Presupuestos 2018: más publicidad electoral

Atención: estamos en precampaña electoral. Baste echar un ojo al Proyecto de Presupuestos Generales para 2018 que ha presentado el Partido Popular, una operación de publicidad engañosa en la que marcha acompañado de su par en la derecha, Ciudadanos.

Por si suena la flauta. A ver si cuelan. Montoro registró el martes pasado unos Presupuestos por si acaso, ya que no cuentan con la mayoría necesaria para su aprobación. Con ello, la situación de Cataluña no solo no se despeja sino que se enreda por momentos, dejando un 155 sine die y un PNV con la negociación avanzada, pero en suspenso.

El argumento del ministro de Hacienda sobre el cumplimiento del objetivo de déficit de España y el incumplimiento por contra de la Administración del Estado vinculado al cupo vasco vuelve a poner en evidencia el alto coste económico y político para la negociación del sistema de financiación que ha tenido el pacto sobre el cupo del próximo quinquenio con el PNV, sin siquiera haber arrancado el compromiso de estabilidad de toda la legislatura.

Pero lo más destacado es sin duda el desigual reparto en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, frente a toda la propaganda del PP y Ciudadanos, y de buena parte de los medios conservadores contraria a las administraciones autonómicas y locales, acusadas de manirrotas, cuando no directamente de nidos de corrupción. Ninguno de ellos se ha dado por enterado de que gracias a la contención del déficit de las comunidades autónomas, y en particular gracias al superávit municipal, es que España ha logrado cumplir con los objetivos de déficit.

Por el contrario, ha sido la Administración Central la que ha incumplido en cerca de un punto sus relativamente poco exigentes compromisos. Porque la Administración Central ya se había encargado de repartir de forma injusta, otro año más, los esfuerzos de contención del déficit, muy exigente para comunidades autónomas y municipios en particular, mientras daba manga ancha al Gobierno de Mariano Rajoy. 

El reparto presupuestario no es solo una muestra de sectarismo del Gobierno conservador del PP frente a administraciones en muchos casos gobernadas por las izquierdas, continúa con la ofensiva política e ideológica de la derecha de estrangular los servicios públicos que como sanidad, educación, servicios sociales, transporte, abastecimiento y urbanismo o gestión de residuos están en manos de municipios y comunidades autónomas, así como de seguir presionando en favor de su privatización.

A todo lo anterior hay que añadir el chantaje a las comunidades autónomas que supone el bloqueo de sus transferencias a cuenta por valor de más de 4.200 millones de euros y sitúa sus presupuestos para 2018 en precario, en particular para aquellas en situación de prórroga.

Por tanto, frente al Presupuesto “más social”, en palabras de Montoro, lo que se mantiene es la política de austeridad en el gasto público, en particular en el gasto social, cuando el contexto es de teórico crecimiento económico. España presenta uno de los gastos públicos y sociales más bajos de la Unión Europea, en correspondencia con una baja recaudación impositiva debida al fraude y la escasa presión sobre las rentas y los patrimonios más altos de los ricos, súper ricos y multinacionales.

En contra de la descripción casi idílica de Montoro, estos no son los Presupuestos para funcionarios, pensionistas y trabajadores, para los que efectivamente el Gobierno tan solo tiene promesas electorales de rebajas fiscales y de recuperación salarial y de derechos a largo plazo, hasta hoy incumplidas y ahora resucitadas como publicidad engañosa.

El Proyecto de Presupuestos pretende mostrar la cara amable del PP, después de una política presupuestaria de austeridad y una ejecución aún más restrictiva, dejando el gasto social y la inversión pública bajo mínimos y que aún tiene, no lo olvidemos, ajustes adicionales pendientes de acuerdo con los compromisos ante la UE.

Porque los Presupuestos 2018 se dan además en un contexto donde se mantienen los problemas estructurales pendientes, cuando no agravados, de la desigualdad social y de género, del modelo laboral precario, del casi colapso de los servicios públicos, de la falta de política industrial e I+D; con el futuro de las pensiones en el aire, el nuevo sistema de financiación de las CCAA y municipios, la transición energética, etc.

Es insultante, por ejemplo, la respuesta parcial e injusta que se da en este Presupuesto de ficción a las demandas de las recientes movilizaciones sociales. Así, frente a la demanda de recuperar la revalorización automática de las pensiones públicas, al margen del gobierno de turno, como parte esencial de la recuperación del Pacto de Toledo, el Gobierno de Rajoy contempla una serie de medidas diferenciadas de incremento para pensiones mínimas, no contributivas y de viudedad, junto a la exención del IRPF hasta 14.000 euros. Un ejercicio arbitrario de justicia distributiva contradictorio con el carácter contributivo y solidario de nuestro sistema público de pensiones.

Ocurre igual con la respuesta mínima y parcial ante las demandas del movimiento feminista en materias como la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las políticas de igualdad o la crisis de cuidados, resumidas en las deducciones fiscales de 1.000 euros anuales en el IRPF por gastos de guardería, de 1.200 euros anuales en el IRPF por cónyuge con discapacidad; en el aumento de la deducción por familia numerosa en 600 euros anuales por cada hijo que exceda el número establecido de cuatro, en el aumento del permiso de paternidad o el irrisorio incremento en dependencia.

Los Presupuestos de 2018 también son propagandísticos si nos fijamos en otro de los capítulos, el del cumplimiento de los acuerdos de subida salarial de los funcionarios en un 1,75%. Se dotan fondos adicionales equivalentes a un aumento salarial del 0,2% para homologaciones retributivas, el aumento de la tasa de reposición de empleados públicos al 100% para las administraciones que hayan cumplido los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto y al 115% para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policía autonómica y local.

Y es que después de años de recortes brutales, resultan totalmente insuficientes los teóricos incrementos del 16,5% en inversión en infraestructuras, del 8,3% en dotación para investigación y desarrollo, el del 6,2% en el presupuesto de industria y energía o el de 50 millones de euros en el de becas y ayudas al estudio.

Lo dicho, propaganda preelectoral que no vale ni como publicidad engañosa. Mucho menos como el presupuesto que necesita hoy la sociedad española.

*** Gaspar Llamazares es promotor de Actúa y portavoz de Izquierda Abierta.