La normalización lingüística, una anormalidad democrática

Este es el título del libro que, en 1993, publicara (editorial Siglo XXI) el tristemente fallecido Manuel Jardón, y en el que se ponía de manifiesto con meridiana claridad el carácter “opresivo”, así lo dice Jardón, de la “transición lingüística” operada a raíz de la constitución autonómica de Galicia. La filtración en las leyes estatutarias y autonómicas de la ideología nacionalista dominante -dominante en el ámbito administrativo e intelectual, incluyendo el educativo, aunque ya no tanto socialmente- fue llevada a cabo además, en el caso gallego, por un partido, el hegemónico en Galicia durante todo este período -la AP de Fraga convertido en el PP actual-, que, en principio, no se caracterizaba por ser depositario de dicha ideología nacionalista fragmentaria. Más bien al contrario, y así lo siguen creyendo muchos, se caracterizaba -y sigue haciéndolo- por una ideología, digamos, “unionista”, por lo menos así figura en su programa, contraria a la fragmentación de España.

Sin embargo, y esto es quizás lo más llamativo de ese caso gallego, no hizo falta un PNV o una CiU a la gallega para que se colase la ideología nacional-fragmentaria en el ordenamiento jurídico autonómico gallego. En efecto, para que ello ocurriera fue suficiente con Manuel Fraga y su partido, a pesar de ese unionismo programático. Y es que es desde esta ambigüedad –quizás esquizofrenia-, desde la que ha actuado el PP de Galicia como principal artífice responsable del ordenamiento jurídico autonómico gallego, y lo ha hecho llegando, incluso, a asumir –y sigue en ello- como válida la tesis (nacionalista) del carácter nacional de Galicia (de hecho se legisla como si así fuera). Y todo ello, insistimos, a pesar de que en el terreno programático, de la propaganda y de las manifestaciones públicas, los representantes y dirigentes del PP no pongan en cuestión la unidad de España como nación, o, incluso, defiendan dicha unidad frente a la amenaza separatista.

Para muestra, sin ir más lejos, el botón de la pasada celebración, este verano, del 25 de julio, día de Santiago Apóstol, que se asume, por parte de las autoridades -con Feijóo a la cabeza-, como día nacional de Galicia -una idea promovida desde 1919 por las nacionalistas Irmandades da Fala de Vilar Ponte-, soslayando el hecho, prácticamente descartándolo, de que haya sido tradicionalmente un santo vinculado a España, desde época medieval, en tanto que patrón suyo (Santiago Matamoros, precisamente, representa la pugna contra el Islam en la que se forjó España, siendo Santiago Apóstol, en palabras de Américo Castro, el “anti-Mahoma”). En definitiva, una festividad común, nacional española, como es la de Santiago Apóstol -festivo en muchos pueblos de España-, se convierte, a través de esta asunción y complicidad institucional con el nacionalismo, impulsada por el PP gallego, en una festividad propia de Galicia.

La situación se agrava cuando esta restricción de la propiedad, que tiene que ver con la apropiación fragmentaria de una parte del territorio nacional español por parte de estos grupúsculos nacionalistas, se extiende también a la lengua y se convierte al idioma gallego, de nuevo, en lengua nacional de Galicia en tanto que lengua propia (excluyendo, claro, al español). Y es que, en efecto, uno de los tópicos más repetidos en relación a las lenguas vernáculas regionales existentes en España, y otra vez por infiltración de la ideología nacional-fragmentaria, es el que se ocupa de considerarlas como lenguas propias de la comunidad autónoma correspondiente.

En el Estatuto de Galicia, por ejemplo, art. 5, se dice, sin más, “la lengua propia de Galicia es el gallego”. Queda excluido por tanto el español, parece deducirse, como lengua propia de la región, viéndose así este desplazado a la condición de lengua adventicia, impropia, postiza, extraña en fin. Cuando además, desde instancias oficiales –sin ir más lejos, desde la web de la Xunta de Galicia-, se habla de la “imposición” del español durante siglos en dicha región y de la “normalización”, necesaria, como compensación de tal imposición, para restaurar la “lengua propia”, entonces es imposible, desde tales premisas, evitar la obstaculización, cuando no directamente el impedimento o negación del uso y aprendizaje de la lengua española en dichas regiones al verla, ya no solo como extraña, sino también como invasora.

