Dice la historia de América Latina que cuando un candidato de izquierdas se alza vencedor en las elecciones, el discurso inicial es tan conciliador como utópico. Le pasó a Castro, y después al presidente Chávez, a Maduro, a Correa, a Evo Morales y a Kirchner. Cada uno de ellos dijo lo que quizás soñó y nunca hizo.
Anoche, cuando se llevaban escrutados poco mas del 53% de los votos en las elecciones presidenciales de México, la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y su más directo rival, el candidato del PAN, Ricardo Anaya, era tan grande como el universo, tan abismal como la ideología que los separa. Tan esperanzadora para quienes llevaban lustros anhelando una revolución que devolviese la dignidad a los que menos tienen que parecía un sueño.
El domingo por la noche, en el hotel Hilton de la ciudad de México mientras López Obrador se dirigía a la nación y a los mercados durmientes, se tuvo la sensación de que el tiempo se detuvo y comenzaba una nueva era.
Para un gran porcentaje de la población es el amanecer de un nuevo proceso revolucionario que pretende acabar con la corrupción, la impunidad o la violencia del crimen organizado, aunque quien será pronto nuevo presidente no haya desgranado aún medidas concretas para erradicarlas. La corrupción está enquistada en la sociedad; quizás es hoy en día la institución más democrática de la República porque abarca a todos los sectores de la sociedad mexicana.
Acabar con ella no se logrará sólo con honestidad presidencial, como pretende López Obrador, sino con medidas económicas que mejoren las condiciones de vida del 90% de la sociedad mexicana y eso supondrá que México deje de ser un destino competitivo para las grandes multinacionales. Para poner fin a la impunidad se exigirá un pleno Estado de Derecho lo mismo que para acabar con la lacra de 29.000 asesinatos al año (según datos oficiales). No pasa por amnistiar a narcotraficantes como propuso el ahora presidente electo durante la campaña electoral.
En un sexenio se antoja difícil que se pueda concretar alguno de sus planes, incluida la reforma educativa, o el destino final de la reforma energética que abrió la puerta al sector privado; entre otras compañías a la española Repsol en la explotación de hidrocarburos.
López Obrador afirmó que revisarán con lupa los contratos firmados y cancelarán los que sean irregulares. En este sentido, el nuevo gobierno se enfrentará a las cláusulas firmadas por el gobierno de Peña Nieto dentro de la Ley de Hidrocarburos que certifican que los contratos sólo podrán cancelarse por falta de inversión, o desastres naturales provocados por las empresas concesionarias o abandono de los proyectos.
Ni tan siquiera la mayoría obtenida que le da la gobernabilidad de la Ciudad de México y el poder en varias gobernaciones más será suficiente para realizar cambios drásticos e inmediatos.
El que se convertirá el próximo 1 de diciembre en el Presidente de la República mexicana con el mayor respaldo popular de la historia de México tenía anoche como primer objetivo calmar a los mercados y evitar la fuga de capitales. Quizás no lo consiguió. Las palabras de López Obrador insistiendo en una transformación radical, en la necesidad de crear un Estado plenamente democrático, en el aviso de que no habrá expropiaciones ni dictaduras recuerdan al empresariado mexicano los discursos de aquellos lideres que, como Chávez, llegaron para perpetuarse.
El miedo a un retroceso en la economía se ha instalado entre los que más tienen que perder. Entre los amenazados. Anoche, al mismo tiempo que las palabras del presidente electo recorrían la nación hablando también de reconciliación se presentía la estampida y el miedo a repetir la historia aún a pesar de que las personas elegidas para su gobierno sean altamente cualificadas.
Por primera vez, la Secretaría de Gobernación (Interior) recaerá en una mujer; Olga Sánchez Cordero, quizás la ministra mas progresista del nuevo gobierno. Como ministra de la Suprema Corte transformó la vida de millones de mujeres. Es profesora de la Cátedra de Sociología General y Jurídica de la UNAM desde 1975.
Como Secretario de Exteriores (Ministro de Exteriores) Héctor Vasconcelos, exembajador de México en Noruega, Dinamarca e Islandia. Estudió en Oxford, Cambridge y Harvard. Tendrá como reto afrontar los envites de su vecino del norte y reconducir las conversaciones del muro de la vergüenza, y el tratado de libre comercio entre Canadá-Estados Unidos-México (TLCAN) que el presidente Donald Trump pretende dar por finalizado.
Como Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colin, profesora, investigadora del Colegio de México y de la Universidad de Chicago. Es experta en historia del desarrollo económico y de desigualdad regional. Entre sus objetivos se propone diversificar las exportaciones y la creación de nuevas empresas.
Ninguno de estos currículum tranquilizaba hoy a las familias que más tienen que perder. En las grandes casas de Las Lomas o San Ángel se hablaba de fuga de capitales, del posible estallido de la burbuja inmobiliaria que acecha a la capital mexicana desde que el presidente Enrique Peña Nieto aprobara la amnistía fiscal que permitió que miles de millones de dólares de origen incierto aflorasen refugiándose por dos años en el sector inmobiliario.
Miedo al fin de una era de privilegios, a la revancha de los oprimidos, a robos y asaltos generalizados como si la tercera economía de América estuviese a punto de transmutarse en la Venezuela de Maduro. "Con él triunfa la verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la Patria Grande", afirmaba el presidente venezolano, aumentando aún más el pánico de los mercados y de quienes en México llevan setenta años controlándolo.