A la sombra del Rey

“La Monarquía parlamentaria es el medio de combinar la inercia de un ídolo de madera con la credibilidad de un ídolo de carne y hueso” (George Bernard Shaw).

Sobre el calendario de España han pasado 39 años desde que nuestra Constitución (CE), aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978 y ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978, proclamó a la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado (artículo 1.3 CE) y a don Juan Carlos I de Borbón Rey de España (artículo 57.1 CE), o sea, un híbrido de rey con atribuciones de presidente de república.

Desde la perspectiva del tiempo, es evidente que la tarea de don Juan Carlos fue muy meritoria. No se trataba de dar la vuelta a la tortilla, sino de que hubiera tortilla para todos y a gusto de casi todos, lo cual no era cosa fácil. Cuarenta años de somnolencia política desentrenan a cualquier sociedad, por madura que sea, y a los españoles que tenían hambre y sed de libertad hubo que convencerles de que no gritaran más de lo preciso durante el tiempo necesario que el cambio político requería.

Un ligero vistazo a la historia puede servirnos para resaltar las características constitucionales de nuestra actual monarquía parlamentaria. Las constituciones de 1845 y 1876, bajo las cuales reinaron, y en cierto modo gobernaron, Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII no tienen nada que ver con la actual de 1978. Según aquellas, el rey tenía, entre otras muchas, la prerrogativa de nombrar y separar libremente los ministros, así como la de convocar, suspender y disolver las Cortes, sin que entre ambas potestades hubiera relación de causalidad, pues los Gobiernos no tenían necesariamente que estar respaldados por mayorías parlamentarias. 

Una y otra no fueron constituciones democráticas –en realidad, ni pretendían serlo– y retenían en el titular de la Corona la raíz del poder, limitado únicamente y de manera imprecisa por la Constitución. Cualesquiera que fuesen las prácticas parlamentarias tímidamente construidas durante la larga vida de la constitución de 1876, vigente por lo menos hasta 1923, y cualquiera que fuese el uso que de sus poderes hicieran, lo cierto es que constitucionalmente esos reyes podían hacer todo lo que hicieron.

Los tiempos y las cosas han cambiado. La nuestra no es una corte de los milagros, ni estamos en un sistema oligárquico o de caciques, aunque no faltan quienes quisieran serlo. No. La nuestra es una sociedad abierta y España es un Estado social y democrático de Derecho cuya Constitución proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado (artículo 1.3. CE).

Con mano maestra lo escribió Francisco Tomás y Valiente, presidente Tribunal Constitucional: “en una monarquía parlamentaria, el del Rey no es un poder inútil, no sólo porque a él le corresponda “el mando supremo de las Fuerzas Armadas” (artículo 62. h. CE), que ya sabemos lo que dio de sí en una situación excepcional, sino porque normalmente y como jefe del Estado, “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones” (artículo 56.1. CE)”.

Al margen de la opinión que cada cual tenga sobre la institución, pues las hay para todos los gustos en cuanto al grado de aceptación o rechazo, tengo para mí que el sentimiento actual de los españoles no es la disyuntiva república o monarquía, sino la democracia, y aunque es verdad que la primera es más racional que la segunda, también lo es que no siempre la política se guía por la razón. En los términos república o monarquía no se encuentra la solución de los problemas, sino en sus gobernantes, y hoy en España los monárquicos lo son porque monarquía se identifica con la idea básica de libertad.

Esto y no otra cosa es lo que las últimas encuestas nos dicen de la figura del rey Felipe VI. Sin ir más lejos, ahí está la que ayer, según el sondeo de SocioMétrica realizado entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre, publicaba EL ESPAÑOL, que acredita que don Felipe ha disparado su popularidad a niveles que la monarquía no veía desde hace más de 20 años. A tenor de los datos ofrecidos, en plena crisis catalana, los españoles dan al Rey una nota de 7,2 puntos sobre diez, que contrasta con el 3,7 que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) daba en 2014, cuando la abdicación de don Juan Carlos I y la proclamación de don Felipe VI.

