Crónica de un golpe a la democracia en Cataluña

“Los Dioses, a los que quieren destruir, primero los ciegan”. Este antiguo proverbio griego describe con precisión el terrible efecto de la ceguera de algunos dirigentes, también, cómo no, en esta tragedia griega en la que se ha convertido el “procés per la Independencia”. Y la peor ceguera, siempre, es la del que no quiere ver. Aunque ahora a muchos dirigentes separatistas les haya cegado el no querer ver la inevitable respuesta del Estado, antes los ciegos fueron otros.

La crónica de cómo hemos llegado hasta aquí, hasta donde nunca hubiésemos debido llegar es muy larga. Las raíces de esta triste ruptura de la convivencia son muy profundas. Sin embargo, en vísperas de un golpe a la democracia, el pseudo-referéndum separatista, es bueno recordar qué hemos pasado por alto. Aquí no pretendo analizar las causas del odio y la desafección, sino simplemente dar cuenta de los avisos de que una élite independentista estaba promoviendo un proceso para estar exenta de cualquier control.

Esto comienza con el caso Banco Catalana. En ese momento a Jordi Pujol le funcionó envolverse en la bandera catalana para librarse de cualquier responsabilidad. Ese precedente creó una sensación de invulnerabilidad e impunidad que llega hasta nuestros días. Hace varios años, cuando algunos dirigentes separatistas empezaron a verse salpicados por casos de corrupción, empezó la transformación: se fueron convirtiendo en independentistas cada vez más radicales. En realidad, no deberíamos engañarnos: la desobediencia a las leyes no es algo que haya comenzado en las últimas semanas del Procés, sino que llevaba años en marcha. Ahora simplemente ha quedado al descubierto que algunos hablaban de Estat propi cuando lo que querían decir era Justicia propia para garantizar su impunidad.

La fase final del procés comienza en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015. Hay que recordar que las candidaturas no separatistas obtuvieron más votos populares que las dos secesionistas, Junts Pel Sí y la CUP. Por otra parte, el partido menos votado, la CUP, impone como Presidente de la Generalitat y líder del Procés al número tres de la lista por Girona, Carles Puigdemont. Entonces, los partidos independentistas no querían un referéndum, lo consideraban una fase superada. De hecho, no lo llevaban en su programa electoral, donde sí llevaban declarar la independencia.

Cuando el pasado mes de agosto, finalmente Puigdemont se decidió por la famosa consulta, tomó una decisión que ha pasado desapercibida, pero que es crucial: no convocó elecciones autonómicas el uno de octubre. Si lo hubiese hecho, a nadie se le oculta, no sólo que hubiese sido mucho más complicado impedir la consulta, sino también que hubiese habido, en cualquier caso, alguna expresión democrática porque hubiese habido urnas de verdad. Esa decisión, que no quisimos ver o de la que nos hemos olvidado, lo que prueba es que la intención última era una pura Declaración Unilateral de Independencia, y que el Referéndum era simplemente una excusa.

Por esa razón, no sólo se aprobó en dos días aciagos en el Parlament la no-ley del Referéndum. También se aprobó el bodrio liberticida de la “ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República”. El objetivo no era conocer la voluntad de los catalanes, era simplemente la independencia, y blindarse frente a cualquier tipo de responsabilidad. Para eso, el President elegiría al Poder Judicial, liquidando la separación de poderes, y los autores del procés se autoamnistiaban de cualquier delito, cometido, como no en favor de la “Patria”. De hecho, Puigdemont afirmó que a él sólo lo podía inhabilitar el Parlament, considerándose inmune a cualquier responsabilidad judicial.

Estos dos bodrios, las leyes del referéndum y de transitoriedad, fueron registradas en agosto después de llevar muchos meses escondidas en un cajón. Ya entonces había que ser ciego para no ver que estaba en marcha un golpe contra la democracia. Poco después, tras los atentados de Barcelona y Cambrils, los separatistas organizaron una encerrona en la manifestación de repulsa de los atentados. Por supuesto, fue una vergüenza inenarrable los insultos que recibieron los representantes de todos los españoles, encabezados por el Rey. Hay pocas cosas más lamentables que insultar a los que se desplazaron a Cataluña para solidarizarse con las víctimas de un atentado. Pero de nuevo, fue algo preparado y organizado: el intento de politizar y dividir en un asunto tan sensible no fue espontáneo.

