En defensa de la verdad y la democracia española

Bruselas, 28 de marzo de 2018.

Diputados y autoridades europeas.

Muy señores nuestros:

El pasado otoño nos dirigimos a ustedes como miembros fundadores de la Plataforma Cívica ¡Basta Ya!, reconocida con el Premio Sajarov del año 2000, para llamar su atención sobre el pulso al Estado que el gobierno regional de Cataluña estaba llevando a cabo. Denunciamos entonces la confusión respecto a lo que está pasando en España en relación con Cataluña y les ofrecimos información precisa sobre el intento de sustitución de los hechos por propaganda y emociones manipuladas por un gobierno regional independentista en abierta rebelión contra la democracia española y los Tratados europeos.

Cinco meses después, la Justicia está actuando. El Tribunal Supremo ha activado una Orden de Detención y Entrega contra los promotores del proceso por un delito de rebelión. Como ustedes deben conocer la denominada Euro orden afecta a todos los estados miembros desde el año 2002 y sustituye a la anterior extradición. No la cursan ni la deciden los Gobiernos sino los tribunales de justicia y tiene por objeto que los presuntos delincuentes que huyan de la justicia en cualquier país de la Unión no encuentren cobijo en ninguno de ellos. Es un acto jurídico a favor de la seguridad jurídica y contra la impunidad. Nadie, por muy poderoso que se, puede estar por encima de la ley.

Nadie puede burlarla, sin saltarse las normas constitucionales de su país; todos tenemos derecho a intentar cambiarlas; pero solo es posible hacerlo dentro de la ley y con las normas que nos hemos dado. Si un gobernante se puede saltar la Constitución de su país, o las normas europeas (como la citada Orden) nadie estará seguro: ni los jueces, ni los tribunales ni los propios ciudadanos.

El Sr. Carles Puigdemont, anterior presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, bajo cuyo mandato ocurrieron todos los despropósitos y desafueros conocidos, lleva cinco meses huido de la Justicia española. Sobre él -y otro grupo de dirigentes que como él han optado por darse a la fuga- pesan fundadas acusaciones por graves delitos cometidos en el ejercicio de su cargo; delitos que, de forma similar, están contemplados en la mayor parte de los Códigos Penales de los Estados de la Unión.

Los Tribunales de Justicia españoles, a la luz de toda la información y todas las pruebas obtenidas a lo largo de estos meses, han activado contra todos los prófugos la Orden de Detención y entrega antes mencionada. Al Sr. Puigdemont le llegó estando en Finlandia, y demostró una vez más su nulo deseo de cooperar con la justicia (en este caso finlandesa) y salió huyendo. Ninguna democracia puede dejar impune tal comportamiento. Como decíamos, todos los ciudadanos estamos sometidos a la ley; los gobernantes (o quienes lo han sido), tienen la doble obligación: cumplir la ley y hacer que se cumpla.

El ciudadano Puigdemont es diputado; pudo presentarse a las elecciones y ser elegido. Tiene intactos sus derechos y de ellos se derivan sus obligaciones. La impunidad por sus actos presuntamente delictivos no es uno de sus derechos; rendir cuentas ante la justicia de sus actos presuntamente delictivos sí es una de sus obligaciones.

Nosotros no somos el Gobierno; somos un grupo de ciudadanos que formamos parte de un movimiento cívico que recibió el Premio Sajarov precisamente por haber destacado en su lucha por las libertades y el respeto a los derechos humanos. Les rogamos tomen nota de esta realidad y actúen en consecuencia.

Como recordatorio, tengan en cuenta la siguiente realidad:

1.- Los ciudadanos de Cataluña, como todos los de España, votan con frecuencia de acuerdo con las reglas democráticas; en Cataluña, seis veces en los últimos cinco años. Es completamente falso que se les impida votar.

2.- Las autoridades catalanas vulneraron sus propias leyes: en las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre impidieron a la oposición ejercer sus derechos parlamentarios a presentar enmiendas y debatir la ley exprés, inconstitucional, de celebración de un referéndum de autodeterminación.

3.- La educación autonómica se ha utilizado sistemáticamente para adoctrinar en el odio a España, difundir el supremacismo catalán y discriminar a los escolares castellanohablantes (más de la mitad).

Los escolares han sido utilizados por el gobierno catalán para manifestaciones y actos públicos a favor de la independencia, llegando a cerrarse por decisión del Gobierno regional los centros escolares y universitarios para propiciar su asistencia.