No creo que nadie dude de que ese ascenso galopante de su popularidad –aprobada en todos los grupos de edad y sexo– responde al discurso televisado que el pasado 3 de octubre y de forma tan solemne como firme, el rey Felipe VI dirigió a todos los españoles “ante la situación de extrema gravedad derivada de la quiebra del orden constitucional perpetrado por la Generalitat y el Parlamento catalán”. Con su mensaje en el que reprochó a las autoridades catalanas haber vulnerado la Constitución, “demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado (…) fracturado y enfrentado a la sociedad catalana”, y en el que reclamó a los poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones y la vigencia del Estado de Derecho”, S.M. don Felipe VI, Jefe del Estado (artículo 56.1. CE), cumplió escrupulosamente el mandato constitucional de defender la unidad de España y lo hizo sin sobrepasar los términos señalados por la propia Constitución.

En la seguridad de que el director de EL ESPAÑOL no me demandará, hoy me quedo con una frase que copio de la carta que escribió el pasado 8 de octubre y que llevaba por titulo El contragolpe del Rey: “(...) Nunca he sido felipista –tampoco en modo borbónico- pero siempre hay que descubrirse ante el coraje con causa. La transfiguración de Felipe VI en la sombra de su padre durante el 23-F fue como un chute de adrenalina colectivo. Los policías y guardias civiles se sintieron por fin respaldados. Los jueces y fiscales entendieron todo lo que está en sus manos (…) Pero, sobre todo, los ciudadanos de a pie se pusieron manos a la obra (...) Lo que en los días anteriores había sido un movimiento tímido, se trasformó el miércoles en el germen de un motín y el jueves en una declaración de guerra económica en toda regla contra Puigdemont (…)”.

En su memorable mensaje del 3-O, el Rey también se refirió al Derecho y a la Justicia, lo cual no me extrañó, pues me consta su preocupación por ambas nociones. Tan es así que en cuanto la ocasión se le presenta pide especial atención para el buen funcionamiento de los tribunales y clama por una tutela judicial efectiva y ágil. De él son estas palabras pronunciadas el 18 de julio de 2016 en el acto de entrega de despachos a la 66ª promoción de la Carrera Judicial: “La independencia de la Justicia es esencia del Estado de Derecho y hemos de proclamarla, preservarla y respetarla tanto en su vertiente institucional, como en su vertiente individual. Bajo el principio de separación de poderes que consagra nuestra Constitución, la independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestro Estado y de nuestra democracia”.

Con reflexiones como éstas y al margen de las discrepancias respecto a la ficción jurídica de la invocatio regi, si de acuerdo con el artículo 117.1. CE la justicia se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes, sin duda que los buenos jueces españoles justifican que don Felipe VI se sienta orgulloso de estar tan dignamente representado.

Un rey debe saber que su poder es el instrumento de los fines de su pueblo. Ya lo dijo Raimundo Lulio, lo mismo que apuntó que el desacuerdo entre el príncipe y los ciudadanos, difícilmente alcanza a ser remediado. En España, según síntomas ciertos, lo que se quiere es un rey para todos y una monarquía en la que se pueda opinar, pensar, votar y contribuir al buen gobierno. Un rey, como Felipe VI, que cultiva la sencillez y se expresa correctamente y encima lo hace en varios idiomas, no ignora que la monarquía no puede basarse sólo en el encanto personal y menos en el boato, ni se hace en los museos de figuras de cera que no sirven más que para, llegado el caso, haya que derretirlas a fuego rápido con el consiguiente calentón de cabeza.

Lo mejor del Rey de España es que, siguiendo el consejo de sus verdaderos leales, sabe que debe estar al servicio del pueblo. Si el Rey goza de la confianza de los españoles es porque los ciudadanos encuentran en su persona los caminos que habrán de llevarles a lo que buscan, algo que responde a cuando un rey tiene vocación de serlo y conciencia de cómo y de qué manera debe serlo.

Don Felipe VI sigue siendo joven, aunque va camino de ese estado de vida –el próximo 30 de enero cumplirá 50 años– que a decir del sereno Goethe le convertirá en el Rey honrado, prudente y cabal. Estoy convencido de que las únicas arrugas que le preocupan al Rey de España son las del alma.

***Javier Gómez de Liaño es abogado, juez en excedencia y consejero de EL ESPAÑOL