El teléfono del juez

¿Quién no siente aprecio por un médico, por un guardia civil o por un profesor? La inmensa mayoría coincidirá en que quien dedica su vida a velar por su salud, por su seguridad y por su educación merece su respeto. En consecuencia, tendrá los días contados el gobernante que, debiendo gastar el dinero público en sanidad, en seguridad, o en enseñanza, lo aplique a otros fines, dejando desasistidos hospitales, cuarteles y aulas.

Si esto es así con todos los servicios públicos, hay que preguntarse por qué la Justicia no goza de la empatía de los gobernantes y por qué la sociedad tampoco considera prioritaria su atención y dotación. No se puede dar una respuesta sencilla a un problema complejo, pero, puestos a sintetizar, lo reduzco a una palabra: desconfianza.

Acudir a un tribunal en demanda de justicia es una apuesta de riesgo. En primer lugar porque quien solo quiere justicia, lo único que busca es que le den la razón y si no se la dan, pregonará ante los medios su descontento. Explicar que el juez se debe a la ley no satisface al desazonado, que, preguntado al respecto, le asignará un rotundo cero. No pasará del cinco la puntuación del que ganó el juicio si el procedimiento tardó largo tiempo en desenvolverse, ya fuese por el atasco crónico que padecen los juzgados o porque, por mucha prisa que tuviera el exigente comensal, si pidió una paella, el arroz debió cocer durante dieciocho minutos.

Todos queremos una justicia rápida, y nadie quiere una justicia precipitada. Por otro lado, no saber qué va a pasar, esa imprevisibilidad del tribunal -pendiente solo de leyes, alegaciones y pruebas- no es un defecto del sistema, al contrario, es reflejo de la esencia del poder judicial en democracia.

Explica N.V. Krylenco, primer titular del comisariado del Pueblo para la Guerra de la república obrero-campesina -y ardiente acusador, pues hasta 1922 estuvo prohibido llamarles "fiscales"- que "nuestro sistema se distingue y aventaja a la errónea teoría de la separación de poderes y a la teoría de la independencia del Poder Judicial. Menos mal -decía Sverdlov- que en nuestro país los poderes legislativo y ejecutivos no están separados por un muro infranqueable como ocurre en Occidente, así todos los problemas pueden resolverse con rapidez, especialmente por teléfono".

Dicen los críticos de la Justicia que los jueces no tratamos igual a todos. Que si eres poderoso o rico, tienes las de ganar. Y ponen el ejemplo del que robó cinco euros condenado en un pispás a cumplir una condena de largos años de cárcel. Por contra, el que amasó una fortuna con el dinero de los contribuyentes escapa libre de polvo y paja. Dos matizaciones. Suele omitirse explicar que: A) El robo de los cinco euros se llevó a término poniendo una navaja en el cuello de la víctima, hecho grabado por la cámara de seguridad de un banco que permitió la rápida identificación del culpable. B) Que el delincuente refinado se vale de tantos artilugios y zangamangas que es muy, pero que muy difícil, demostrar su culpabilidad, y que si la sentencia de condena aún no es firme, lo suyo es que siga en libertad.

Que un juez diga de los jueces que son honrados, trabajadores e imparciales no tiene mérito. Pero si el juez no es honrado, no es trabajador o si no actúa imparcialmente, responderá con su toga, con su dinero y con su libertad de los desmanes que cause. Y así tiene que ser, en otro caso, seríamos tiranos, capaces de actuar a nuestro antojo con completa impunidad.

Me he referido antes a "imparcialidad", y no a "independencia", pues aquella, que no coincide con esta, se entiende mejor. Si se reivindica al juez independiente, y lo hace el propio juez, parece que suspira por un privilegio de casta, pero si reclama la salvaguarda y el ejercicio imparcial de su labor constitucional se comprenderá qué pide y para qué.

Si los jueces, como en Suiza, nos integrásemos en los partidos políticos, ¿seríamos más fiables? Si los jueces, exentos de militancia política, fuéramos elegidos, ¿con qué programa electoral concurriríamos? Todos diríamos que trabajaríamos mucho, pero ¿no sería mejor valorado el que dijese que actuaría de manera imparcial?

Despista o confunde que para mantener el sistema actual de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial se aluda a la legitimidad de quienes representan a la soberanía nacional, mercancía averiada que no compró el TEDH que ya condenó a Portugal, cuyo sistema era mucho más blando que el nuestro. Hay que dejar claro que lo que quieren los defensores del sistema -que a su vez trae causa del régimen desmedido de aforamientos- es contar con jueces de confianza. Quieren teléfonos a los que llamar.

La Constitución quiso que las cosas se hicieran de otra manera y el TC avisó al respecto. Los métodos se valoran por sus resultados y el descrédito del CGPJ al que ha conducido la reforma de 1985 es tan notorio como fundado. Es intolerable que el perfil de los vocales judiciales se explique con certera alusión a las siglas de un partido político. El perjuicio que proyecta tal politización sobre la recta e imparcial actuación de los jueces españoles es un baldón que no nos merecemos.

La ministra de Defensa censura a las asociaciones judiciales, al tiempo que el presidente del Gobierno, en su discurso a la nación, se apoyó en las palabras de su comunicado conjunto para afrontar el mayor desafío que sufrió el Estado democrático. Tras consumarse el golpe, en octubre de 2017, España ha visto, si antes no lo tenía claro, para qué sirve la Justicia y cómo actúan sus servidores. Con qué determinación e imparcialidad.

*** Mariano Mecerreyes Jiménez es miembro de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.