¿Legitimar una nueva aristocracia territorial y desleal?

Imaginemos que un conjunto de partidos defendieran en pleno siglo XXI el que algunas personas, por razón exclusiva de nacimiento u origen, debieran tener más derechos o recibir más dinero que el resto, hablar un lenguaje propio excluyendo a la lengua común, pagar menos impuestos, organizarse y gobernarse separadamente, renunciando a su obligación de solidaridad con los que no pertenecieran a esa saga, casta o clase territorial.

Añadamos que ese grupo de personas fueran los más ricos del país y que todo ello se enmascarara bajo el principio democrático. ¿Sería esta idea admisible? Pues esto es precisamente lo que está pasando en nuestro país, con la compresión o incluso complicidad de algunos partidos de izquierdas.

La revolución francesa acabó con los privilegios de la nobleza y la aristocracia en nombre de la igualdad, quedando reducidas a un mero título honorífico. Sin embargo, otra aristocracia está surgiendo entre nosotros, cual hidalguía universal renacida, que mira por encima del hombro a los demás para potenciar su identidad y autoconfianza (Joshua Searle-White, The Psychology of Nationalism). Sin ni siquiera sentir la necesidad de legitimar ese estatus en los grandes servicios prestados al Estado por sus antepasados, ni en poner todo su empeño en el futuro para seguir haciéndolo. Por el contrario, se fundamenta en una interpretación de la historia maleada y falsificada que ensalza sus traiciones y ataques a la idea común de España, así como en su firme propósito de continuar atacándola dentro y fuera de sus fronteras. Basta mirar al papel jugado por las embajadas catalanas.

Ni Europa, ni al parecer gran parte de España, se percata de lo que nos jugamos con el movimiento separatista. Una nueva lucha de clases se está imponiendo, solo que de base territorial, que trata de romper la cohesión social e imponerse al resto de forma desleal e insolidaria. Algunas personas pueden ostentar derechos específicos en razón de sus especiales características, pero normalmente coincidirán con los menos favorecidos: discapacitados, pensionistas, parados…

El separatismo defiende lo contrario: que aquellos que están mejor situados obtengan mayores ventajas que los demás; olvidando además el trato especial que han recibido por parte del gobierno central durante siglos: política proteccionista y privilegios comerciales para Cataluña, política industrial para el País Vasco.

Una cosa es que se reconozca sus particularidades derivadas de la lengua y aspectos culturales, y otra muy distinta que eso sea base para nuevas ventajas económicas o competenciales. Tanto que se habla de Quebec, a menudo se oculta que las singularidades aceptadas en Canadá con esta región se refieren precisamente a aspectos lingüísticos y culturales. A pesar de ello, la mejor Universidad de Montreal (la McGill) utiliza como lengua vehicular exclusivamente el inglés, lengua mayoritaria de Canadá. Sigue siendo paradójico que en nuestro país el inglés tenga más derechos en las escuelas públicas y concertadas bilingües (dos asignaturas al menos se imparten esta lengua) que el castellano/español (la común del Estado y segunda más hablada del mundo) no sólo en las escuelas catalanas, sino en otros territorios como Valencia o Baleares, donde se extiende esa plaga venenosa.

Existen varios modelos de organización territorial en nuestro entorno: el francés (centralista); el alemán, austríaco y norteamericano (federal); y el suizo. Este último confederal solo nominalmente pues su gobierno central tiene más competencias de inspección que el español y puede crear escuelas y universidades propias en cualquier cantón; una competencia que reconocía al Estado el Estatuto de Nuria de 1932, razón por la cual los nacionalistas se negaron a su restablecimiento.

Esos modelos son legítimos en función de la estructura, acuerdo e historia de cada país, todos ellos democráticos, todos con sus particularidades, pero todos con elementos comunes: el sentido de pertenencia a la nación compartida, la intención clara de caminar juntos y la lealtad interterritorial y hacia las instituciones comunes, el objetivo de crear un gobierno central fuerte, y una coordinación política de facto asegurada por los grandes partidos nacionales presentes en todo el territorio (en Alemania, la CSU bávara sólo se presenta a las elecciones estatales, mientras a nivel federal está aliada con la CDU).

El caso de España constituye una rara avis en el panorama internacional: el sentido de pertenencia y lealtad no existen, y los partidos nacionales son minoritarios en al menos dos regiones, a pesar de lo cual tampoco comparten un proyecto común de país. Los separatistas echan la culpa de dicha desafección al “terrible” Estado español e incluso, los más osados, se retrotraen a los supuestos excesos de la monarquía absoluta y borbónica, y por supuesto del franquismo a pesar de que incluso bajo éste (que solo supuso 37 años en la historia de España) se mantuviera el régimen de concierto con Navarra y Álava, y la política industrial y comercial siguiera favoreciendo a los de siempre.

Este análisis no resiste el mínimo rigor en el estudio comparado. En cualquier otro país la monarquía o la república central han sido mucho más agresivos con los diversos territorios (basta mirar al norte de los Pirineos), a la hora de forzar la integración y reducir singularidades. Es hora de plantear que la situación que estamos viviendo puede deberse paradójicamente a una postura especialmente complaciente e ingenua del Estado español, mantenida en el tiempo, respecto a algunas regiones, pensando que dando más recibirían mayor reconocimiento, cuando en su lugar han obtenido menosprecio, agravios y victimismo.

La Historia es mala maestra pues seguimos premiando a lobos depredadores e insaciables, aunque por pura estrategia puedan de vez en cuando venir disfrazados de corderos. Seamos claros: si en España sólo se ha reformado la Constitución en dos ocasiones por presión de Europa, no es porque sea más rígida que otras o porque nuestros políticos sean necesariamente mucho más inmovilistas. Sino porque aquí a diferencia de otros países, abrir el melón constitucional puede llevar a poner en peligro la subsistencia del propio país, tanto por la ausencia de un proyecto nacional común entre los partidos españoles, como por la deslealtad probada de los partidos nacionalistas que con singular denuedo y persistencia deshilachan el cordón umbilical que les une al resto de España, hasta hacerlo tan débil o frágil que baste un soplo para romperlo. Por esta razón, importar soluciones federales que funcionan de forma eficaz como instrumentos de cooperación en otros lares puede resultar aquí contraproducente. El contexto importa.

Cualquier reforma constitucional debe venir acompañada de un nuevo proyecto nacional de objetivos compartidos que sepa qué quiere y dónde quiere ir España. Ese proyecto existía en los años 70, pero hoy lo hemos perdido. Del mismo modo, la reforma debe llevar aparejada la renuncia formal a la independencia de los separatistas, acompañada en su caso de la renuncia del resto a volver al centralismo. Estas cláusulas de intangibilidad son comunes en las Constituciones de nuestro entorno: Francia, Alemania e Italia. Por tanto, no hay por qué asustarse, al menos que sigamos creyendo lo que se decía durante el franquismo que “España es y debe ser diferente”. Pero se piense lo que se piense, una cosa está clara: no se puede apagar el fuego ni evitar nuevos incendios dando más gasolina a los pirómanos.

*** Alberto G. Ibáñez es autor de 'La Conjura silenciada contra España'.