"El Gobierno no ha acabado de apagar el último incendio provocado por el separatismo cuando el presidente de la Generalidad ya ha provocado uno nuevo". Esa sería la frase con la que deberían empezar todas las crónicas si el Gobierno central, efectivamente, hubiera intentado apagar alguno de los incendios provocados por Quim Torra en vez de responder a ellos con retóricas apelaciones al diálogo, a la calma, a la serenidad y a todas esas cosas que los negociadores le suelen pedir a los locos con cuchillo, a los secuestradores con rehenes y, ahora, a los líderes nacionalistas catalanes.
El último de esos incendios, el provocado este martes por Torra en el Debate de Política General en el Parlamento regional catalán, contenía no una sino cuatro amenazas.
1.- Retirar el apoyo
La primera de esas amenazas es la de retirar el apoyo que los partidos separatistas otorgan al PSOE en el Congreso de los Diputados. Torra condicionó ese apoyo, la única razón por la que Pedro Sánchez sigue siendo a día de hoy presidente del Gobierno, a la convocatoria de un referéndum de independencia.
2.- Reactivar las leyes inconstitucionales
La segunda amenaza es la de aprobar de nuevo todas las leyes declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.
3.- Redactar la Constitución catalana
La tercera, crear un fórum de derechos políticos y constituyentes que "decidirá las bases fundacionales de la república en un gran proceso de participación". En plata: la redacción de las bases de la futura Constitución catalana mediante un proceso de participación ciudadana.
4.- Revuelta contra las condenas
La cuarta amenaza de Torra hacía referencia a las previsibles sentencias condenatorias que el Tribunal Supremo dictará en unos meses contra los líderes del golpe catalanista. "Si las sentencias son condenatorias será el punto de inflexión y de no retorno de esta legislatura", dijo el presidente de la Generalidad. "Si condena a los presos, condena a la mayoría del pueblo catalán. ¿Creen ustedes que el pueblo no reaccionará? El día de las sentencias será el día de otra victoria, estamos aquí para hacer efectiva la República Catalana" añadió luego Torra.
La primera de esas amenazas es no sólo imposible de asumir por el Gobierno sino también imposible de ejecutar. Incluso en el caso de que el plan maestro del PSOE para Cataluña fuera la convocatoria de un referéndum de independencia, el Gobierno jamás aceptaría negociarlo bajo amenaza y en el plazo de un mes.
La segunda de las amenazas roza el golpismo. No acatar una sentencia es un delito de desobediencia sancionado por el artículo 410.1 del Código Penal. Pero cuando ese desacatamiento es anunciado en un Debate de Política General como parte esencial del programa de un Gobierno instalado en la confrontación abierta y explícita contra la democracia y el orden constitucional, estamos hablando de algo diferente.
La tercera es golpismo. Implica dinamitar el Estado de derecho y crear un poder institucional paralelo no sometido a la Constitución o al propio Estatuto de Autonomía catalán y en el que no tendrían efecto los derechos y garantías amparadas por el ordenamiento jurídico español. Implica también la derogación de la Constitución en una parte del territorio español por un procedimiento no previsto en ella, es decir, mediante la violencia.
La cuarta es desconcertante. ¿Cómo puede decir Torra que las sentencias judiciales serán "el punto de no retorno" de una legislatura que, en sus propias palabras, se habrá acabado en un mes? O miente cuando amenaza con retirarle el apoyo a Sánchez o su amenaza de invocar una lluvia de ranas, fuego y sangre sobre España si se dicta sentencia contra los presos es, de nuevo, simple retórica.
Amenazó Pedro Sánchez el viernes pasado con convocar elecciones si el independentismo "priorizaba el conflicto". 'Priorizar' implica la anterioridad de algo con respecto a otra cosa. Pero para el Gobierno catalán no hay más 'cosas' que la república catalana. Torra no 'prioriza' la secesión porque la secesión es el primer, el último y el único punto de su programa. Un observador racional concluiría que el incremento del belicismo en la retórica de Torra es directamente proporcional a la debilidad que el movimiento secesionista percibe en sus filas y consecuencia de la carencia de líderes claros, rumbo inequívoco y estrategia realista. Pero nada es hoy racional en Cataluña.
Sánchez respondió a las pocas horas por medio de la portavoz Celaá: "Autogobierno sí, independencia no". O lo que es lo mismo: "Entre la ilegalidad y el 155 perpetuo hay mucho terreno". En realidad, no lo hay. El independentismo ha quemado y despreciado ese "terreno", que es el de la ley. Pero si el PSOE necesita cuatro semanas más de tiempo, Torra se las ofreció baratas. Las cuatro siguientes serán mucho más caras.