Quo vadis, Europa?

Quienes creemos y defendemos la UE lo hacemos porque es mucho más que un simple mercado común. Es -o debería ser- un espacio de derechos y obligaciones compartidas y un área de principios comunes basados en la democracia plena de sus Estados miembro. Por eso la España de Franco nunca fue aceptada, por eso Turquía no es aceptada. Por eso y por primera vez desde hace dos milenios, en nuestro espacio europeo llevamos más de 70 años consecutivos sin guerras. Sólo por eso, y sin negar las obvias debilidades de la UE, ya merece la pena este proyecto europeo al que tanto y desde tan dispares lugares se trata de torpedear. La última agresión a Europa ha venido de un juez alemán de un pequeño land de cuyo nombre no quiero acordarme.

Que un juez de un pequeño estado alemán pueda excarcelar a un presunto golpista en uno de los estados miembro de la UE es parte de las reglas del juego de la separación de poderes. Frente a tal sentencia -probablemente no ajustada a derecho como veremos- caben los recursos previstos por las leyes y el derecho comunitario e internacional. Y eso es lo que está valorando la Justicia española: la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo.

Que toda una ministra de Justicia alemana se permitiera a las pocas horas de conocerse la noticia apostillar la sentencia en el modo y manera en que lo hizo ("Puigdemont será un ciudadano libre, en un país libre; esto es, Alemania") supuso un grave insulto a España, a nuestra soberanía y a un estado miembro de la UE. Aunque poco tiempo después se matizaran sus declaraciones con las florituras propias del lenguaje diplomático, tales aclaraciones surtieron en la opinión pública el mismo efecto que rociar con espray ambientador una diarrea de rinoceronte.

La irresponsable declaración de la ministra dejó entender que España no es un país totalmente libre y eso es un gravísimo insulto a nuestra patria. Es también una contradicción en los términos, ya que la pertenencia a la UE significa que todos sus estados comparten un mínimo común democrático. Tal insulto es, además, una mentira: el reciente "Índice de Democracia" de The Economist sitúa a España en ese privilegiado 5% de países del mundo con democracia plena. Bien es cierto que el informe de The Economist no es un acta notarial de democracia, pero sí que resulta bastante más preciso y objetivo que la despectiva y ofensiva declaración de la ministra de Justicia alemana.

La declaración de esa ministra fue un inadmisible posicionamiento ante una resolución judicial y un aviso político a catalanes errantes. Fue, en suma, una irresponsable declaración que socava el esencial antinacionalismo de Europa y que abrió la caja de Pandora de una constelación de nacionalismos medievales que hasta ahora dormitaban en sus ensoñaciones sin esperanza alguna de comprensión o apoyo por parte de ningún estado comunitario. Este pequeño juez alemán les ha dado esperanzas y ha creado un precedente. Y un precedente que, paradójicamente, en Alemania no tendrá efectos perversos puesto que la Constitución alemana prohíbe la mera existencia de partidos independentistas.

La ministra alemana socialdemócrata (¡qué paradoja que un socialdemócrata apoye a un separatista!) ha apuntalado políticamente una cuestionable resolución judicial. Su irresponsabilidad, siendo alemanes, es además doblemente grave pues Europa ha perdonado pero no olvidado que las dos guerras mundiales fueron causadas por el nacionalismo alemán. Una lección histórica que la ministra y el juez alemán parecen no haber aprendido.

Sin embargo, y pasado el primer momento de estupor, la sentencia está siendo muy cuestionada desde la propia sociedad civil alemana -sus instituciones políticas siempre han apoyado la legalidad y soberanía españolas- pues a pocos se les escapa el potencial impacto que tal sentencia podría tener en el edificio europeo. La Fundación Konrad Adenauer ha publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung un durísimo artículo ("Cataluña y el declive de la Unión Europea") en donde se afirma que el juez alemán "se ha excedido en sus competencias con la orden de detención", al tiempo que elogia la democracia española.

Si se examina la sentencia parece bastante claro que el juez alemán no solo se ha extralimitado en sus competencias sino que, además, ha ignorado pruebas, ha empleado analogías absolutamente improcedentes (equiparando, por ejemplo, el intento de golpe de estado en España por una parte de las instituciones autonómicas catalanas, con una ocupación civil de protesta en un aeropuerto alemán) y ha confundido notoriamente algunos conceptos básicos de nuestro ordenamiento jurídico y territorial.

