de comunidad autónoma que pretendiese dejar en suspenso una transferencia de competencias ya fijada en su estatuto de autonomía.

Ese artículo es por lo tanto tan constitucional como los demás. No es deseable llegar a utilizarlo, porque no es deseable encontrarse con tamaña deslealtad como la de los actuales representantes de Junts pel Sí y la CUP. Ya no basta con que, como en el 9-N, lleguen a dar cuenta de sus delitos ante los tribunales; es preciso actuar más ágilmente para que no desestabilicen el orden constitucional y afecten gravemente los derechos de los ciudadanos, especialmente los que residen en su propia comunidad autónoma.

“De todas formas ya no da tiempo a aplicar el artículo 155”, indicaron desde el gobierno, prefiriendo como la oposición dejar toda la responsabilidad a los jueces, mientras que los políticos se hablan a través de los medios en lugar de tomar decisiones en el Parlamento. No es cierto: ni la Constitución ni el Reglamento del Senado regulan plazo alguno, solo unas etapas necesarias que podrían tratarse con la celeridad que el desafío merece y podrían solventarse en cuestión de días. Sería ridículo que las instituciones se impusiesen plazos excesivos que hagan inoperante un mecanismo constitucional previsto para casos graves que pueden acontecer de manera mucho más acelerada que este “golpe de estado a cámara lenta”. No es demasiado tarde ni para que la oposición reclame ni para que el gobierno ofrezca que se active ya el 155 para implicar a todas las fuerzas parlamentarias en la respuesta al órdago independentista. En lugar de preocuparse por qué dirán los nacionalistas porque se aplique la Constitución, los partidos constitucionalistas deben ponerse a debatir cómo utilizar por primera vez el 155 que no consiste solo en votar sí o no, sino sobre todo en ponderar las medidas adecuadas.

Contrariamente a las denuncias ante los tribunales, que solo pueden llegar cuando se van haciendo realidad los distintos actos preparatorios, el 155 es política y permite anticiparse, dando respuesta a las amenazas ya verbalizadas por los jefes independentistas (“ya tenemos las urnas y el censo”, “los Mossos desobedecerán”, etc.), que no cesaron ni durante el periodo de duelo de los atentados. “Estamos con el estado, pero no con este gobierno”, declaró Pedro Sánchez hablando de Cataluña al iniciar su nuevo mandato. Esta proclama no puede valer en términos generales, hay momentos en que es necesario respaldar al ejecutivo en sus funciones en defensa del orden constitucional –lo que no excluye disentir de él, dialogar en el Parlamento, pero acabar acatando unos y otros lo que se decida–.

Por eso, resulta inoportuno que parte de la oposición (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, Bildu) recurra precisamente ahora a un mecanismo tan extraordinario como una comparecencia ante el pleno del Congreso del presidente del gobierno fuera del periodo de sesiones, para tratar de un tema menos relevante que el pulso a la Constitución que en estos momentos mantienen el gobierno y parte del parlamento catalán. Sí, el caso Gürtel es menos trascendente en términos absolutos que el procés. Pero además, se trataba de una comparecencia ya prevista en comisión de investigación y en la que la imagen de Rajoy apenas se verá más cuestionada que cuando se conocieron los principales datos que evidenciaron su responsabilidad política (los SMS a Bárcenas), que ya provocaron un pleno extraordinario en agosto de 2013.

No resulta pues oportuno ese pleno ni en plazo ni en formato. Sí lo sería que el Senado se reuniera para activar el 155. Además, ¿qué mejor preludio al futuro debate de la reforma de nuestra Constitución que valorar serenamente los términos de aplicación de un artículo que cumple una función imprescindible para atajar los incumplimientos a la necesaria lealtad federal? Querer mejorar la Carta Magna significa valorarla y respetarla, para “llegar de la ley a la ley a través de la ley”, así que no podemos negar validez a la integralidad del texto vigente.

Creo que los actuales gobiernos central y catalán pagarán electoralmente algún día su irresponsable estrategia de “cuanto peor, mejor” que buscan al forzar su antagonismo. Pero tampoco es aceptable intentar sacar rédito en las urnas de repartir la culpa a partes iguales entre el PP y los independentistas: no es lo mismo un gobierno incompetente, incluso manchado por la corrupción, que unos enemigos declarados del orden democrático y legal. Pero aún no es tiempo de elecciones.

La fecha elegida por los independentistas para escenificar su fanatismo totalitarista no puede ser aceptada por los demócratas como punto de partida ni de llegada de nada. No hay que esperar al 1 de octubre para que los partidos comprometidos con las libertades y derechos que recoge nuestra Constitución hagamos frente común para defenderlos. No hay que esperar al 1 de octubre para afirmar que lo mejor de Cataluña en España, y de España con Cataluña, en términos democráticos como de progreso social y económico, lo debemos seguir recorriendo juntos.

*** Víctor Gómez Frías es militante del PSOE.