Bolonia salva a Casado

Parece ser que el estudiante Pablo Casado siempre estuvo atrapado por sus obligaciones políticas, a diferencia de quienes llegan a la política con sus carreras ya consolidadas. Casado pertenece a esa clase de políticos que empiezan muy jóvenes y que, no se sabe muy bien si por ellos mismos o por sus mentores políticos, ven urgente dotarse de un currículum universitario como carta de presentación, con carreras como Derecho o Administración de Empresas. Lo cual está muy bien, si indica que para ellos la universidad aporta algo imposible de obtener de otro modo, pero que si se traduce en sacar títulos a toda costa, acortando caminos y quemando etapas, puede resultar demoledor para la imagen de un político, al convertir la educación, base fundamental de un Estado, en una mera expendedora de títulos.

Ahora Casado, en su última comparecencia, y con el caso ya en el Supremo, dice que él no tiene que seguir demostrando su inocencia, sino que es la Justicia la que tiene que demostrar su culpabilidad. Eso es lo lógico en un Estado de derecho como el nuestro, sí, pero es que fue él quien prometió todo lo contrario tras destaparse el caso. Casado ha llegado así a la madurez política –la que consiste en decir una cosa y a continuación la contraria sin mover una pestaña–, en el peor momento posible: a la vista de la jueza de instrucción que investiga su máster y bajo todos los focos mediáticos.

Supimos que algo no debía ir bien para el interesado cuando Pablo Casado salió ante la prensa, allá por el 10 de abril, para explicar que su máster, a diferencia del de Cristina Cifuentes, era claro como el agua: allí estaban los cuatro solitarios trabajos con los que había podido aprobarlo. Lo demás eran asignaturas convalidadas: nada menos que 18 de 22. Y todo para conseguir un máster de Derecho Autonómico que, al fin y al cabo, era lo que él ejercía en la práctica por los mismos años, como diputado en la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2009.

Pero ¿cómo es posible que un diputado autonómico, que justo los dos años que ejerce como tal cursa al tiempo un máster de Derecho Autonómico, pueda hoy tener problemas para demostrar lo que aprobó entonces? Y si no debió aprobarlo, eso solo podría haber sido por dos razones: porque el estudiante no fuera capaz de conectar las prácticas de su trabajo diario con los contenidos de los cursos que estudiaba, algo que se antoja verdaderamente extraño por no decir imposible en cualquier persona normal, como la suponemos en este caso, o porque los profesores que lo impartieron no fueron capaces de sacar ningún partido de un alumno que cursaba un máster que versaba justamente sobre lo que dicho alumno ejercía en su vida laboral.

Este último aspecto, que anularía de raíz el sentido y la finalidad de cualquier máster que se precie, es precisamente el que los especialistas denuncian más a menudo en nuestra universidad española: la muy mejorable adecuación entre lo que se estudia e investiga en su conexión con las necesidades de los diferentes sectores de nuestro tejido productivo e institucional.

El máster que nos ocupa, según ha salido en prensa, vendría regulado por el llamado Decreto San Segundo –en referencia a la ministra del gobierno Zapatero– aprobado en 2005 y que apela a la adecuación con el Espacio Europeo de Educación Superior, del que España es miembro fundador desde 1999 con el primer gobierno Aznar. Es lo que todos conocemos en la universidad como Plan Bolonia, que cifra su singularidad en la reducción de clases magistrales a favor de las prácticas tuteladas, la adquisición de habilidades frente a conocimientos y la atención a las necesidades laborales de la sociedad.

Por tanto, la única posibilidad que tiene Casado para dar carpetazo de una vez a este tema no pasa por ningún ordenador donde guardara la originalidad de esos cuatro cuestionados trabajos, sino por llamar la atención acerca del grado de implementación, por parte del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos donde cursó su máster, de las directrices del Plan Bolonia, en concreto de las prácticas de los alumnos como parte esencial tanto de la definición de competencias como de la evaluación de los resultados de aprendizaje. Algo que habría que haber aplicado al alumno Casado –a la sazón diputado autonómico y estudiante de un máster de Derecho Autonómico– de un modo tan automático que se evidencia por sí solo. Lo cual convierte además su caso en inequiparable al de las otras tres personas ya imputadas y cuyas vidas laborales no se pueden asimilar, para el periodo y el máster que nos ocupa, a la de un diputado autonómico como era Casado entonces.

Se dice que la elección de Casado ha venido a cerrar la página del marianismo y que los compromisarios votaron precisamente eso. Podría suceder –si Casado y su equipo no son capaces de solventar este caso– que esa haya sido su única función en la historia del PP. Y ya habría tenido su mérito, con eso solo, si de ese modo se termina de una vez con los abusos de cierto aznarismo y marianismo mal entendidos, con sus secuelas de corrupción y burocratismo respectivamente, que contaminaron todo lo que tocaron, universidad incluida.

*** Pedro José Chacón Delgado es profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco y autor de 'Nobleza con libertad: biografía de la derecha vasca' (2015).