Quizás la muestra más evidente de ceguera, por no querer ver la realidad fue la comparecencia del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado 31 de agosto en el Congreso. No sólo es que Montoro certificase que ni un solo euro público se estaba destinando al Referéndum, sino que nadie salvo Ciudadanos le señalase una cuestión evidente: la palabra y el certificado de Oriol Junqueras no eran garantía suficiente, y tampoco lo eran los de una interventora General que dependía de él. Había que enviar a los interventores del Estado a Cataluña en una misión de control para saber qué estaba pasando. La financiación del referéndum lo estaba haciendo la Generalitat, como hizo con la consulta del 9-N del 2014. Esto era el elefante en la habitación que los demás partidos no querían ver.

A muchos se les cayó la venda del golpe que estaba en marcha, los días 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlament tuvo las sesiones más lamentables de su historia. Esos días, la mayoría separatista violó los derechos de los diputados, el reglamento de la cámara, la normativa del Consell de Garanties Estatutàries, el Estatut y la Constitución. En fin, Forcadell, Puigdemont, Junqueras, y el resto de diputados de Junts pel sí y la CuP, con tal de aprobar las leyes de referéndum y transitoriedad, acabaron con el mínimo respeto a cualquier norma atropellando a los diputados de toda la oposición haciendo uso de una mayoría absolutista.

El Gobierno del PP impugnó todo esto ante el Tribunal Constitucional, que suspendió todos estos bodrios, así como la convocatoria del no-referéndum, considerándolas como puras de vías de hecho, al margen del ordenamiento jurídico. Pero el Gobierno no tomó más medidas. Quizás por eso, en esos días la ceguera cambió de bando, confiando en que el Gobierno no iba a hacer mucho más.

El pasado 14 de septiembre, tanto Junqueras como su Interventora General enviaron cartas al Ministerio de Hacienda negándose a remitir más certificados de cumplimiento de la legalidad presupuestaria. Se pasó de los incumplimientos a la desobediencia pura y dura. Esta vez, la reacción fue contundente: la intervención de las finanzas de la Generalitat. En nuestra opinión, las medidas estaban plenamente justificadas porque ante la renuncia absoluta a efectuar el control financiero, había que restablecer la legalidad presupuestaria. Mi partido, Ciudadanos, apoyó sin fisuras estas medidas, así como el trabajo de jueces y fiscales para parar el golpe.

Estas medidas fueron recurridas por la Generalitat, y sorprendentemente por Podemos. El recurso de Podemos instando la suspensión “cautelarísima” del control de las finanzas de la Generalitat fue rechazado por el Tribunal Supremo. Seguramente, tanto Junqueras como la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, se han arrepentido de haber enviado las cartas, pensando que no iba a haber reacción. La ceguera cambió de bando. En cuanto al sentido del recurso judicial de Podemos, creo que retrata su posición política de forma más nítida que ninguna declaración. Respecto al PSOE y sus posturas cambiantes respecto del golpe en Cataluña y la reacción de los poderes del Estado, casi mejor no comentar nada.

La actuación de jueces y fiscales, así como la de los policías y guardias civiles están dificultando la logística del golpe, como también lo están haciendo las medidas de intervención de las finanzas de la Generalitat. No habrá referéndum el próximo domingo. Pero eso era una excusa. Habrá que ver qué decisión toma Carles Puigdemont. Que finalmente todo quede en manos de una persona que no fue candidato a presidir la Generalitat deja bien a las claras que todo esto no tiene nada de democrático.

La salida a todo esto sólo puede ser legal y democrática. Por eso hay que restablecer el imperio de la Ley, pero también devolver la voz a los catalanes para que puedan tener una representación política que no se sitúe al margen de la ley. La gran pregunta en estos momentos es cuánto tardaremos, y con qué coste social adicional, en llegar hasta aquí. La otra gran pregunta es a cuántos, de los que los Dioses han cegado, destruirá políticamente todo este proceso.

*** Francisco de la Torre Díaz es diputado de Ciudadanos.