Financiación privada: de las pensiones a la Sanidad

La aprobación del nuevo Real Decreto para la modificación del Reglamento de planes y fondos de pensiones en materia de liquidez y reducción de comisiones con la finalidad de aumentar la aportación privada es un reconocimiento explícito y un espaldarazo al modelo de protección social de nuestro país, y un aviso a navegantes de que el sistema público para el mantenimiento de los derechos sociales, por sí solo, no es suficiente.

Todo el mundo es ya consciente de que tanto el incremento de la esperanza de vida media de la población como el envejecimiento hacen cada vez más complicado dar cobertura de servicios públicos a todo el mundo. Esta evolución demográfica, junto con la cronicidad de los pacientes como resultado de la mejora de la calidad de la Medicina y la progresión en la innovación tecnológica y farmacológica, hacen que el sistema sanitario público -o el sistema socio-sanitario que al final es lo mismo- sea incapaz por si sólo de cubrir la demanda de la población.

España es, si no el que más, uno de los países del mundo donde existe más alto nivel de protección social. Somos de los pocos países en los que todavía perdura la intención de mantener un Sistema de Salud de cobertura total y alcance universal sin copagos obligatorios, salvo los farmacéuticos. Y esto es posible debido a la concurrencia de tres circunstancias: la existencia de un sistema sanitario que ofrece una cartera mal llamada socio-sanitaria -porque se da cobertura ilimitada a los juanetes o a las hemorroides, por ejemplo, y no al anciano dependiente de sus necesidades-, la realidad de unos profesionales pobremente remunerados y la presencia de un sector sanitario privado extremadamente competitivo desde el punto de vista de la financiación -gracias a un modelo de aseguramiento varias veces más económico que el de los países de nuestro entorno- junto con una provisión asistencial privada lo suficientemente atractiva por su calidad y resultados como para que 8 millones de ciudadanos decidan de manera voluntaria contratar de forma suplementaria a la cobertura pública un seguro de salud.

Y sobre eso descansa la realidad: la existencia de un sistema que reconoce derechos para toda la población por igual, junto con millones de personas que de forma voluntaria, porque pueden, descargan a las Administraciones públicas tanto en coste como en recursos para que quien no puede disponer de esa opción tenga posibilidad de ser atendido antes y mejor.

Puestos, por tanto, a favorecer la contratación de planes de pensiones estimulando la fiscalidad de la contratación de productos privados, ¿por qué no se puede hacer lo mismo para favorecer el consumo del aseguramiento privado en Sanidad? Disponemos de un Sistema Sanitario público de gran calidad, pero que muestra síntomas de agotamiento en relación con la capacidad para atender a toda la población. De ahí las inagotables listas de espera y el problema de la igualdad de las condiciones tecnológicas, porque no se puede llevar la innovación por igual a todas partes.

El estímulo del consumo sanitario privado no sólo permitiría darle mucha más agilidad al funcionamiento del sistema público, mejorando la calidad y la satisfacción de los usuarios al permitir una tratamiento más equitativo, sino que estimularía la industria sanitaria privada gracias a quienes demandan una atención de igual calidad que la pública pero más personalizada. Este sector es una de las mayores fuentes de creación de empleo de alta calidad -más del 80% del trabajo en la sanidad privada es indefinido y más del 50% es femenino- y desde el punto de vista de la competitividad es ejemplo y referencia en nuestro país y en el exterior, tanto por su innovación como por sus altos niveles de competencia.

La puesta en marcha del nuevo Real Decreto sobre planes y fondos de pensiones es, en mi opinión, un buen ejemplo de hacia dónde debe de ir el futuro de la financiación de los servicios sociales en nuestro país, a fin de que se mantenga el modelo de protección social que todos queremos. Pero nuestros políticos y gobernantes deben de avanzar mucho para ir hacia un nuevo Pacto Social que asegure el futuro de este modelo.

El hecho de favorecer el consumo voluntario privado de productos que alivien las arcas públicas en vez de implementar impuestos o copagos de forma obligatoria contribuye a poder mantener la sostenibilidad del modelo social de convivencia sin hacer discriminaciones. Se contribuye así a tener una sociedad que cubre las necesidades de quien no puede elegir y al facilitar que salga del sistema público quien sí tiene esa opción favorece la solidaridad.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.