4.- Cataluña es una de las regiones más prósperas de España y sus ciudadanos disfrutan de un alto nivel de vida y uno de los más altos grados de autogobierno de cualquier región de Europa. La región de Cataluña nunca ha sido una entidad política independiente. Fue un conjunto de condados que formó parte de Francia, y luego del Reino de Aragón hasta que se fusionó dinásticamente con el Reino de Castilla en 1492 para crear la España actual.

5.- El partido que tradicionalmente ha gobernado en Cataluña (actualmente PDeCAT) lleva 30 años utilizando el dinero público, aportado por todos los españoles, para promover su agenda separatista mientras culpaba a España de sus recortes en políticas sociales, educación y sanidad con la acusación “Espanya ens roba” (España nos roba).

6.- Ese mismo partido tiene a sus más importantes dirigentes –dos de ellos expresidentes, Jordi Pujol y Artur Mas– imputados por corrupción política, y se ha financiado de forma continuada con un sistema corrupto conocido como el 3%, lo mínimo que los empresarios debían pagar para acceder a cualquier contrato público. La investigación judicial de esta trama corrupta ha coincidido, y no por casualidad, con la aceleración del proceso separatista, con la esperanza de salvar a los responsables de la acción de la justicia española.

7.- España es una Monarquía Parlamentaria y su Constitución puede ser enmendada por los procedimientos previstos para el caso, incluyendo una reforma que contemplara el derecho a la autodeterminación de partes del territorio, hoy en día tan inconstitucional como lo es en todos los países de la UE, sin excepción.

8.- Una votación sobre una secesión territorial como la que promueve el Gobierno catalán requeriría, para ser democrática, la participación de todos los españoles, porque lo que es de todos, el Estado y el territorio, debe decidirse entre todos.

9.- El separatismo atenta contra la democracia: ha roto de forma unilateral y violenta (no hay ruptura del orden constitucional que no lo sea) con la legalidad española y autonómica, y se han embarcado en una campaña para presentar al Gobierno central como "malvado" por no permitir un referéndum ilegal, declarado inconstitucional por nuestro máximo Tribunal.

Respecto a los acontecimientos del día 1 de Octubre de 2017, las fuerzas del orden cumplieron con las órdenes judiciales para impedir la celebración del referéndum declarado ilegal. Puede discutirse la idoneidad de la instrucción judicial, pero la actuación policial fue proporcional y la habitual en todos los países europeos en casos semejantes.

La policía autonómica catalana, los Mossos (con 17.000 efectivos y competencias de policía integral), boicoteó activamente el cumplimiento de las órdenes judiciales, facilitó los desórdenes públicos y en algunos casos se enfrentó a las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), que han tenido 431 heridos en lo que estuvo muy lejos de ser “una jornada pacífica de manifestación nacional”. Las redes informativas y los medios subvencionados por el Gobierno regional catalán, apoyados por la red habitual afín al Gobierno ruso, difundieron sistemáticamente imágenes falsas de violencia y tergiversado los hechos.

El Gobierno regional catalán actuó como una organización consagrada a dar un Golpe de Estado.

La administración autonómica se dedicó a dar cobertura política y apoyo material a grupos organizados que actúan en abierta rebeldía contra el orden constitucional, incluyendo ocupación de centros escolares, corte de vías de comunicación, ataques a las fuerzas policiales españolas, e intimidación generalizada de la parte mayoritaria de la sociedad catalana disconforme con este estado de cosas.

Queremos subrayar que toda Europa quedaría muy negativamente afectada si los planes separatistas acabaran imponiéndose. España no es el único país miembro de la Unión Europea con tensiones separatistas, y la posibilidad de derogar por la vía de los hechos consumados su Constitución y su integridad territorial –siguiendo un guión que recuerda la explosión de la antigua Yugoslavia- afectaría tarde o temprano a muchos otros Estados, terminando con el magnífico proyecto de una Europa libre de nacionalismo destructor y xenófobo dentro de sus propias fronteras.

Creemos que es el momento de que las instituciones europeas apoyen a España para restablecer el orden constitucional y las reglas de la democracia en una parte del país, y de la Unión Europea, controlada por una administración sediciosa y una clase política corrupta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

***Firman esta carta: Fernando Savater, Rosa Díez, Carlos Martínez Gorriarán, Maite Pagazaurtundua y María San Gil.