La Conferencia Episcopal Española pidió este miércoles “un diálogo honesto y generoso a las autoridades, partidos y diversas asociaciones de ciudadanos” ante la situación que se vive en Cataluña y en el resto del país en esta recta final antes del referéndum ilegal convocado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, el próximo domingo 1-O.

Y lo ha hecho mediante un comunicado avalado por los veinte miembros que componen la Comisión Permanente del Episcopado, tres de los cuales ocupan sedes de diócesis catalanas (Barcelona, Seo de Urgell y Tortosa). En el texto, que fue leído por el presidente del máximo organismo de la Iglesia Española, el cardenal-arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, además de expresar su preocupación por la situación que se ha generado entorno a este plebiscito, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional, los obispos piden un esfuerzo por parte de todos los protagonistas del proceso independentista y el “respeto a los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución”.

Además, señalan de forma especial la necesidad de un “diálogo honesto y generoso que salvaguarde los bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado”, un guiño, sin duda, al sector eclesial nacionalista.

El contenido de la declaración hecha pública el miércoles por la tarde no se aleja ni un ápice de la Doctrina Social de la Iglesia, aunque sí se aleja del tono y postura que hace unos años se venía manteniendo en el núcleo duro del Episcopado durante los años en que el organismo eclesiástico estuvo presidido por el cardenal Rouco Valera.

Fue entonces cuando la Comisión Permanente tuvo que salir al paso de lo que consideraban puntos “oscuros y poco claros” del texto que los obispos catalanes habían hecho público tras ante la sentencia del Constitucional sobre el estatuto Catalán. Aquél texto de la Comisión no contó con la aprobación de los cuatro obispos catalanes que entonces formaban parte de dicho organismo y que no estaban dispuestos a asumir como base del texto original la Instrucción que con el nombre de “La unidad de España como bien moral” había sido aprobada a instancias del mentor de dicho documento, el entonces cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares.

Con este documento presentado ayer se acabó con el ruido de mitras de antaño y se ha puesto de manifiesto algo importante para el mundo eclesiástico, “la comunión entre los obispos”, una comunión que hacía aguas entonces y que Roma tuvo que recomponer más tarde. Se ha puesto de manifiesto esta unidad que ha tenido como muñidores a los dos hombres del papa en España, los cardenales Blázquez y Omella (unidad de las dos únicas conferencias episcopales existentes en nuestra geografía, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Episcopal Tarraconense)

Los obispos se ofrecen como mediadores para lograr un diálogo que evite “el riesgo de decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias que los sitúen al margen de la práctica democrática amparada por las legitimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y originen fracturas familiares, sociales y eclesiales”.

Pero les ha salido un texto “neutro” que ha sido redactado desde claves internas; un texto consensuado, respetuoso con el sector nacionalista del clero catalán 'independentista' y que ha evitado molestar al sector del episcopado más beligerante con el 'catalanismo'.

En definitiva, un documento que ha buscado más acallar las rebeliones en las sacristías que poner luz y apoyar al bloque de quienes en toda España abogan por soluciones en el marco de la Constitución. Un texto en el que unos y otros sólo ven una declaración de buenas intenciones. Y es que a los obispos les corresponde la misión de invitar al pueblo diciendo: “Podéis ir en paz”.