La suma de tantos errores es especialmente grave, cuanto que el juez en realidad -y creo que esto es lo peor- no podía entrar en el fondo de la denuncia española. Ante una euroorden de extradición (Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros) no procede valorar el fondo de la denuncia sino confirmar si el delito denunciado está o no tipificado en la legislación nacional (en este caso, la alemana). Y es evidente que si lo está, ya que nuestro tipo penal de rebelión es equiparable al alemán de alta traición. No competía al juez alemán valorar si concurrió violencia suficiente para amedrentar al estado. Eso no le corresponde estudiarlo a él, sino al Estado denunciante (en este caso, España) que es tan democrático y garantista como Alemania.

Eso, y solo eso (la existencia del tipo penal en la ley alemana), es lo que tuvo que valorar el juez alemán de un pequeño land que, quizás involuntariamente, ha cuestionado los fundamentos jurídicos de la Unión Europea. Haber entrado a trapo en el fondo del asunto ha sido una injerencia competencial inadmisible y si lo hubiera hecho conscientemente podría incurrir hasta en el delito de prevaricación. Recordemos que existe prevaricación judicial cuando un juez o magistrado dictare sentencia con imprudencia grave o ignorancia inexcusable.

Pero aparte de un posible delito de prevaricación, su resolución es una grave irresponsabilidad pues jamás puede dictarse una sentencia sin contar con todos los elementos de juicio, esto es, con todas las pruebas. Y es obvio que en los escasos días de deliberación (si tal cosa hubo) no pudo analizar, ni estudiar los miles de documentos acusatorios que ha acumulado el tribunal español.

Se ha sabido que el juez alemán no quiso esperar a recibir la remesa de pruebas inculpatorias que desde España se le enviaban debidamente traducidas al alemán. Y si analizamos la acumulación de irregularidades es inevitable pensar en una posible prevaricación o, al menos, en una culposa mala praxis. Pero eso, como decía, es recurrible ante instancias superiores. El poder judicial es independiente, aquí y en Alemania, y existen vías para recurrir lo que se considere no ajustado a Derecho.

Mientras se plantean los recursos que procedan en derecho, España no debería aceptar la extradición de Puigdemont solamente por el delito de malversación, como podría llegar a suceder. Eso sería un desdoblamiento procesal (contrario a la unidad de proceso) que, además, implicaría un tratamiento distinto por los mismos hechos a Puigdemont y a quienes no huyeron cobardemente como él y están encarcelados preventivamente. Inadmisible.

Y si Puigdemont no fuese extraditado a España tendrá que seguir vagando por distintos países, siguiendo las huellas del traidor Antonio Pérez y al igual que aquel infame secretario de Felipe II será previsiblemente el mejor embajador de la leyenda negra antiespañola, vomitando sus mediáticas mentiras en editoriales, televisiones y otras ferias que durante un tiempo lo alimentaran. Hay que estar preparados para ello. No creo que su combustible incendiario dure mucho, pero cuenta probablemente con millones de euros presuntamente malversados durante años y tiene una base política y social en España que podría transferir las remesas de fondos necesarias para mantener viva su agresión a España y también a Europa (recordemos que los únicos apoyos conseguidos por el secesionismo catalán provienen de partidos antieuropeos, racistas y xenófobos).

Por desgracia no parece que el artículo 155 se esté realmente aplicando en Cataluña con la eficacia que requiere la crisis, pues vemos a diario cómo los núcleos irradiadores de odio secesionista (medios de comunicación y escuelas) siguen actuando con total impunidad. Frente al pulso al estado de Derecho necesitamos lo que creo que no tenemos: un gobierno y una oposición fuertes, libres de sospechas y de corrupción y alineados en su idea de España para saber transmitirla internacionalmente con la misma eficacia que ha mostrado el secesionismo durante décadas.

Y este último punto es crucial y nuestro talón de Aquiles. Hoy más que nunca necesitamos como ciudadanos libres e iguales aparcar provisionalmente nuestras legítimas diferencias políticas sumando fuerzas la inmensa mayoría de españoles que defendemos nuestra Constitución y el estado de Derecho frente a quienes aspiran a destruir España y Europa esgrimiendo el eterno eslogan del totalitarismo: "la voluntad de un pueblo".

*** Fernando Navarro García es coordinador y coautor de 'El Delirio Nihilista: Totalitarismos, nacionalismos y Populismos' (2018).