Unos Presupuestos con soluciones, el PNV y el 155

El nacionalismo vasco se enfrenta a una dicotomía preocupante. Preocupante sobre todo para el propio nacionalismo vasco. Que el PNV esté condicionando su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado apelando a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ha generado un alto grado de incomprensión en la sociedad vasca en general y, también, en los que hasta ahora veían en el partido nacionalista una formación más útil para los intereses de los vascos que para los intereses del independentismo.

Que las Cuentas presentadas por el Gobierno de España son buenas para la ciudadanía es algo innegable. Son las más sociales de la historia de nuestro país –siete de cada diez euros, gasto social–, promueven la equiparación salarial de policías y guardias civiles, incluyen una modificación del IRPF que beneficiará a tres millones y medio de españoles, ayudas fiscales que mejorarán la vida de más de 600.000 familias, ayudas a la conciliación familiar que permitirán aumentar el permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas, reducen el IVA aplicable a entradas de cine de un 21% a un 10% y prevén inyectar más de siete mil millones en I+D+I. Y no sólo eso, los PGE de 2018 buscan destinar más de cinco mil millones más que en 2017 al gasto en pensiones.

En Euskadi, las Cuentas supondrán una inversión del Estado de cerca de 500 millones de euros que derivarán en la creación de unos siete mil empleos. Y además, repercutirán en más de 230.000 pensionistas y jubilados vascos, que se verían beneficiados de una revalorización de las pensiones de 40 millones de euros. Con todo, y ante la lógica incomprensión social, el PNV sigue diciendo no apelando a Cataluña y a la aplicación del 155. El argumento esbozado por los nacionalistas -tratado de activar sin éxito en gran medida gracias a la voz discrepante del PP vasco- es el siguiente: “No apoyaremos los PGE hasta que se desactive el artículo 155 en Cataluña porque el artículo 155 socava la figura del autogobierno y debemos prevenir su futura aplicación en Euskadi”.

¿Realmente el artículo 155 socava la figura del autogobierno? Restaurar la legalidad estatutaria y por ello constitucional nunca equivale a socavar el autogobierno, más bien contribuye a protegerlo de los que no ven en las leyes que los españoles nos hemos dado conjuntamente un mecanismo de convivencia común de obligado cumplimiento.

¿Realmente el artículo 155 puede ser activado en el País Vasco? Teniendo en cuenta la satisfacción social que hay en torno al nivel de autogobierno actual y cómo la sociedad vasca rechaza de plano réplicas del procés, no. Hoy el Estatuto de Gernika, norma institucional fundamentada en la Constitución española por la que el País Vasco accedió a su autogobierno constituyéndose en comunidad autónoma dentro de España, tiene un respaldo social del 77%, según datos del Euskobarómetro. Ese es el porcentaje de vascos satisfechos con el autogobierno en Euskadi. Del mismo modo, sólo el 14% de vascos aboga por la independencia, un mínimo histórico.

En este contexto, el PNV comete un error al no leer en la sociedad sus ansias de estabilidad; sus ansias de soluciones, no de problemas. Y es un error que no es nuevo. Del mismo modo que el PNV no acierta permitiendo que el independentismo pueda llegar a condicionar la estabilidad de todos, se equivoca al abrir la puerta, junto con el resto de partidos que componen el Parlamento Vasco –excepción del PP vasco–, a modificar el Estatuto de autonomía en la ponencia de autogobierno. No acierta; pero su posicionamiento, reflejado en su propuesta de reforma estatutaria presentada hace escasas semanas y que sienta las bases del camino hacia la autodeterminación, ya ha dejado al descubierto a un nacionalismo vasco presa de su propio discurso.

Del mismo modo que la defensa del Concierto realizada por el Gobierno central ha derivado en que los vascos defiendan la Constitución en Euskadi, la defensa del Estatuto de Gernika por parte del PP vasco ya evidencia y seguirá evidenciando ante los vascos la contradicción nacionalista que supone defender los derechos históricos -es la Constitución y no la Historia la que les da validez y vigencia- y al mismo tiempo la autodeterminación o mal llamado “derecho a decidir” -que supondría la destrucción de la Constitución-.

El PP vasco lleva meses ejerciendo de red de contención para que el Ejecutivo autonómico y el PNV no caminen de la mano de Bildu o de Podemos en el País Vasco -segunda y tercera fuerza parlamentarias-. Gracias a ello hemos garantizado una reforma fiscal imprescindible para autónomos y pymes, así como unos presupuestos vascos que prioricen la Educación, la Sanidad o el empleo. Se ha logrado incluso que a cambio de apoyos presupuestarios en Euskadi se supriman las ayudas públicas que muchas instituciones brindaban a la red de apoyo a presos de ETA.

En definitiva, el nacionalismo, como en el resto de España, se combate en política de dos formas: dando un portazo a cualquier atisbo de aventura secesionista, ruptura social o inestabilidad, y abriendo la puerta a la consecución de acuerdos que mejoren la vida de los ciudadanos y que evidencien que el proyecto España garantiza la estabilidad y la cohesión social. Eso es lo que se hizo en la negociación de los presupuestos vascos y eso es lo que se prevé hacer para garantizar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Ante quienes creen que se debe condicionar la estabilidad de todos apelando a Cataluña, hoy más que nunca es imprescindible recordar en el País Vasco y en el resto de España que la Carta Magna obtuvo en Euskadi un sí abrumador en diciembre de 1978. Que respetar el Estatuto de Gernika, carpa de convivencia de los vascos y texto-enemigo para ETA durante décadas, es respetar la Constitución. Que el “derecho a decidir” es incompatible con el propio concepto de Carta Magna en la medida en que ningún Estado o Constitución puede prever mecanismos que faciliten su destrucción. Que la legalidad es una de las manifestaciones del principio democrático y que el cauce de legitimación democrática está en la Constitución. Que son los ciudadanos y no las siglas políticas las que deben motivar la aprobación de los presupuestos de un país. Que los ciudadanos del País Vasco y del resto de España reclaman soluciones, no problemas.

*** Amaya Fernández es secretaria general del PP vasco.