En respuesta a esta idea conspira-compensatoria de las relaciones entre gallego y castellano, característica del galleguismo, Manuel Jardón, en unas breves líneas, fija muy bien las cosas sobre sus quicios históricos -reales-, frente a estas ficciones y veleidades desquiciadas del nacionalismo:

“¿Por qué el gallego, a pesar de su esplendor lírico, no llegó a ser lengua oficial del Estado? Porque cuando de forma esporádica y embrionaria existió el Estado gallego, el idioma oficial fue el latín, no el romance; y cuando las lenguas romances sustituyeron al latín como lengua del Estado, no existió en absoluto una Galicia independiente, con Estado propio, sino que fue solamente una parte más de la Corona de Castilla [...]. ¿Cuál fue la causa de la profunda decadencia del gallego escrito durante la Edad Moderna, la voluntad hostil del Gobierno central, castellano, o la marcha de la Historia que era desfavorable al gallego? La respuesta es clara: no hubo ninguna inquina centralista contra el gallego; lo que marginó al gallego no fue la voluntad de Castilla, sino la vitalidad del castellano, ligada a la vitalidad de Castilla”.

Una vitalidad castellana, por cierto, de la que participaba Galicia con los mismos plenos derechos -hablar de “siglos oscuros” en referencia a este período es pura retórica galleguista falsaria-, no habiendo “opresión” de ningún tipo hacia los gallegos y hacia Galicia como tal. En definitiva, es por esta realidad histórica señalada por Jardón, por la que el castellano terminará dominando, y no porque hubiera, en fin, ninguna conspiración política contra el gallego, o contra el resto de lenguas peninsulares regionales, según quiere el victimismo nacionalista.

Pero además tampoco hubo nunca oficialidad en el gallego, como pretende de nuevo falsariamente el galleguismo, de tal manera que, en rigor, nunca se le puede devolver a esta lengua una dignidad oficial que nunca tuvo. Es más la realidad es que el gallego real -el de los gallegohablantes-, para bien o para mal muy dialectizado y ruralizado con el paso de los siglos, queda completamente pervertido y desvirtuado al encerrarlo en el lecho de Procusto de su normalización oficial autonómica actual.

Ahora bien, siendo negativo esta perversión de la lengua gallega por su uso oficial, lo peor de este proceso de normalización es el carácter opresivo, en términos de Jardón, que para la población gallega representa esa oficialidad, que ahora obliga al uso exclusivo del gallego en la comunicación con la Administración cuando existe una lengua común, la española, igualmente oficial y que, sin embargo, se va marginando, incluso eliminando, de los ámbitos oficiales e institucionales. Privar de esta manera del uso del español, lengua internacional, a generaciones de conciudadanos españoles -gallegos, pero también vascos, navarros, baleares, catalanes, valencianos- para confinarlos en un uso, por lo demás artificioso, de una lengua regional es algo efectivamente anormal desde un punto de vista democrático (la Constitución democrática solo habla –art. 3- del deber de conocerla en referencia al castellano, precisamente por ser la única que es común en España), pero también desde un punto de vista intelectual, al obstaculizar, e incluso impedir, el uso de una lengua internacional que hablan 500 millones de personas (con todo lo que ello implica).

Es decir, ya no solo se trata de que los ciudadanos españoles tengan derecho a que las instituciones -sean de ámbito nacional, autonómico o municipal- se dirijan a ellos -cualquiera sea el lugar en el que habitan de la geografía española- en la lengua común, derecho que se está sistemáticamente violando en las comunidades con otras lenguas cooficiales, sino también se trata de que los habitantes de dichas comunidades están siendo marginados al ofrecerles una formación muy precaria del español -y en español- cuando, igualmente, tienen el deber -constitucional- de conocerlo y el derecho -igualmente constitucional- de usarlo. Es así pues, y en resolución, que las leyes estatutarias y autonómicas, para quien quiera enterarse, están consagrando, ahora sí, estas anormalidades anticonstitucionales y antidemocráticas.

*** Pedro Insua es profesor de Filosofía y autor de los libros 'Hermes Católico' y 'Guerra y Paz en el Quijote'.