Lo llevo en mi programa electoral… Si llego al Gobierno lo haré… Me comprometo… Exactamente los mismos sueldos… En abril se cumplirán nueve años de aquella solemne promesa catódica que Mariano Rajoy brindó desde un plató de televisión a los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional: igual remuneración que la de otros cuerpos policiales mejor tratados por las administraciones territoriales a las que sirven.
En el tiempo transcurrido desde entonces, Policía Nacional y Guardia Civil han visto cómo sus plantillas mermaban hasta quedar en los huesos, víctimas de la crisis y del cerrojazo al empleo público decretado por los sucesivos gobiernos de PSOE y PP. Ambas han sufrido en su día a día el deterioro y la falta de medios materiales imprescindibles para realizar su labor de modo efectivo y seguro. También han comprobado cómo sus nóminas menguaban y cómo, lejos de cerrarse, la brecha salarial con Ertzaintza y Mossos d’Esquadra crecía más aún. Y, sobre todo, han escuchado más promesas de unos y de otros, según quién ocupara el sillón de la Moncloa, que han caído en el viejo saco roto del si te he visto no me acuerdo… hasta la próxima.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido años y mayorías suficientes para haber satisfecho su olvidada promesa. Metido en su cómoda topera, nunca la consideró una prioridad. Desde el minuto uno de la actual legislatura Ciudadanos trasladó a las instituciones la necesidad de reconocer salarialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, convencidos de que nuestros servidores no podían seguir esperando a un Gobierno inmóvil. Proposiciones, preguntas escritas, preguntas orales en las sesiones de control al Ejecutivo…
Rajoy y los suyos han demostrado ser expertos en prometer lo que sea para salir del atolladero
En el Congreso y también en la calle sacudimos la modorra del PP porque siempre creímos que los hombres y mujeres en cuyas manos descansa nuestra seguridad deben tener lo que merecen y mirarse de igual a igual con otras policías, cuyos sueldos salen también de los impuestos de todos los españoles.
Cuando el ministro Zoido nos recrimina por llevar el debate al pleno del Congreso una semana sí y otra también, y por salir a la calle al lado de quienes piden #EquiparaciónYa, admite sin querer que ha tenido que venir un partido nuevo, comprometido con la igualdad, sin ataduras, a pelear desde la tribuna política por lo que era imperativo hace treinta años y lo es hoy aún más.
Tanto creemos en esa deuda pendiente que la hemos subrayado en rojo, como condición para avalar las cuentas generales de 2018. Y lo mantenemos. Si el proyecto que el Gobierno envíe en unas semanas al Parlamento no consigna negro sobre blanco los 500 millones en capítulo uno para empezar a nivelar nóminas de Policía y Guardia Civil con Mossos d’Esquadra y Ertzaina en un proceso trienal, no respaldaremos los PGE. Se llama coherencia y mantener los compromisos adquiridos.
Ante el acuerdo alcanzado entre Interior y los sindicatos y las asociaciones representativas, optamos por la prudencia y por mantenernos vigilantes, dados los precedentes. Rajoy y los suyos han demostrado ser maestros en el arte de mover la bolita, expertos en prometer lo que sea para salir del atolladero, máxime si se ven acuciados por proyecciones electorales adversas. En Ciudadanos sabemos bien de la alergia del PP a respetar la palabra dada, de su amnesia sobre los pactos firmados cuando se le exige cumplir su parte del acuerdo.
Es necesaria una ley de retribuciones que evite nuevos desajustes y agravios comparativos
Las negociaciones de las últimas semanas con los interlocutores sociales han mostrado criterios discordantes dentro del propio Gobierno. El ministro del Interior prometía 300 millones, Montoro le enmendaba a la baja. Habrá equiparación aunque no haya presupuestos, dice Zoido; la equiparación se concretará cuando se aprueben los Presupuestos de 2018, asegura Rajoy. Y luego, el nada edificante regateo económico protagonizado por la Secretaría de Estado de Seguridad en la mesa sindical. Hay quien ve en esta zarabanda una muestra de improvisación y descoordinación. Otros, un intento de fracturar la desafiante unidad de acción concitada en la calle por la plataforma Jusapol, excluida del proceso negociador.
Serán las decenas de miles de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y del Instituto Armado y sus familias quienes juzguen si los términos del acuerdo alcanzado por sus negociadores y el Ministerio del Interior les satisfacen y en qué grado. Ciudadanos no se sentaba a la mesa y lo correcto es no inmiscuirse en aquello que no está en su mano decidir, por una cuestión de respeto elemental que a algunos les cuesta entender. En nuestra mano estaba hacer que la equiparación salarial, que es de justicia, fuese tomada en cuenta en la dimensión que merece por un Gobierno paralizado. Y lo hemos logrado.
La urgencia de reparar una injusticia de décadas ha eclipsado otras cuestiones de fondo que no deben relegarse. Es necesaria una ley de retribuciones que evite nuevos desajustes e impida volver a la casilla de salida de los agravios comparativos entre cuerpos que desempeñan una misma labor pública en distintos territorios. Y más ineludible aún es abrir una reflexión colectiva sobre el nuevo modelo policial que necesita la España del siglo XXI.
Ciudadanos ha puesto la primera piedra al promover la creación de una comisión parlamentaria de estudio a la que vamos a convocar a representantes de todos los cuerpos policiales -también locales y autonómicos-, a expertos nacionales e internacionales, a todo el que quiera aportar su experiencia y sus planteamientos para una apuesta de futuro que el país necesita ya.
*** Miguel Á. Gutiérrez es secretario general del Grupo Parlamentario Ciudadanos y portavoz de Interior.